Casación avaló el avance sobre propiedades vinculadas a la causa Vialidad
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y los representantes de Máximo y Florencia Kirchner, y dejó firme el proceso de ejecución patrimonial destinado a cubrir el decomiso ordenado en la causa Vialidad.
La decisión fue adoptada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes ratificaron el criterio previamente establecido por el Tribunal Oral Federal N.º 2.
Con esta resolución, la Justicia queda habilitada para continuar avanzando sobre un conjunto de 111 bienes destinados a responder por el decomiso fijado en la causa, cuyo monto asciende a $684.990 millones.
Un nuevo revés para la ex presidente
Semanas atrás, Cristina Kirchner había intentado frenar la ejecución patrimonial sobre bienes propios y de sus hijos mediante una serie de recursos que buscaban llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La estrategia apuntaba a cuestionar la legalidad y el alcance del decomiso dispuesto por los tribunales inferiores. Sin embargo, la Cámara de Casación concluyó que los planteos presentados no reunían los requisitos necesarios para habilitar la intervención del máximo tribunal.
De esta manera, la ex mandataria suma un nuevo revés judicial en el marco de la causa por la cual fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Los argumentos de los jueces
En su voto, el juez Gustavo Hornos defendió la validez del decomiso y recordó que el objetivo de esta herramienta es impedir que los delitos generen beneficios económicos permanentes.
“El delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”, sostuvo el magistrado, quien además señaló que los hechos investigados provocaron un perjuicio de enorme magnitud al patrimonio estatal.
Por su parte, Diego Barroetaveña coincidió en que las defensas no lograron demostrar arbitrariedad ni vulneraciones constitucionales que justificaran una revisión extraordinaria del caso. Según indicó, los recursos se limitaron a manifestar desacuerdos con decisiones que ya habían sido analizadas y confirmadas en instancias anteriores.
La recuperación de fondos públicos
El fallo representa un paso importante dentro de la etapa de ejecución económica de la condena y acerca la posibilidad de que el Estado recupere parte de los fondos que, según determinaron los tribunales, fueron desviados mediante maniobras de corrupción vinculadas a la obra pública en Santa Cruz.
Tras años de investigaciones, apelaciones y recursos judiciales, la decisión de Casación fortalece el avance sobre los bienes involucrados y reaviva una expectativa presente en buena parte de la sociedad: que los responsables de hechos de corrupción no sólo enfrenten condenas penales, sino que también restituyan los recursos obtenidos de manera ilícita.
Mientras continúa otro proceso judicial relacionado con presuntos hechos de corrupción kirchnerista (la denominada Causa Cuadernos), el avance del decomiso aparece como una de las herramientas más concretas para procurar la recuperación de activos que pertenecen al Estado y, en definitiva, a todos los argentinos.
