Tal como lo había anticipado la noche anterior durante un acto en Mar del Plata, el presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para incorporar el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el propio mandatario junto a su vocero y ministro, Manuel Adorni.
El decreto que amplía las sesiones extraordinarias
El texto normativo es breve pero preciso. En su Artículo 1°, establece la inclusión en el temario legislativo de los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil, que comenzarán a tratarse durante las sesiones extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026.
De esta manera, el Ejecutivo habilita formalmente el tratamiento parlamentario de una reforma largamente debatida en la agenda pública y política.
“Delito de adulto, pena de adulto”
La medida administrativa le da sustento legal al mensaje político que Milei había pronunciado horas antes en la esquina de Güemes y Avellaneda, ante una multitud de seguidores. Allí, el Presidente fue contundente al afirmar: “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto”.
La consigna resume el enfoque del proyecto que impulsa el Gobierno, centrado en endurecer el régimen penal frente a delitos graves cometidos por menores.
El proyecto que impulsa el Ejecutivo
La iniciativa que será enviada al Congreso fue elaborada por los ministerios de Seguridad y Justicia y propone modificar el régimen vigente, que data de la última dictadura militar. El eje central es bajar el piso de punibilidad, actualmente fijado en los 16 años, para permitir que menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados penalmente.
El debate vuelve a escena en un contexto marcado por hechos delictivos protagonizados por menores de edad, incluidos homicidios cometidos con extrema violencia, que han generado un fuerte impacto en la opinión pública.
Qué hacen otros países
El Gobierno señala que la baja de la edad de imputabilidad no es una medida excepcional en el plano internacional. En distintos países de Centroamérica, el Caribe y Europa, la responsabilidad penal comienza a edades significativamente menores.
Entre los casos más destacados se encuentran Trinidad y Tobago, donde la imputabilidad comienza a los 7 años; Inglaterra y Gales, a los 10; Suiza, a los 10; y Brasil y México, donde existen regímenes de responsabilidad penal desde los 12 años.
América Latina y Europa: distintos modelos
En América del Sur, la mayoría de los países fija la edad de imputabilidad en torno a los 14 años, como ocurre en Chile, Bolivia y Venezuela. Sin embargo, Brasil y México aplican medidas socioeducativas o regímenes penales desde los 12 años.
En Europa, aunque la responsabilidad penal plena suele establecerse a edades mayores, muchos países permiten la aplicación de medidas judiciales desde los 13 o 14 años, como en Francia, España y Alemania.
Un debate que cruza seguridad y responsabilidad social
La discusión sobre la edad de imputabilidad vuelve a poner en tensión cuestiones vinculadas a la seguridad ciudadana, la protección de las víctimas y la responsabilidad penal de menores que se inician tempranamente en el delito.
El tema atraviesa dimensiones éticas, educativas y sociales, y se instala nuevamente en el centro del debate legislativo, con el objetivo de dar respuesta a una demanda creciente de la ciudadanía frente a hechos delictivos de alta gravedad.
