Un veterano trabajador administrativo de la Universidad Federal de Paraíba, en Brasil, fue condenado a un año de prisión por llamar «trans» —y no «mujer»— a un estudiante de sexo masculino que se identifica como tal. El caso de Luís Adripaulo Mendes Barros, quien llevaba casi cuatro décadas al servicio de esa institución pública ubicada en el estado costero de Paraíba, al oriente del país, ha encendido un debate sobre los límites de la libertad de expresión y el alcance de las leyes de identidad de género en Brasil, y ha atraído la atención de organizaciones de derechos de la mujer dentro y fuera del país.
Todo comenzó el 14 de octubre de 2022, cuando el estudiante Odara Moraes ingresó a uno de los baños femeninos del campus universitario. Una empleada de limpieza, cuya identidad ha sido protegida por razones de privacidad, lo confrontó al verlo como un hombre biológico vestido con «top corto y minifalda», según relató ella misma al medio Reduxx. La trabajadora le indicó, con cortesía, que no se encontraba en el baño correcto.
«No pretendía ofender ni herir a nadie. Simplemente le hablé con educación, y me molestó con educación. Porque era un espacio femenino, no masculino. Yo simplemente estaba hablando de un hecho, de un derecho: mi derecho como mujer a defender nuestro espacio, un espacio femenino. Nunca había visto algo así: un hombre usando un baño de mujeres», declaró la empleada. Moraes reaccionó de inmediato de forma agresiva, sacó su teléfono para filmarla y la acusó de «transfobia», exigiendo además que se le tratara con pronombres femeninos.
Al descubrir que la trabajadora era una empleada contratada, Moraes exigió hablar con la administración del campus. La empleada lo condujo entonces a la oficina de Barros, director administrativo de la institución. Durante el trayecto, Moraes continuó insultando a la trabajadora y reiterando sus acusaciones. En la oficina, Barros intentó calmar la situación, pero Moraes amenazó con llamar a la policía y presentar cargos penales por «transfobia». Ante la insistencia del estudiante de ser reconocido como mujer, Barros le preguntó si contaba con documentos que acreditaran legalmente ese estatus. Moraes respondió que su «palabra» debía ser suficiente. Fue entonces cuando Barros, buscando precisión, señaló con calma: «Usted es trans, no una mujer.» Moraes abandonó la oficina a gritos, alegando haber sido «discriminado».
Cuatro días después, tanto la empleada de limpieza como Barros fueron contactados por la policía: ambos estaban siendo investigados por «transfobia criminal». La figura jurídica utilizada fue la de «racismo social», una categoría creada por el Tribunal Supremo de Brasil en 2019, cuando ese organismo determinó que la discriminación por orientación sexual o identidad de género quedaba cubierta por las leyes antidiscriminación preexistentes en materia de raza u origen nacional. El juicio comenzó en marzo de 2025 y concluyó en junio de 2026.
El impacto sobre Barros fue inmediato y devastador. Activistas trans del campus, presuntamente coordinados por Moraes, comenzaron a hostigarlo directamente: pintaron grafitis frente a su oficina y lo tildaron de «fascista». «Llegaba al trabajo desanimado, casi enojado, luchando por evitar la depresión y por no trasladar la presión psicológica y emocional que vivía a mis subordinados. Me distraje de mis actividades laborales y me atrasé en muchas tareas», confesó Barros a Reduxx. La empleada de limpieza, por su parte, perdió su empleo cuando la universidad se negó a renovar su contrato, dejándola desempleada tras más de una década de servicio. La organización de derechos de la mujer MATRIA Brasil intervino para ofrecerles asistencia legal y lanzó una campaña de recaudación de fondos para ayudar a la trabajadora a sostener a su familia.
El juez Manuel Maia de Vasconcelos Neto absolvió a la empleada de limpieza, al considerar que su conducta, dadas sus circunstancias y funciones, no alcanzaba el estándar requerido para una condena penal. Barros, en cambio, fue hallado culpable. El tribunal determinó que, en su calidad de autoridad, había negado conscientemente al estudiante trans el «derecho a usar el baño» correspondiente a su identidad de género autodeclarada.
