Por la defensa de la vida, la seguridad jurídica y la libertad de conciencia de los profesionales médicos.
El reciente intento del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Nicolás Kreplak, con el dictado de una resolución que habilita formalmente a las licenciadas en obstetricia (parteras) de la provincia a prescribir medicamentos como el misoprostol y la mifepristona para “garantizar” el acceso al aborto encendió todas las alarmas.
La valiente y oportuna reacción del Colegio de Obstétricas de la provincia, que rechazó de plano esta medida, dejó en evidencia un modus operandi recurrente del Poder Ejecutivo: el avasallamiento de las instituciones y la manipulación de las competencias profesionales con fines puramente ideológicos.
Frente a este atropello administrativo, el diputado Juan José Esper (Derecha Popular) ha presentado un paquete de leyes fundamental para devolver la cordura, el derecho y el respeto a la provincia. Se trata de los expedientes D-2445/26-27 y D-2444/26-27, según informó el portal Notivida, dos iniciativas que no solo resguardan la seguridad jurídica, sino que blindan el valor supremo de la vida humana.
El proyecto D-2445/26-27 ataca el núcleo del problema al prohibir explícitamente la imposición de vademécums o listados de prescripción de medicamentos sin el consentimiento expreso y vinculante de los Colegios Profesionales.
Es inadmisible que las autoridades sanitarias alteren de forma arbitraria las incumbencias legales de los trabajadores de la salud. Esta ley garantiza que ningún protocolo ministerial pueda obligar a realizar prácticas contrarias al derecho a la vida desde la concepción o a las profundas convicciones éticas de los profesionales, decretando la nulidad absoluta de cualquier sanción y previendo severos castigos administrativos, civiles y penales para los funcionarios que pretendan incumplirla.
Por su parte, el expediente D-2444/26-27 llega para saldar una deuda histórica con la libertad individual: la protección irrestricta de la objeción de conciencia.
Ninguna corporación o colegio profesional puede convertirse en un tribunal ideológico. La iniciativa de Esper declara nulo cualquier acto corporativo —ya sean comunicados, resoluciones o estatutos— que busque perseguir, sancionar o excluir a los profesionales de la salud por negarse a cometer un aborto.
Los Colegios Profesionales deben entender que no son órganos políticos para imponer doctrinas, sino entidades subordinadas a la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los tratados internacionales de derechos humanos.
Los expedientes ingresaron formalmente a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el 13 de julio de 2026 y actualmente se encuentran en estado de trámite de comisiones.
La propuesta del diputado Esper es un acto de estricta justicia y defensa institucional. En momentos donde el Estado provincial intenta cruzar límites éticos y legales intolerables, estas leyes representan un escudo imprescindible para proteger a quienes salvan vidas y para garantizar que la libertad de conciencia jamás sea aplastada por el autoritarismo de turno.
