La historia eriza la piel. Hace tres años, el Juzgado Civil y Comercial de la Tercera Denominación de la provincia de Santa Fe notificó a 241 mujeres, vía cédula judicial, que debían presentarse en el juzgado primero y luego en el Hospital Doctor Jaime Ferré, de Rafaela, para retirar los cuerpos de sus hijos, nacidos sin vida antes de la semana 20 de gestación o con un peso inferior a los 500 gramos, entre 2005 y 2020. ¿Por qué? Porque el departamento de Anatomía Patológica, en lugar de descartarlos, como indica el protocolo médico, los había conservado en frascos con formol al 10%. Y las autoridades del hospital, al enterarse de la existencia de esa colección de 257 envases (algunos eran mellizos), habían solicitado no seguir acumulándolos en el laboratorio.
Pero allí se dieron cuenta de que ya no era tan sencillo. A pesar de que los médicos tenían la intención de enterrarlos, existían distintas trabas legales que lo impedían. Fue por eso que el abogado Pablo Possetto decidió patrocinar a los médicos y presentar una demanda para que se solicitara a las familias que se presentaran para iniciar el trámite en el registro civil.
Bernabela Gonzalez, una de las madres de Rafaela, lleva tatuado el nombre de sus hijos Lola y Máximo, fallecidos antes de nacer (Marcelo Manera – LA NACIÓN)
No era sencillo, primero había que localizar a las madres, después convocarlas para que tramitaran la inscripción de sus hijos como no natos para que se las autorizara a retirar el cuerpo y, mediante un servicio funerario, ya que esa es una obligación legal, enterrarlos.
Claro que la historia es compleja por donde se la mire. Por ejemplo, esas 241 mujeres recibieron mediante una citación judicial la noticia de que el cuerpo de ese bebé que habían perdido hacía varios años estaba conservado en formol y que debían ocuparse de los trámites y de enterrarlo. La noticia, publicada hace tres años por LA NACION, generó controversia tanto entre los movimientos autodenominados como Pro Vida, quienes impulsaban la medida, como entre personas que cuestionaron el accionar de los médicos y abogados por remover el dolor de la pérdida a esas mujeres.
“Esto no tiene nada que ver con el aborto. Son bebés deseados que fallecieron en muertes no provocadas, que debido a su peso no recibieron el trato digno que todo ser humano merece. El fallo es contundente y revolucionario. Esto debería cambiar el manejo que existe sobre los cuerpos de los bebés que mueren antes de nacer y que pesan menos de 500 gramos y terminan en la basura hospitalaria. ¿Cuál es la diferencia de pesar 400 o 600 gramos? La dignidad humana es la misma. Las familias están agradecidas y sienten que esto fue como sacar una espina y que empezara a drenar. Había mucho dolor acumulado”, apuntó Possetto.
“Debido a su peso, no recibieron el trato digno que todo ser humano merece”, señala Possetto (Marcelo Manera – LA NACIÓN)
A pesar de que la notificación fue masiva, inicialmente sólo seis mujeres se presentaron a la convocatoria. Después, algunas más se acercaron para averiguar pero no continuaron con el trámite. Esas primeras mujeres participaron de un entierro conjunto en el cementerio de la ciudad e incluso algunas viajaron a sus provincias. Entonces, esta situación no solucionaba la decisión del hospital de que esos cuerpos no permanecieran más allí. La Justicia determinó que, si la agrupación Rafaelinos por la Vida, que creó Possetto quería avanzar con la iniciativa, había que completar los trámites de inscripción de los fetos en el registro civil. Para ello, organizaron campañas para recolectar fondos y lograron que otros 51 bebés estuvieran en condición de ser enterrados.
Finalmente, el 25 de febrero último, en una ceremonia colectiva, trasladaron los frascos de esos 51 fetos a un panteón que adquirieron en el cementerio de la ciudad. Todavía está pendiente el destino de otros 200 cuerpos, que permanecen en el hospital de Rafaela.
“Esta es una problemática poco visible. Se trata de niños fallecidos durante el embarazo que, debido a interpretaciones erróneas de la legislación vigente en la provincia de Santa Fe, no recibían el tratamiento correspondiente. En situaciones en las que la muerte se produce antes de las 20 semanas de gestación o cuando el peso no alcanza los 500 gramos, no se extiende el certificado de defunción, lo que impide un tratamiento adecuado de los cuerpos, cuyos restos son considerados residuos patogénicos”, explica un comunicado de Rafaelinos por la Vida.
