El imponente edificio ubicado en el kilómetro 46 de la Panamericana, que durante la pandemia funcionó como el centro de vacunación más grande de Pilar, se encuentra hoy en el centro de una fuerte polémica judicial y política.
El origen del predio y su uso sanitario
El inmueble original formaba parte de los bienes embargados por la Justicia Federal en una causa por lavado de dinero vinculada al narcotráfico internacional. En pleno brote de COVID-19, la Justicia dictó la tenencia precaria del lugar a favor del Municipio de Pilar. Bajo la gestión local y provincial, el complejo fue transformado en un vacunatorio masivo que llegó a aplicar miles de dosis diarias a los vecinos de la zona norte.
El informe periodístico que destapó la olla
La reciente investigación periodística que sacó a la luz vacunas vencidas, jeringas usadas y nuevas, material patogénico altamente peligroso, miles de legajos oficiales con datos sensibles de los ciudadanos flotando entre el barro y la mugre y hasta cientos de carnets de ciudadanos es la radiografía perfecta de un Estado que se desentiende de sus responsabilidades apenas se apagan las cámaras de la televisión.
Lo verdaderamente alarmante de este escándalo no es solo el abandono físico del predio —un gigante inmobiliario de un caso de lavado de dinero narco cedido temporalmente al Municipio—, sino la reacción corporativa e institucional de las autoridades ante el hallazgo.
La orden de devolución de la Justicia
En su momento, y luego de la pandemia, el juez federal Daniel Martínez de Giorgi dispuso el fin de la cesión temporal. El magistrado, entonces, ordenó restituir la posesión del edificio a los administradores de la sociedad comercial propietaria original del desarrollo inmobiliario. Desde ese momento, pasaron los años y nadie le importó el inmueble…
A partir del informe de LaNación+, que destapó el escándalo, se desató un cruce de acusaciones sobre la responsabilidad del estado de abandono:
* La postura provincial: Autoridades del Ministerio de Salud bonaerense denunciaron que el desalojo fue intempestivo. Afirmaron que la velocidad de la medida impidió montar el operativo logístico necesario para retirar el material sanitario remanente.
* La posición municipal: Desde la intendencia de Pilar aclararon que, una vez ejecutada la orden judicial, el personal municipal quedó legalmente imposibilitado de ingresar al predio para recuperar los insumos o limpiar las instalaciones.
La respuesta de la Justicia
La propia Justicia Federal se encargó de demoler la coartada oficial. Los escritos del juez Marcelo Martínez de Giorgi son taxativos: el Municipio y la Provincia siempre estuvieron plenamente autorizados a retirar hasta el último mobiliario, computadora y, fundamentalmente, cada insumo médico que les perteneciera. La orden de devolución al dueño original jamás implicó dejar un arsenal de contaminación ambiental y sanitaria a la buena de Dios. Y algo más grave: a manos de la rapiña de desconocidos que por años pueden haber retirado bienes, documentos y material sanitario sensible en medio del abandono.
La protección de los datos personales de cientos de licencias de conducir abandonadas y la disposición segura de los residuos patogénicos eran —y siguen siendo— un deber irrenunciable del Poder Ejecutivo, no una potestad de los tribunales.
Este episodio expone una cultura de desprecio por los recursos públicos que trasciende la contingencia de un desalojo. Durante años se administró un lugar clave sin un plan de contingencia ni un inventario real de lo que allí se custodiaba. Incluso no tenía, según los últimos datos periodísticos, las autorizaciones legales ni la habilitación para vacunatorio.
Que miles de dosis de vacunas terminen pudriéndose en un subsuelo inundado mientras la sociedad civil financia con sus impuestos el sistema de salud pública es una bofetada a la ciudadanía.
El “vacunatorio” hoy.
Hoy, la Policía Ecológica y la Justicia corren a contrarreloj para retirar pruebas de la negligencia y ordenar la limpieza, mientras los expedientes penales intentan determinar el grado de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Pero el daño ya está hecho. El predio de Pilar quedará en la memoria colectiva como el monumento a la hipocresía estatal: un lugar que fue inaugurado incluso con la presencia del expresidente Alberto Fernández para “salvar vidas” y terminó convertido en un basural infecto por la más absoluta desidia política.
