El debate público contemporáneo insiste en encasillar la defensa de la mujer dentro de un único molde aceptable: la adhesión militante a las movilizaciones masivas y la asimilación ciega de consignas prefabricadas.
Hoy, en una nueva jornada de marchas bajo el lema “Ni Una Menos“, las calles se llenan de proclamas que, lejos de proteger la esencia y la integridad del universo femenino, diluyen su valor en un colectivismo ideológico que fragmenta la sociedad. Sostengo con firmeza que apoyar estas movilizaciones es como mínimo actuar como idiota útil.
Mi postura no nace del desinterés ni de la indiferencia ante el sufrimiento o ante el desprecio hacia la mujer. Al contrario, surge del imperativo ético de defender su auténtica valía, negándome a convalidar un relato que instrumentaliza sus legítimas demandas para imponer una agenda ideológica preconcebida.
Defender la dignidad femenina exige ir mucho más allá de la superficie y cuestionar las estructuras actuales que, bajo el velo del progreso, someten y desprotegen su verdadera naturaleza.
Esta distorsión se hace evidente al analizar el diseño de las políticas actuales. Uno de los pilares del discurso imperante es la insistencia en establecer diferencias jurídicas según el sexo de la víctima, penalizando de forma asimétrica los delitos. Sin embargo, la verdadera igualdad ante la ley no se construye fragmentando el derecho. Lejos de ser una conquista, el diseño de tipos penales diferenciados encierra una contradicción de fondo: asume de manera implícita una condición de vulnerabilidad intrínseca en la mujer, tratándola como un sujeto débil que requiere una tutela estatal permanente y desigual. La dignidad humana es absoluta; jerarquizar las vidas en el código penal según el género termina siendo una sutil pero real forma de discriminación que vulnera el principio universal de justicia.
Esta misma lógica paternalista se traslada al ámbito de la representación mediante la implementación de cupos femeninos obligatorios. Al imponer un porcentaje legal en los espacios de decisión, la ingeniería social relativiza y mengua el valor real de las capacidades, el mérito y la preparación de las propias mujeres. Imponer una cuota envía un mensaje equívoco y condescendiente: que la mujer no puede acceder a las esferas del poder por su propia valía, destreza e intelecto, sino a través de una concesión regulada por el Estado, subordinando su idoneidad a un frío cálculo numérico.
El entramado ideológico de estas movilizaciones cae en una contradicción aún más grave al promover leyes y criterios que simplifican el camino hacia la supresión de la vida bajo el discurso de la «salud reproductiva», “yo decido”, etc.
Detrás de estas consignas se oculta una violencia estructural que presiona y empuja hacia la anticoncepción compulsiva y el aborto. Cuando el entorno familiar, laboral o la hegemonía cultural dominante aíslan a la mujer frente a una situación de vulnerabilidad o precariedad material, la opción de interrumpir el proceso vital no nace de una libertad genuina, sino de la desesperación y la falta de alternativas reales.
Reducir este drama al ámbito estrictamente privado es una forma de desatender las necesidades más profundas de la persona. Un sistema que financia la supresión de la descendencia en lugar de robustecer las redes de apoyo económico, educativo y de salud, abandona a la mujer en una soledad absoluta frente a una decisión que afecta su propia identidad y su futuro.
El cuerpo femenino termina siendo manipulado y «vaciado» para encajar en moldes de productividad ajenos a sus propios ritmos biológicos, penalizando simultáneamente a aquellas mujeres que eligen libremente priorizar la vida familiar, el hogar y la educación de sus hijos. Denigrar a quien opta por dedicarse al cuidado de su familia es una flagrante contradicción de la supuesta libre elección que estos movimientos dicen defender.
Frente a esta visión reduccionista que asimila a la mujer a un modelo de productividad material y desarraigo, se vuelve indispensable recuperar una antropología que honre su grandeza espiritual y creadora. En su carta encíclica Mulieris dignitate, el Papa Juan Pablo II iluminó con precisión esta verdad al señalar que «la fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia de que Dios le confía de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano».
Esta misión sublime, lejos de ser una carga o un motivo de sumisión, constituye el fundamento de su dignidad intrínseca y su rol insustituible en la historia. Custodiar a la mujer implica garantizar que pueda desarrollarse plenamente en la sociedad respetando su integridad física y espiritual, asegurando que su capacidad de ser matriz y fuente de vida jamás se convierta en una sentencia de pobreza, exclusión o desprecio cultural.
Por todo esto, cabe plantear un reto directo e ineludible a quienes hoy levantan las banderas del «Ni Una Menos» y pretenden monopolizar la lucha contra la violencia de género: expliquen con claridad si no son ustedes mismos los principales manipuladores de la auténtica dignidad de la mujer. Expliquen por qué llaman liberación a obligarla a renunciar a su maternidad, por qué llaman igualdad a tratarla como un sujeto jurídicamente incapaz que necesita leyes asimétricas, y por qué llaman empatía a condenar al ostracismo social a toda mujer que encuentra su realización en el cuidado de su hogar.
La verdadera emancipación no consiste en destruir la naturaleza femenina para asimilarla a moldes ideológicos, sino en construir una comunidad que sostenga la vida en todas sus etapas y reconozca a la mujer en la plenitud de su ser.
Autor: Pablo Berarducci
