Amparo colectivo para garantizar el “acceso” al aborto de niños
elcristianodiario@gmail.com 
Por orden del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N.º 2 de La Plata, el Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Mario Lugones, tuvo que abrir una convocatoria pública para que mujeres embarazadas (el texto habla de “personas gestantes”) y organizaciones se sumen a un amparo colectivo destinado a garantizar el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el aborto, que es legal en la Argentina desde diciembre de 2020.
La medida fue oficializada mediante un aviso en el Boletín Oficial, en el que se informa sobre la existencia de una causa colectiva iniciada contra el Estado nacional por la abortista asociación civil La Ciega, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de izquierda, también abortista.
El reclamo por la provisión de misoprostol
La organización impulsó el año pasado una “acción preventiva de daño”, al sostener que el Gobierno no realizó las gestiones administrativas necesarias para adquirir y distribuir misoprostol y mifepristona, fármacos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para la acabar con la vida intrauterina.
Según la denuncia, la falta de provisión de estos insumos impide el cumplimiento efectivo de la ley y vulnera derechos reproductivos (sic), generando un daño irreparable para quienes dependen del sistema público de salud para realizarse un aborto sin pagar por ello.
Lo que sorprendentemente no advierte el juez en su escrito es que ambos medicamentos, en su destino médico original, no fueron concebidos para provocar la interrupción de una vida en gestación y que su uso está expresamente regulado por la ANMAT: deben ser prescriptos con receta médica archivada y un profesional de la salud debe supervisar cada caso, cosa que no ocurría con el gobierno de Alberto Fernández, que sí lo entregaba. Y más grave aún: tampoco los gobiernos provinciales que sí lo siguen proporcionando, realizan. Esto es, prescriptos y controlado por un médico. Grave.
Diferencias entre Nación, CABA, y provincias
Mientras el Gobierno nacional dejó de adquirir estos insumos, distritos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires multiplicaron sus compras y continúan entregándolos en sus sistemas sanitarios. En muchos casos a través de organizaciones civiles o grupos feministas y abortistas, sin el debido control médico y administrativo, y un listado de pacientes a los que se les administró, por lo que se carecen de estadísticas de número de casos, resultados, y problemas que puedan haber ocurrido.
Estas organizaciones feministas también denuncian falta de información clara y obstáculos prácticos para acceder a la práctica en el sistema público, paradógico, ante la despreocupación por los controles que sí deberían tener esas jóvenes que en su casa se administran las pastillas y muchas veces acuden (o no) a un hospital luego de desangres pronunciados o problemas mayores, por carecer de un médico responsable de su prescripción.
La discusión sobre los “derechos reproductivos”
El núcleo del planteo judicial se apoya en la idea de que la falta de medicamentos vulnera derechos reproductivos. Pero el concepto en sí mismo es controversial, ya que utilizar esa expresión para referirse a una práctica que no lleva a una interrupción sino a la terminación del embarazo. Y el único “daño irreparable” es la pérdida de una vida humana en gestación.
La Justicia debería priorizar la protección del niño por nacer por sobre la exigencia de garantizar el acceso al aborto, ya que la Constitución Nacional que está por encima de cualquier otra ley (incluida la del aborto) defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Al Juzgado en lo Civil N°2 de la Plata se le pasó este precepto constitucional…
El aval judicial y las críticas
El Gobierno nacional rechazó el amparo, pero a fines de 2025 la Sala III de la Cámara Federal de La Plata ratificó la legitimidad de “La Ciega” para representar el reclamo colectivo. De este modo, la causa continúa su curso y el Ministerio abrió un plazo de 30 días para que eventuales personas afectadas se sumen al proceso.
Lo que también se le pasó al Juzgado en su resolución judicial, es el tema de la falta de prescripción en su mayoría, la datación de las recetas y entregas, y el control de las asociaciones que lo entregaban y hoy siguen entregándolo en CABA y Provincia de Buenos Aires, además de muchas otras provincias del interior, preservando el respeto a la normativa vigente, así como a la salud de quienes se arriesgan con la toma sin supervisión médica, siguiendo un “instructivo” que muchos leyeron desde su teléfono, “colgado” en alguna página abortista, que se dedica a recomendar la práctica y sustituir, de hecho, a un profesional de la medicina.
Aborto, la ideología y la crisis demográfica
El debate se produce además en un contexto de baja natalidad sostenida en la Argentina, con índices comparables a los de varios países europeos, con un índice de natalidad negativo, producto también del aborto, además de las políticas públicas que, durante los últimos cuatro gobiernos, promovieron el aborto como un derecho ampliado, además de la falta de promoción de la familia, privilegiando la “educación sexual” desde el preescolar, con enseñanzas contrarias a la defensa de la vida intrauterina y al respeto de la sexualidad y la importancia de la familia y los hijos.
Desde esta mirada realista, la discusión no es meramente sanitaria o judicial, sino también cultural y demográfica. Si no se revierte la tendencia actual, el país podría enfrentar en el mediano plazo un escenario de envejecimiento poblacional acelerado y reducción sostenida de su base demográfica hasta su extinción como sociedad (sí, no es una exageración).
Un conflicto que excede lo judicial
El proceso abierto en La Plata definirá si el Estado nacional incurrió en un incumplimiento al no adquirir y distribuir misoprostol y mifepristona. Pero el conflicto trasciende la cuestión técnica. Sino constitucional y ética. Y ahora también, geopolítica.
En el fondo, lo que se discute es el alcance de una ley profundamente divisiva, la interpretación constitucional sobre la protección de la vida desde la concepción y el rol del Estado en la regulación sanitaria, que jamás debió legalizar el aborto, ya lo vemos, y menos promocionarlo y entregar misoprostol como si fueran caramelos, con todo el riesgo que señala el ANMAT, y sus recomendaciones y exigencias legales.
Mientras la Justicia de la Plata mira con un parche la realidad, gran parte la sociedad, que además votó a este gobierno, que en campaña señaló su apego al respeto y derecho de la vida desde la concepción, espera que esta ley inicua, que ya se llevó la vida de cientos de miles de pequeños inocentes, votada entre gallos y medianoche mientras estábamos encerrados en nuestras casas, sea tratada y derogada por un Congreso que se apegue a la Constitución, pero mucho más, a la humanidad que las sociedades no deben perder jamás.
Dios nos ayude a tener jueces probos y rectos, con la ética y la moral que la realidad demanda. Y un Congreso a la altura de la historia de nuestra nación, que salve a la familia argentina.
