Paro general en el fútbol argentino en respaldo a Tapia y Toviggino
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En una decisión de fuerte impacto institucional y deportivo, los clubes de la Primera División resolvieron suspender por cuatro días toda la actividad del fútbol argentino, en señal de respaldo a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) frente a la investigación judicial impulsada por el ARCA.
La medida alcanzará las jornadas del 5, 6, 7 y 8 de marzo, fechas en las que debía disputarse la novena jornada del Torneo Apertura. Además de la máxima categoría, el Ascenso también se sumará a la suspensión, configurando un parate total de la actividad oficial.
La decisión fue adoptada en una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, donde los dirigentes expresaron su rechazo a la denuncia por presuntas irregularidades tributarias y previsionales que involucran más de 19.300 millones de pesos correspondientes al período 2024-2025.
El argumento de los clubes
Durante el encuentro, Gustavo Lorenzo, director general de la AFA, exhibió —según reconstrucciones periodísticas— una captura de la página oficial de ARCA que indicaría que la entidad no registra deudas exigibles ni declaraciones juradas pendientes. Con ese documento, los dirigentes sostuvieron que la deuda que sustenta la causa judicial “no existe”.
Aquí cabe un dato muy importante, y que seguramente los abogados de la AFA no desconocen y que, además, fué señalado públicamente en los programas de televisión, y es que en el Régimen Penal Tributario, el delito se perfecciona cuando el agente de retención (AFA) no deposita el dinero en término. El pago posterior de la deuda puede funcionar como un atenuante o una vía de extinción de la acción penal en ciertos casos (según la Ley 27.430), pero la investigación sobre la maniobra financiera realizada con ese dinero mientras no fue depositado sigue bajo la lupa judicial. Por lo que el pago de una multa administrativa no anula necesariamente la existencia de un delito penal previo y la causa iniciada.
Pero volvamos a lo que ocurrió en la AFA ayer. Tras la exposición de Lorenzo, y su errónea aseveración, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, instó a los clubes a actuar de manera conjunta ante lo que considera una ofensiva institucional. El intercambio derivó en una decisión unánime: impulsar un paro general como señal política y deportiva.
Los representantes de Primera División iniciaron inmediatamente conversaciones con las demás categorías, que confirmaron su adhesión. Así, el fútbol argentino quedará paralizado durante cuatro días en una medida que trasciende lo deportivo.
El periodismo de investigación, que está destapando situaciones más complejas esperaba una reacción corporativa de este tipo, entendiendo que muchos clubes, si prosperan las otras denuncias -muchas aún periodísticas- pueden verse involucrados, y actúan en consecuencia.
El comunicado oficial
La AFA difundió un comunicado en el que negó categóricamente la existencia de deuda exigible. Según la entidad, las obligaciones fiscales cuestionadas fueron abonadas de manera voluntaria antes de su vencimiento y ese planteo ya fue presentado ante el tribunal interviniente, encontrándose pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones.
El texto sostiene que ARCA intenta considerar obligaciones aún no vencidas como fundamento de un delito penal tributario, lo que —según la AFA— contradice las normas vigentes. En ese marco, el Comité Ejecutivo resolvió suspender la fecha 9 de la Liga Profesional y el resto de las categorías “en repudio” a la denuncia.
Voces dirigenciales y acusaciones de persecución
A la salida de la reunión, Fabián Berlanga, presidente de Club Atlético Vélez Sarsfield, fue uno de los primeros en respaldar públicamente la medida. Señaló que los clubes vienen creciendo y realizando obras, y que perciben “trabas injustas” en el actual contexto.
Berlanga afirmó que la situación “pasa a ser un tema de Estado” y sugirió que existe una ofensiva contra el modelo asociativo del fútbol argentino. Incluso vinculó el conflicto con el debate sobre la implementación de sociedades anónimas deportivas (SAD), asegurando que los socios ya manifestaron su rechazo.
También mencionó que Tapia, Pablo Toviggino y Cristian Malaspina habrían sido perjudicados por la investigación, calificando el escenario como “muy raro”.
El origen de la causa judicial
El proceso penal se inició el 12 de diciembre de 2025 tras una denuncia presentada por ARCA. La acusación sostiene que la AFA omitió retener y depositar aportes a la seguridad social, además de incumplir con obligaciones vinculadas al IVA y al Impuesto a las Ganancias, generando un perjuicio fiscal superior a $19.350 millones.
La fiscalía encuadró los hechos en el Régimen Penal Tributario y citó el precedente “Lambruschi” de la Corte Suprema, que establece que el delito se configura treinta días después del vencimiento legal para depositar fondos retenidos a terceros.
Según la querella, la omisión no obedecía a problemas financieros. El análisis contable reveló ingresos por más de $45.000 millones en diciembre de 2024 y más de $453.000 millones en 2025. Además, durante ese período se constituyeron plazos fijos en pesos y dólares. Para ARCA, existía plena capacidad económica para cumplir con las obligaciones fiscales.
La defensa intentó obtener la nulidad de la citación mediante una excepción de falta de acción, argumentando que las deudas no eran exigibles y citando resoluciones que suspendían ejecuciones fiscales contra entidades sin fines de lucro. Sin embargo, el juez rechazó el planteo.
Testimonios y responsabilidades internas
Declaraciones de empleadas del área administrativa revelaron que los pagos tributarios dependían de instrucciones del tesorero Pablo Toviggino. Según los testimonios, el área notificaba vencimientos y aguardaba la orden para emitir los pagos electrónicos, que requerían firmas mancomunadas de autoridades.
Las auditorías de balance, que consignaban deudas fiscales millonarias, estaban firmadas por el presidente, el secretario general y el tesorero, lo que para la acusación demuestra conocimiento y responsabilidad directa.
Calendario judicial y permiso de viaje
Las indagatorias comenzarán el 5 de marzo con la declaración de Tapia. Luego comparecerán Toviggino, Lorenzo y otros dirigentes. La Cámara Nacional en lo Penal Económico debe resolver aún un recurso de apelación presentado por la defensa.
En paralelo, la Justicia autorizó a Tapia a viajar al exterior bajo una fianza de cinco millones de pesos para cumplir compromisos oficiales en Colombia y Brasil. Deberá informar su regreso en un plazo de 48 horas mediante el sistema judicial correspondiente, bajo apercibimiento de ejecución de la caución.
Mientras la causa avanza, el fútbol argentino se detiene. La decisión de los clubes convierte un conflicto judicial en un hecho deportivo sin precedentes, donde la defensa corporativa y la disputa tributaria se juegan, esta vez, fuera de la cancha.
La telenovela judicial prevé más capítulos, con mansiones, autos, viajes, caballos; y algunos capítulos más en la Justicia de EEUU, donde “no se jode”, según varios observadores. Veremos cómo afecta esto a la selección argentina que nada tiene que ver con todo este vergonzoso momento dirigencial del fútbol argentino, de cara al próximo Mundial.