Camila Barbero con Lara, su hija arco iris (Marcelo Manera – LA NACIÓN)
Según explica Possetto, la Ley Nacional 26.413, que regula el funcionamiento del Registro Civil, establece que “las muertes prenatales, denominadas legalmente defunciones fetales, deben ser registradas formalmente sin distinguir la edad gestacional ni el peso. Este procedimiento, basado en el certificado de defunción que los médicos deben emitir conforme a sus obligaciones legales, permite la emisión de la licencia de inhumación, requisito indispensable para proceder a la sepultura o cremación”, apunta.
Según explicaron el comunicado, la Rafaelinos por la Vida se convirtió en titular de la concesión de uso a perpetuidad de un panteón en el cementerio local, y puso ese espacio a disposición para dar sepultura a los cuerpos que permanecían en el hospital, sin haber podido ser inhumados. “De este modo, se dio cumplimiento a una orden judicial que disponía la emisión de los certificados de defunción, la inscripción de los fallecimientos en el Registro Civil, la correspondiente licencia de inhumación y la posterior sepultura. La iniciativa se enmarca en el denominado Proyecto Arimatea. Gracias al aporte de particulares e instituciones, el panteón fue acondicionado especialmente para este fin”, concluye.
La historia parece inverosímil. Quizá lo más llamativo es que esas mujeres hayan sido notificadas de esa forma de la existencia del cuerpo de su hijo y de que podían (no era obligación) recuperarlo e iniciar el trámite para finalmente enterrarlo y cerrar años de tanto dolor. Las notificaciones llegaron a las casas de las madres en junio y julio de 2021.
Según se explica en el fallo, los responsables del área de anatomía patológica del hospital se habían negado a descartar los cuerpos junto a los residuos hospitalarios, como es la práctica habitual, que desde distintos sectores se viene cuestionando. Sin embargo, al conservarlos en el laboratorio, se había generado una amplia colección de frascos con nonatos que permanecían allí en una suerte de limbo sin destino. Legalmente había que hacer algo para resolver la situación: debían ser inscriptos en el libro de defunciones del Registro Civil local, había que generar un acta de defunción prenatal por cada uno y debían ser entregados a cada madre, con la correspondiente “licencia de inhumación de los restos para proceder a su sepultura”, indica el fallo, que lleva la firma de la jueza Ana Laura Mendoza.
Camila Barbero tiene 32 años. Hace ocho años, cuando estaba embarazada de 20 semanas, contrajo una bacteria que detuvo el crecimiento de Miqueas Emanuel. Cuando llegó al hospital de San Cristóbal, le explicaron que ya no había nada que hacer y le indujeron el parto. Cuando nació, sin vida, una enfermera le preguntó si quería verlo; ella dijo que no porque no resistía el dolor. Entonces cerró los ojos y pidió que se lo describiera al oído. Le dijo “Tiene todos los deditos, la nariz es perfecta, muy chiquita, parecida a la tuya”. Camila vivió todos los días que siguieron con esa imagen que se dibujó en su mente. Cuando dos años después llegó Lara, su “hija arco iris”, como le dice, tuvo que enfrentar muchos sus miedos. Volver a ser madre le sirvió para sanar. Lara ya tiene cinco años.
Hace cuatro años Camila había salido y su madre recibió una carta del correo y la abrió. Cuando se la mostró a Camila, no le creyó. “Debe ser una joda. ¿Pero quién jugaría con algo así?”, pensó.
A medida que esperaba que le llegara la fecha para presentarse en el hospital, cada noche Camila soñaba con que por fin se animaría a ver a su hijo. “Yo sabía que iba a ser como me lo había dibujado”, cuenta. Fueron tres las familias de San Cristóbal que se presentaron al hospital (los cuerpos habían sido trasladados al hospital de Rafaela para su autopsia). Hicieron el trámite conjunto para afrontar los gastos del traslado. Sin embargo, cuando iban a preparar a Miqueas para que lo pudiera ver, el señor de la funeraria le recomendó que no porque no estaba en condiciones. Camila abrazó el frasco; su marido y su hija, también. Lo rodearon con la mantita de lana que le había tejido y lo dejaron adentro del cajón blanco. Así lo enterraron en el cementerio de San Cristóbal, en una ceremonia con poca gente, pero que les permitió cerrar tanto dolor. “No sé cómo funciona, pero a partir de ese día las preguntas de mi cabeza pararon. Creo que Dios preparó esto para permitirme sanar. Ahora ya sé dónde está mi hijo, y cuando estoy triste le llevo una flor y se me pasa”, dice.
Autora: Evangelina Himitian
Fuente: La Nación
