Alberto vs. Fabiola: poder, escándalo y desvergüenza
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La relación entre el expresidente Alberto Fernández y la ex primera dama Fabiola Yáñez suma un nuevo y bochornoso capítulo judicial. Esta vez, es Fernández quien impulsa una denuncia contra su ex pareja, en una causa que vuelve a exponer el uso —y abuso— de los recursos del Estado para dirimir conflictos personales que poco tienen que ver con las verdaderas urgencias de los argentinos.
Un juez que no podrá apartarse
La Justicia resolvió que el juez Gustavo Bruzzone no podrá excusarse de intervenir en el expediente donde Fabiola Yáñez había sido sobreseída por presunta violación de secreto. De este modo, el magistrado queda obligado a resolver el recurso de queja presentado por Alberto Fernández, quien busca revertir el sobreseimiento de su ex concubina.
El fallo cierra toda posibilidad de apartamiento y deja en manos del propio Bruzzone la definición de un proceso que, por su contenido y protagonistas, ya ha adquirido ribetes de telenovela tragicómica, con alto costo institucional y simbólico.
El origen de la denuncia
La acusación del expresidente se remonta a agosto de 2024. En aquel momento, tras una denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por lesiones en un contexto de violencia de género, comenzaron a circular públicamente videos del entonces mandatario junto a la periodista Tamara Pettinato dentro de su despacho en la Casa Rosada.
Fernández sostiene que Yáñez accedió de manera ilegal a su teléfono celular y a su cuenta de Google, desde donde habría obtenido y difundido material privado. Según su presentación judicial, la ex primera dama era “la única persona que tenía acceso a la información que se ha difundido”. El dispositivo, según consta en la causa, había sido originalmente del expresidente y luego fue regalado a su hijo, Francisco.
Un sobreseimiento cuestionado
La defensa de Fabiola Yáñez solicitó su sobreseimiento luego de que Alberto Fernández no respondiera, durante más de un mes, una intimación del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 4. El planteo se basó en que no se habría instado la acción privada dentro de los plazos que fija la normativa vigente.
El tribunal aceptó ese argumento y declaró extinguida la acción penal, resolviendo el sobreseimiento de la ex primera dama. Ahora, Fernández intenta revertir esa decisión mediante un recurso de queja que tramita ante la Sala I de la Cámara de Casación, integrada de manera unipersonal por el propio juez Bruzzone, quien deberá decidir si corresponde mantener el cierre del caso o reabrir la investigación.
Más allá de lo jurídico
Más allá de las sutilezas técnicas del expediente, el trasfondo del caso resulta indignante para buena parte de la sociedad. Se trata de dirigentes que abusaron del poder conferido por el voto popular, que recomendaron el encierro durante la pandemia mientras se reunían con amigos, y que llevaron adelante un estilo de vida de nuevos ricos financiado con fondos públicos, de forma desvergonzada, mientras la gente estaba en el encierro, con todos los problemas familiares, psíquicos y económicos que esto implicaba.
Los gastos en la residencia presidencial en Olivos, los viajes en primera clase, los guardias de seguridad, luego, en Madrid y otros privilegios que se dispensaron mientras fue la pareja presidencial hoy contrastan brutalmente con el esfuerzo que los argentinos realizan para sostener, vía impuestos, procesos judiciales que ventilan conflictos íntimos de quienes debieron ser ejemplo de ética y austeridad para el país.
Una deuda pendiente con la sociedad
A esto se suman otras causas que avanzan con lentitud desesperante, como las presuntas coimas millonarias en la contratación de seguros con el marido de la secretaria privada de Fernández.
Mientras tanto, los protagonistas continúan su vida con relativa normalidad, aunque la sociedad ya los condenó; y espera algo más que escándalos mediáticos: espera justicia.
Una sociedad que fue encerrada, a la que se le impidió trabajar, visitar a sus enfermos y despedir a sus muertos, necesita cerrar esta etapa oscura. Pero para hacerlo, primero, necesita que la Justicia actúe con firmeza e imparcialidad. ¿Será posible?
