Los docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales atraviesan un escenario de creciente preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios en los últimos dos años. Según distintos informes del sector, el ajuste presupuestario aplicado durante la actual gestión nacional tuvo un fuerte impacto en los ingresos del personal universitario, generando reclamos por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
Entre noviembre de 2023 y enero de 2026 los salarios reales del sector cayeron en promedio un 34%, siendo el primer semestre de 2024 el período de mayor deterioro, sin que posteriormente se lograra una recuperación significativa.
Salarios por debajo de la línea de pobreza
En las escalas salariales actuales del sector docente incluso los cargos más altos enfrentan dificultades frente al aumento del costo de vida.
Un profesor titular con dedicación exclusiva percibe un salario básico bruto de 1.456.091 pesos, mientras que un profesor asociado cobra alrededor de 1.295.710 pesos y un adjunto cerca de 1.135.896 pesos. En los niveles intermedios, un Jefe de Trabajos Prácticos recibe aproximadamente 975.510 pesos y un auxiliar de primera 814.961 pesos.
La situación es más compleja entre quienes tienen dedicación semiexclusiva o simple. En estos casos, un titular puede cobrar entre 728.046 y 364.022 pesos según la carga horaria, mientras que un auxiliar de primera puede percibir entre 407.479 y 203.736 pesos. En los niveles más bajos, los auxiliares de segunda tienen ingresos cercanos a los 162.991 pesos.
En el caso del personal no docente, los salarios básicos también muestran una amplia dispersión. Mientras los cargos jerárquicos alcanzan ingresos cercanos a 1.878.437 pesos, las categorías más bajas perciben alrededor de 626.146 pesos, por encima incluso de los docentes, paradógico.
En enero de 2026 la Canasta Básica Total —que marca el umbral de pobreza para una familia tipo— alcanzó los 1.360.299 pesos, lo que evidencia que muchos trabajadores universitarios se encuentran cerca o por debajo de ese nivel.
El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario
En este contexto, los gremios universitarios reclaman la implementación plena de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, que establece la obligación de recomponer los salarios docentes y no docentes de acuerdo con la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
Si la normativa se hubiera aplicado en su totalidad, los salarios deberían haber registrado una mejora cercana al 44%, lo que habría permitido recuperar casi todo el poder adquisitivo perdido.
En contraste, la propuesta oficial prevé una actualización salarial más limitada, basada en tres incrementos trimestrales no acumulativos de 4,1%, lo que totalizaría un aumento del 12,3%, muy por debajo de lo que plantean los sindicatos.
El impacto del ajuste en el presupuesto universitario
Los salarios representan en promedio casi el 87% del gasto total de las universidades nacionales. Por ello, el ajuste presupuestario impactó principalmente sobre los ingresos del personal.
Protestas y advertencias sobre el inicio del ciclo lectivo
En medio de este escenario, el Frente Sindical Universitario, que agrupa a los gremios docentes y no docentes, convocó a una semana de protestas a partir del 16 de marzo, lo que podría afectar el normal inicio del ciclo académico en varias universidades públicas.
Por su parte, la Universidad de Buenos Aires (UBA) emitió recientemente un comunicado en el que declaró la emergencia salarial y presupuestaria para 2026 y reclamó la aplicación de la ley.
La institución señaló que el cumplimiento de la normativa resulta fundamental para garantizar el funcionamiento del sistema universitario, incluyendo mejoras en infraestructura, el fortalecimiento de becas estudiantiles, el financiamiento de colegios preuniversitarios y el desarrollo de actividades académicas, científicas y de extensión.
Por otro lado, el gobierno de Milei propone aumentos que no son los que el sector necesita, más allá de los reclamos de autoridades del ministerio para conocer los gastos de las administraciones y los contratos de empleo y servicios. Mientras, en la puja, las víctimas son los educadores, lejos de la empleomanía y las erogacionnes innecesarias que supuestamente se multiplicaron desde años anteriores.
El alumnado, las otras víctimas, valoran a los profesores, que aún en paro, continúan atendiéndolos; una demostración cabal de vocación docente. Es hora de retribuir ese servicio fundamental para el futuro de nuestros hijos como corresponde.