El juez fue aún más lejos: estableció que incluso el intento de Barros de verificar la identidad legal de Moraes constituía en sí mismo un acto discriminatorio de carácter penal.
«La exigencia de ‘prueba documental’ de feminidad […] constituye, en sí misma, un acto discriminatorio», escribió el magistrado en su fallo. «Al exigir documentación y afirmar repetidamente que [Moraes] ‘no era una mujer’, Luís Adripaulo no actuaba para repeler ninguna agresión, sino para negar un derecho.»
La condena fue de un año de prisión en régimen «abierto», sustituida por una restricción de derechos, lo que significa que Barros no ingresará a prisión, pero sí enfrentará limitaciones a su libertad y deberá pagar multas calculadas sobre la base del salario mínimo vigente en octubre de 2022. Aunque conserva su empleo en la universidad, fue efectivamente degradado y despojado de un cargo directivo que había ocupado durante 13 años, con la consiguiente reducción severa de sus ingresos. Barros ha presentado un recurso de apelación y tiene la intención de combatir el fallo.
«Hay una batalla en mi mente mientras intento entender, sobre todo, el plan de Dios para mí. Dios ya me había preparado para todo esto, pero cuando realmente sucede, es diferente», expresó, visiblemente afectado. «No quiero sentir lástima de mí mismo; no se trata de eso. Pero he salido de mi rutina normal porque, cuando atravieso algo que nunca planeé y que no hice nada para provocar, realmente trastorna mi vida.»
Clarice Saadi, representante de MATRIA Brasil, no ocultó su indignación ante el veredicto: «Parece que cada semana nos enfrentamos a alguien siendo condenado a prisión por reconocer que un hombre es un hombre. La situación en Brasil es extrema en este momento. [Luís] fue condenado por ver a un hombre frente a sus ojos y referirse a él en consecuencia, en forma masculina, como es habitual en portugués. Irónicamente, tanto el juez como el fiscal federal hicieron lo mismo durante las audiencias, pero según la sentencia dictada, en su caso es ‘muy diferente’, ya que ‘se les escapó’ y no tuvieron intención de faltar al respeto.» Y añadió con contundencia: «La intención ‘claramente odiosa’ atribuida por el juez al señor Barros proviene de haber mantenido su postura, diciéndole a ‘Odara’ Moraes: ‘eres trans. No una mujer.’ Parecemos estar viviendo una pesadilla, donde la verdad ya no importa y los tribunales condenan a personas por supuestamente herir los sentimientos de los hombres.»
La condena de Barros se conoce apenas días después de que otro fallo judicial en Brasil sentenciara a dos años de prisión a la influencer Bianca Barreto, también por «transfobia criminal». Barreto fue condenada el 29 de julio por el 9° Juzgado Penal de Salvador, tras publicar en 2024 un video en redes sociales en el que criticó a Duda Salabert, diputada trans del izquierdista Partido Socialismo y Libertad y una de las primeras personas trans elegidas para la Cámara de Diputados de Brasil. En el video, Barreto describió a Salabert como «un tipo que dice ser una mujer trans, pero está casado con una mujer y tiene un hijo o hija», y agregó que «una mujer es una mujer, un hombre es un hombre, y punto». Barreto argumentó en el juicio que su contenido constituía discurso político legítimo y que, como cristiana, tenía derecho a defender candidatos que compartieran sus valores, sin que ello implicara incitar al odio o a la violencia. El juez no lo consideró así, y la condenó a dos años en régimen abierto, similar al arresto domiciliario, además de obligarla a pagar una indemnización de R$20.000 (aproximadamente 3.800 dólares estadounidenses).
Ambos casos ponen de relieve la forma en que la jurisprudencia brasileña, a partir del fallo del Tribunal Supremo de 2019, ha convertido el desacuerdo con los postulados de la ideología de género en una conducta penalmente perseguible, equiparada al racismo. Para organizaciones como MATRIA Brasil, lo que está en juego es algo más fundamental que una disputa sobre pronombres: es la posibilidad misma de expresar, sin consecuencias penales, la convicción de que el sexo biológico es una realidad objetiva.
Fuente: Razón mas Fé
