El Gobierno no descarta congelar el nombramiento
La aprobación del pliego de María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata abrió un nuevo frente de conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Senado. Aunque la Cámara Alta otorgó el acuerdo constitucional necesario para su designación, en la Casa Rosada consideran que el presidente Javier Milei no está obligado a firmar de inmediato el decreto que complete el nombramiento.
La controversia surge luego de que el oficialismo intentara retirar el pliego antes de su tratamiento parlamentario, una maniobra que finalmente no prosperó ante la resistencia de sectores de la oposición y de bloques dialoguistas que impulsaron igualmente la votación.
Según trascendió en ámbitos oficiales, tanto funcionarios cercanos a Karina Milei como al asesor presidencial Santiago Caputo sostienen que la aprobación legislativa constituye apenas una de las etapas del procedimiento y que la última palabra continúa estando en manos del presidente.
El decreto que falta
El mecanismo constitucional para cubrir una vacante judicial contempla tres pasos: la propuesta del Poder Ejecutivo, el acuerdo del Senado y la posterior firma del decreto presidencial.
Michelli ya superó la instancia parlamentaria, donde obtuvo 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones. Sin embargo, su llegada efectiva al cargo depende todavía de una decisión de Javier Milei.
Desde el Gobierno recuerdan que existen antecedentes en los que candidatos con acuerdo del Senado nunca llegaron a asumir. El caso más citado es el de Juan Manuel Yalj, cuyo pliego fue aprobado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner para integrar la Cámara Federal de San Martín, aunque el decreto nunca fue firmado y la designación quedó sin efecto.
Con ese argumento, el oficialismo sostiene que el presidente conserva la facultad de postergar o incluso dejar sin ejecución el nombramiento.
La polémica detrás del pliego
La situación resulta especialmente llamativa porque la candidatura de Michelli había sido impulsada originalmente por la propia administración libertaria.
No obstante, la posición de la Casa Rosada cambió abruptamente cuando comenzaron a circular versiones sobre vínculos familiares de la magistrada con el periodista Hugo Alconada Mon, una figura habitualmente crítica del oficialismo (que se mantiene en silencio sobre el tema, por ahora).
A partir de ese momento, el Gobierno intentó retirar el pliego, aunque sin éxito.
El episodio generó fuertes críticas tanto dentro como fuera del Congreso, ya que muchos legisladores interpretaron que la decisión respondía más a diferencias políticas o personales que a cuestionamientos sobre la capacidad profesional de la candidata.
La defensa del Gobierno
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, defendió la posición oficial y sostuvo que el acuerdo otorgado por el Senado habilita al presidente a designar, pero no lo obliga a hacerlo.
“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de Justicia, se firmará. El Senado habilitó al presidente, pero no lo obligó”, afirmó.
Además, rechazó las acusaciones de escándalo institucional y recordó que distintos gobiernos retiraron pliegos judiciales a lo largo de los últimos cuarenta años.
“Es una facultad constitucional”, insistió.
Mahiques también negó que la intención de frenar la designación estuviera vinculada con la relación familiar de Michelli con Alconada Mon y evitó brindar explicaciones concretas sobre los motivos que llevaron al Ejecutivo a modificar su postura.
Al mismo tiempo destacó que la aprobación de más de setenta pliegos judiciales constituye un avance importante para reducir la elevada cantidad de vacantes existentes en el Poder Judicial, que actualmente ronda el 37%.
Un costo político innecesario
Más allá de las cuestiones jurídicas, el episodio deja al descubierto un problema político que comienza a preocupar incluso a sectores que acompañan al Gobierno.
La secuencia resultó difícil de explicar para buena parte de la opinión pública: primero se impulsó el pliego, luego se intentó retirarlo, después se produjo una intensa disputa parlamentaria y finalmente el Senado terminó aprobándolo.
La imagen dejó expuesta una improvisación que no contribuye a fortalecer la institucionalidad ni la previsibilidad de las decisiones oficiales.
A ello se sumó la actuación de distintos dirigentes libertarios durante el debate, incluida la postura final de Patricia Bullrich, que dijo iba a plantear objeción de conciencia, pero terminó absteniéndose de votar a favor, y cuya abstención fue interpretada por algunos observadores como un gesto de alineamiento político o conveniencia personal, más que de convicción jurídica.
Una advertencia para la Casa Rosada
La discusión sobre Michelli probablemente no tenga un impacto decisivo en la vida cotidiana de los argentinos.
Sin embargo, sí forma parte de una acumulación de episodios que comienzan a alimentar cuestionamientos sobre las disputas y los modos de construcción de poder dentro del oficialismo.
Una mayoría de votantes respaldaron a Javier Milei precisamente porque prometía romper con prácticas que se identificaban con el kirchnerismo: la personalización extrema de las decisiones, las disputas internas trasladadas a las instituciones y una lógica donde la obediencia parece prevalecer sobre otros criterios.
Todavía el presidente tiene tiempo para corregir estos errores y volver a su mejor versión institucional, con iniciativas políticas que fortalezcan la confianza pública, para recuperar puntos en su imagen, que está en su nivel más bajo, aunque siga siendo primera opción si la elección fuera el próximo domingo.
Lo cierto es que Michelli no cambiaba la vida de los argentinos ni el derrotero del gobierno si su pliego no se tocaba. Hoy, es una piedra más en la mochila de Milei, no de su entorno. Sería bueno, entonces, que busque nuevas voces que lo asesoren mejor, si no quiere darle una oportunidad al kirchnerismo en 2027.
