Un freno al garantismo absurdo: la Cámara de Apelaciones bonaerense restablece la Ley Penal Juvenil
En una decisión que devuelve la sensatez jurídica a la provincia de Buenos Aires, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la escandalosa medida cautelar que mantenía suspendida la Ley de Régimen Penal Juvenil. Con este fallo, la Ley 27.801 vuelve a estar plenamente vigente, permitiendo que el Estado finalmente cuente con las herramientas necesarias para enfrentar la delincuencia juvenil y bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.
La resolución de la Cámara no solo es un triunfo para la seguridad ciudadana, sino también un durísimo revés para el activismo judicial encarnado por la jueza Marta Pascual. A principios de septiembre, la magistrada había decidido, mediante un insólito recurso de hábeas corpus, arrogarse funciones que no le corresponden y frenar una ley de la Nación bajo la excusa de supuestas “deficiencias edilicias y presupuestarias”.
El fallo de la Cámara pone las cosas en su lugar al recordarle a la jueza un principio constitucional básico: un magistrado de primera instancia no puede anular de forma general una ley dictada por el Congreso de la Nación. Las leyes gozan de presunción de legitimidad, y el rol de un juez es aplicarlas, no gobernar ni legislar desde su escritorio basándose en sesgos ideológicos.
El accionar de Pascual representa la peor cara del garantismo selectivo, aquel que prefiere sobreproteger al infractor antes que defender a las víctimas y a la sociedad que exige justicia. Si la vocación de la magistrada es buscar excusas para evitar que quienes cometen delitos graves rindan cuentas ante la ley, debería dar un paso al costado en la magistratura y dedicarse a la defensa penal privada. Allí, como defensora de delincuentes, su militancia garantista sería legítima; en el sillón de un juzgado, es una abierta desobediencia a la Constitución y un peligro para la paz social.
La reactivación de la ley es un paso crucial. La justicia bonaerense ha demostrado que todavía quedan reservas institucionales dispuestas a poner límites a los fallos ideológicos y a hacer respetar la división de poderes.
La sociedad bonaerense, encarcelada en sus casas por la inseguridad, agradecida.
