Una decisión que marca un antes y un después
El Gobierno colombiano de Gustavo Petro avanzó con una nueva regulación que amplía el acceso a la eutanasia, extendiéndola a personas con enfermedades no terminales e incluso a menores de edad. La medida, formalizada a través de una resolución del Ministerio de Salud, generó un fuerte debate político, médico y social.
El país ya permitía esta práctica desde que la Corte Constitucional de Colombia la despenalizó en 1997. Sin embargo, la falta de una ley específica dejó el tema en manos de regulaciones administrativas que, con el tiempo, fueron ampliando su alcance.
Recordemos que sólo 10 naciones del mundo tienen una Ley de Eutanasia, y Colombia fue la “pionera” en matar ancianos y enfermos terminales. Y hoy, como las que ya tienen esa aberrante ley, va por más. Típico.
Qué cambia con la nueva normativa
La resolución incorpora a personas con “enfermedades graves e incurables”, incluso cuando no se encuentren en etapa terminal. Esto incluye casos vinculados a trastornos mentales, un punto particularmente controvertido dentro de la comunidad médica que la acepta.
También contempla situaciones de lesiones corporales severas que impliquen la pérdida de funciones orgánicas. Una persona deprimida por perder una pierna en un accidente estaría incluída en la lista (ahorro para la obra social, de paso).
Pero el aspecto más discutido es la inclusión de menores de edad. A partir de los 12 años, los adolescentes podrían solicitar la eutanasia bajo determinados requisitos. Incluso se abre la posibilidad para niños de entre 6 y 12 años, siempre que se considere que poseen un desarrollo neurocognitivo suficiente para comprender la decisión. Si, lo leyó bien, un niño que padece cáncer, y que “comprenda” que se quiere suicidar, por ejemplo, se le ayuda a hacerlo. Claro, también habría un ahorro por parte del Estado para darle un tratamiento que lo ayude a aliviar o incluso superar la enfermedad, como ya existe en más del 70% de los casos y el descenso sostenido de la tasa de mortalidad de esa enfermedad, con datos estadísticos mundiales. Grave.
Reacciones políticas: críticas y advertencias
La decisión generó rechazo en sectores políticos y sociales. El senador Mauricio Giraldo calificó la medida como una “aberración” y cuestionó al gobierno de Gustavo Petro por lo que considera una contradicción con su discurso.
Afirma Giraldo que la normativa expone a poblaciones vulnerables, como personas con discapacidad o trastornos mentales, a decisiones irreversibles en contextos complejos.
En la misma línea, el representante Luis Miguel López advirtió que el Ejecutivo está avanzando mediante resoluciones en temas que no lograron consenso en el Congreso, lo que, además, debilita el debate democrático.
Un debate que trasciende lo legal
Más allá de las posiciones políticas, la medida reabre una discusión profunda sobre los límites del Estado, la autonomía individual y la protección de los más vulnerables.
Una decisión que implica cruzar una frontera ética, especialmente cuando se trata de menores o personas con condiciones psicológicas complejas.
Lo que viene y lo que algunos buscan, también en Argentina
El impacto de esta resolución no será inmediato, pero sí profundo. Podría derivar en presentaciones judiciales, nuevos debates legislativos y convertirse en un tema central de cara a futuras elecciones.
Colombia se suma así a un grupo reducido de países que avanzan en regulaciones cada vez más amplias sobre eutanasia, que se sumó, recientemente Uruguay, y ya legisladores argentinos han presentado proyecto de Ley para “legalizar y regular” la eutanasia activa o suicidio asistido.
De hecho, Miguel Ángel Pichetto presentó en junio de 2024 el proyecto “Régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida”(sic), Lisandro Nieri (UCR) y Julio Cobos (UCR) presentadas en noviembre de 2025, también Gabriela Estévez y Carolina Gaillard (Unión por la Patria) en 2024 y 2026, Martín Ardohain (PRO): Junto a otros diputados como Yeza y Sotolano, presentó en noviembre de 2025; y también Atilio Benedetti (UCR), todos de la Cámara baja.
En Senadores Mariana Juri y Rodolfo Suárez (UCR) presentaron en agosto de 2024 el proyecto “Ley de Buena Muerte”, calco de lo que presentó anteriormente Alfredo Cornejo, actual gobernador de Mendoza; o el de Silvina García Larraburu, ex senadora de UxP.
Mientras tanto, la Iglesia Católica de Argentina a través de la Conferencia Episcopal (CEA) ha reafirmado que la vida es un don que debe respetarse desde la concepción hasta la muerte natural, e impulsa el cuidado paliativo y el acompañamiento al paciente y la familia.
Por otro lado, la Academia Nacional de Medicina ha declarado que es contraria a la legitimación de la eutanasia como práctica médica. Sostiene que la misión del médico es curar, aliviar y acompañar, pero nunca provocar la muerte de forma directa e intencional. Y se opone a los proyectos legislativos actuales que buscan integrar estas prácticas en el sistema de salud, alineándose con la Asociación Médica Mundial que insta a los profesionales a no participar en estos actos inmorales.
Porque aliviar el dolor es un objetivo razonable, pero no justifica jamás el uso de técnicas para terminar con la vida de un paciente. La muerte digna es el único camino ético, sin encarnizamiento médico en el caso de un enfermo terminal, preservando su dignidad como ser humano. Y como hijo de Dios.
