El debate sobre el aborto ha experimentado una profunda transformación en los últimos años. Durante décadas, la batalla pública respecto del aborto se concentró en las leyes. El objetivo casi exclusivo era legalizar el aborto, abrir clínicas, conseguir financiamiento estatal y fomentar un procedimiento médico realizado por profesionales en establecimientos sanitarios.
Ese modelo no ha desaparecido, pero ha dejado de ser el único; y de hecho, ahora, no es el más importante. Hoy la agenda abortista se mueve en otro terreno: el de las pastillas, las plataformas digitales, el marketing, la distribución comercial y la gestión privada del aborto desde casa. Antes, el propósito prioritario del lobby abortista era cambiar las leyes. Ahora, su objetivo es hacer que el aborto sea universalmente accesible, socialmente normalizado, emocionalmente justificado y comercialmente disponible.
Ahora, la prioridad es la máxima difusión del aborto con pastillas. Este cambio no es menor: reduce costos, elimina intermediarios médicos, dificulta la fiscalización y permite llegar directamente a la mujer a través de canales digitales y comerciales. Que vale decirlo, en Argentina es ilegal.
Pero es la nueva tendencia, por ponerle un nombre, en varios países occidentales ya es un hecho. Ejemplo, en EEUU: https://es.plancpills.org/
Antes, el aborto dependía de un ginecólogo que realizaba el procedimiento como un acto médico y legal. Ahora, se busca que la propia mujer gestione el aborto en privado, desde su casa, con respaldo sanitario solo si algo sale mal.
Es cierto que pretenden sumar a esos “profesionales de la muerte” a las parteras, porque cada vez hay menos sicarios (así los llamó el Papa Francisco) disponibles para matar a un bebé viable en el vientre materno. Pero volvamos a lo que hoy ocurre…
Antes, se necesitaba infraestructura sanitaria: clínicas, hospitales, equipamiento y personal médico. Ahora, basta con marketing, plataformas digitales, canales masivos de distribución y una red comercial eficiente.
La maquinaria ya no necesita necesariamente una sala de operaciones; le basta una campaña publicitaria, una página web, una línea de WhatsApp y un sistema de reparto a domicilio. Se cobra directamente a la mujer, se lucra con la venta de pastillas a precios elevados y se trasladan al sistema público los costos de las complicaciones. Es decir, el negocio privatiza la ganancia pero “socializa” el riesgo. En otras palabras: lo pagamos entre todos con nuestros impuestos.
La paradoja es que estos comerciantes tienen como única “competencia” a los Gobiernos que aún siguen entregándola gratuitamente, como el gobierno de Macri en CABA, o el gobierno de Provincia de Buenos Aires, de Kicillof.
El “populismo” de la cultura de la muerte sigue socavando no sólo los dineros públicos, sino las bases morales de Occidente.
