En su último día al frente del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich presentó el proyecto de nuevo Código Penal que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para ser tratado durante las sesiones extraordinarias. La iniciativa representa uno de los ejes centrales de la agenda de reformas que impulsa el Gobierno nacional.
Delitos graves: aumento de penas e imprescriptibilidad
El borrador del nuevo Código endurece de manera significativa las sanciones para delitos considerados de extrema gravedad, como homicidios, robos agravados, narcotráfico, producción y distribución de pornografía infantil y trata de personas.
Una de las modificaciones más importantes es la eliminación de la prescripción para los delitos de abuso sexual y homicidio agravado, lo que implica que esos crímenes no podrán quedar sin castigo por el paso del tiempo.
El texto fue elaborado por una comisión constituida a comienzos de 2024, integrada por funcionarios del Ejecutivo y especialistas en derecho penal, entre ellos el juez de Casación Mariano Borinsky y el abogado Jorge Boumpadre.
Un cambio doctrinario: “El que las hace, las paga”
Desde el Gobierno señalan que la reforma implica un giro conceptual respecto de la línea penal de los últimos años. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que el proyecto “viene a poner orden donde antes había descontrol”, y sostuvo que la iniciativa busca dejar atrás la llamada “doctrina zaffaronista”, a la que responsabiliza por haber priorizado los derechos de los victimarios por encima de los de las víctimas.
Bullrich destacó que uno de los pilares del proyecto es la elevación de penas. El homicidio simple, por ejemplo, tendrá un máximo de 30 años de cárcel en lugar de los 25 vigentes. Además, se agregan agravantes cuando las víctimas son menores de 16 años o adultos mayores de 65, bajo el argumento de proteger a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Conducción imprudente y delitos de funcionarios: cambios en análisis
La reforma incluye modificaciones en los delitos vinculados a la conducción imprudente que derive en muertes. Actualmente, esas condenas van de uno a tres años, y en casos agravados, de dos a cuatro. El proyecto propone elevarlas a un rango de dos a seis años, o de tres a seis en su modalidad agravada.
Consultada por la prensa, Bullrich aclaró que la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción no formará parte del texto enviado al Congreso, aunque afirmó que el tema podría evaluarse más adelante. De todos modos, el Gobierno sí analiza incluir los delitos cometidos durante el ejercicio de la función pública dentro de las categorías que no prescriben, al estilo de los crímenes de lesa humanidad o atentados contra el orden democrático.
También está bajo estudio la eliminación de la figura del femicidio, con el argumento de que contradice el principio constitucional de igualdad ante la ley. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ratificó esta postura al sostener públicamente que las políticas penales deben aplicarse de igual manera para todos.
Un proyecto ampliado: de 540 a 912 artículos
Aunque todavía hay puntos en discusión, el texto ya incorporó numerosas modificaciones desde su versión preliminar presentada en febrero. Mientras que aquel borrador inicial contaba con 540 artículos, la versión que llegará al Congreso asciende a 912, lo que implica una reforma integral del sistema penal.
Penas efectivas, perpetuas sin límites y fin de beneficios automáticos
Según informó el Ministerio de Justicia, la propuesta busca que las penas se cumplan sin condicionamientos de tiempo, para evitar situaciones de impunidad. El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, afirmó que la reforma pretende revertir una tendencia histórica de protección a los delincuentes y poner en el centro los derechos de las víctimas.
El proyecto establece que las condenas perpetuas ya no tendrán un límite temporal. Quienes reciban prisión perpetua por homicidio agravado permanecen en la cárcel de por vida. Además, el Gobierno asegura que con la reforma el 82% de los delitos tendrán cumplimiento efectivo de la condena. Elevando los mínimos penales, se evita que quienes reciban penas inferiores a tres años obtengan libertad inmediata, como sucede en muchos casos actualmente.
Una reforma articulada con el nuevo Sistema Acusatorio
La iniciativa se complementa con otras transformaciones que busca implementar el Ejecutivo, como la plena aplicación del Sistema Acusatorio, que pretende agilizar las causas y fortalecer la actuación fiscal.
El Gobierno sostiene que este conjunto de medidas responde a una demanda social de mayor seguridad y de un sistema penal que priorice la defensa de las víctimas sobre los derechos de los delincuentes.
Un reclamo social por mayor firmeza frente al delito
El malestar ciudadano por la llamada “puerta giratoria” judicial y por criterios de interpretación considerados excesivamente “garantistas” está detrás del impulso político que sostiene la reforma. Muchos sectores de la sociedad expresan cansancio frente a la sensación de impunidad y la falta de sanción efectiva para quienes violan la ley.
La propuesta oficial pretende dar respuesta a esa demanda, con el argumento de que es momento de que el Estado proteja a quienes cumplen la ley y afronte con mayor firmeza a quienes delinquen.
Argentina necesita que la “doctrina zaffaronista” sea desechada para siempre, para dar a la sociedad la Justicia que merece; y que los delincuentes sepan que el castigo existirá, finalmente, por el delito cometido.
