Una nueva discusión sobre aumentos en la tarifa de luz vuelve a encender el malestar social en Tucumán. En un contexto donde los salarios corren siempre detrás de la inflación, donde jubilados, trabajadores y pequeños comerciantes hacen esfuerzos extremos para sostener sus gastos básicos, pensar en otro incremento eléctrico resulta injusto y desconectado de la realidad, en la provincia con uno de los costos de luz más caros de la Argentina.
Para miles de familias, la boleta de luz de EDET dejó de ser un gasto más y pasó a convertirse en una preocupación mensual. No se trata solo de números: se trata de hogares que deben elegir entre pagar servicios, comprar alimentos o cubrir medicamentos. Ese es el verdadero impacto de cada ajuste.
En este escenario, el usuario se encuentra en una situación de total indefensión. No puede elegir otra empresa, no puede negociar condiciones ni buscar mejores precios. Está cautivo de un sistema monopólico donde solo queda pagar o endeudarse. Precisamente por eso existe el Estado y, particularmente, el ERSEPT.
Su función debería ser clara: defender a los consumidores, controlar a la prestataria, exigir inversiones y evitar incrementos abusivos. Sin embargo, la percepción social es otra. Para muchos ciudadanos, el ente regulador aparece más cerca de justificar aumentos que de representar a quienes sostienen el sistema con su esfuerzo.
EDET no puede trasladar automáticamente al usuario cada costo operativo, cada falencia estructural o cada problema interno. Si existen pérdidas, falta de inversión o deficiencias en el servicio, no corresponde que siempre sea la gente quien pague la cuenta, pero parece que al responsable de controlar a la empresa desde el ERSEPT se le olvidó.
Además, la discusión tarifaria no puede separarse de la calidad del servicio. Cortes frecuentes, baja tensión en numerosos barrios, demoras en respuestas y reclamos que no siempre encuentran solución alimentan el enojo de una sociedad que siente que paga más por recibir menos.
El ERSEPT tiene hoy la oportunidad de demostrar para qué fue creado. Debe exigir transparencia en los costos, audiencias públicas reales y criterios razonables que contemplen la capacidad de pago de la población. Regular no es acompañar a la empresa: es equilibrar una relación desigual.
Por eso es inentendible que el interventor del ERSEPT, José Ricardo Ascárate, confirmara y justificara que las tarifas de energía eléctrica en la provincia registrarán un incremento de hasta el 18% durante 2026, defendiendo este nuevo aumento que ahoga al usuario. El funcionario aclaró que el incremento corresponde al componente de distribución, es decir al costo que tiene EDET, y que se mantendrá vigente hasta noviembre, cuando se realice una nueva revisión. Pero olvida que al usuario no le aumentaron los ingresos…
La pregunta que todos se hacen, entonces: ¿Es justo que cada vez que a EDET le suben sus costos se los pase al usuario y siempre gane?, mientras los usuarios, que no tienen otra opción en un sistema monopólico, deban seguir pagando de donde no tienen, y sosteniendo las ganancias de una empresa, a costo de ser ellos los que deban restringir gastos y “subsidiar” a la concesionaria, que bueno es repetirlo, tiene una boleta carísima, en comparación a otras provincias. ¿Alguna vez será la empresa la que achique sus ganancias?
Ni el ERSEPT ni tampoco los legisladores (que deberían corregir un contrato que a todas luces beneficia a la empresa más que a los tucumanos) parecen darse cuenta que son responsables del interés de los usuarios, no de los intereses de EDET.
La luz es un servicio esencial, no un privilegio. Y la ciudadanía no está en condiciones de soportar más aumentos. Si el organismo que debe protegerla no actúa, los usuarios seguirán siendo rehenes de un sistema que solo mira balances y olvida a las personas.
