En estos días ocurrió algo sorprendente y pasó casi desapercibido en Tucumán: el cabezazo de Segura está a punto de sumarse a la lista de delitos sin condena real.
Es que en las provincias argentinas, especialmente en aquellas donde el Estado es el único motor económico y de poder, la Justicia muchas veces suele tener un ojo vendado y el otro puesto en los despachos del gobierno. El caso del diputado nacional Federico Pelli, agredido brutalmente por un puntero y empleado estatal vinculado al Ministerio del Interior tucumano, no es un hecho aislado: es la foto actual de un sistema de “Omertá” política que garantiza que los “amigos del poder” jueguen con reglas distintas al resto de los mortales.
El Cabezazo de la Realidad
Lo que ocurrió en La Madrid no fue solo una agresión física; fue una exhibición de soberanía territorial. Un “seguridad” con sueldo público se sintió con el derecho de quebrar el tabique nasal de un legislador nacional frente a las cámaras. El mensaje para el ciudadano común fue claro: “Si esto le hacemos a un diputado, imaginen lo que les espera a ustedes”.
La secuencia posterior es un manual de cómo se “enfrían” las causas. Tras el repudio inicial de todos (¿una puesta en escena necesaria para calmar las aguas?) todo parece cambiar.
Pasaron los días, bajó la espuma y el sistema activó su mecanismo de defensa. De la cárcel en Benjamín Paz por 90 días al beneficio de la prisión domiciliaria por enfermedad (¿) y de allí al desentendimiento, casi, de la Fiscalía, incluso. Hoy, el Ministerio Público Fiscal parece buscar una salida elegante, un “arreglo” que licue la gravedad del hecho y devuelva al agresor a la comodidad de la impunidad. Pena mínima sin cárcel es lo que propone el agresor. Pero claro, a cambio, no se acercaría más a Pelli.
Los Intocables con privilegios
Tucumán (y otras provincias, no es la excepción) arrastra cicatrices profundas de esta asimetría legal. Porque muchas irregularidades e incluso hechos delictivos no se denuncian, y los que sí, muchas veces también, duermen el sueño de los justos en los cajones de los tribunales.
Hay una ciudadanía que, por miedo al poder, o a perder el empleo público, aprendió a bajar la mirada. Como los que en esa ruta inundada obedecían a los patovicas del ministro sin chistar, y que decidían quién pasaba y quien no. Es la esclavitud moderna disfrazada de lealtad política.
El temor como herramienta de control
Este clima genera una fractura social peligrosa. El ciudadano de a pie sabe que denunciar a un “protegido” es una sentencia de muerte civil. La sensación de indefensión es total cuando incluso la policía mira hacia otro lado y los jueces consultan el clima político antes de firmar una sentencia.
Hoy, los tucumanos asisten silenciosamente también a el devenir de la causa “Segura”, donde hasta un diputado nacional ve cómo se diluye la posibilidad que el agresor reciba una condena real. El código señala una pena de 3 a 10 años de cárcel, pero la ciudadanía ya intuye que Pichón sale o sale.
El silencio desde el oficialismo, mientras, es atronador. Y de la condena generalizada de esos días lluviosos, hoy reina el mutismo, mientras la justicia local lo interpretaría como ya sabemos. ¿O será justicia? Algunos creen que de la Casa de Gobierno dependería.
Otra justicia es posible
Entonces, ¿es posible una Justicia independiente? La respuesta no está en los tribunales actuales, sino en el fin de las estructuras feudales que dañan y condicionan incluso al gobernador de turno. Que mira, también, con un ojo a la tropa y con otro al Ejecutivo Nacional.
Lo concreto es que hoy, mientras los victimarios sigan siendo “compañeros”, pareciera que la justicia en las provincias, salvo excepciones donde vimos cómo le “soltaron la mano”, seguirá siendo, o casi, un concepto abstracto, una quimera que se rompe al igual que la nariz de Federico Pelli, ante el primer cabezazo del poder.
