El gran desafío argentino: competencia internacional e industria nacional

Una industria bajo presión

La Argentina enfrenta un escenario complejo. La caída del consumo interno, el estancamiento del empleo registrado y la creciente competencia de productos importados —especialmente provenientes de Asia— colocan a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en una situación delicada, y muchos empresarios cerraron sus puertas buscando otras alternativas de inversión ante esta situación. Muchos bienes llegan al país a precios significativamente inferiores a los costos locales de producción, generando una presión difícil de sostener para fabricantes nacionales. Y los trabajadores se llevan la peor parte.

En paralelo, el Gobierno impulsa reformas estructurales, entre ellas una nueva legislación laboral, con el objetivo de fomentar la formalización del empleo. Sin embargo, el desafío es doble: modernizar las reglas del mercado de trabajo sin profundizar la caída de puestos registrados en un contexto de competencia externa intensa.

Cómo se protegen las economías desarrolladas

El fenómeno de la competencia china no es exclusivo de la Argentina. Desde hace décadas, China ha expandido su presencia en los mercados occidentales con productos de bajo costo. Frente a ello, los países desarrollados han implementado distintas herramientas para proteger sus industrias estratégicas.

Entre las principales medidas se encuentran los aranceles o impuestos a la importación. En Estados Unidos, por ejemplo, se aplican gravámenes bajo distintas secciones de su legislación comercial, que encarecen productos chinos en sectores considerados sensibles. En casos de competencia considerada desleal, pueden acumularse varias capas de aranceles, elevando sustancialmente el precio final del producto importado.

Otra herramienta clave son las medidas antidumping y antisubvención. Estas se activan cuando se comprueba que un país exporta bienes a precios inferiores a su costo de producción o que sus empresas reciben subsidios estatales que distorsionan la competencia. En esos casos, se imponen derechos adicionales para equilibrar el mercado.

Más recientemente, la Unión Europea ha incorporado mecanismos ambientales como el Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que obliga a importadores de productos intensivos en emisiones a pagar un costo equivalente al que enfrentan los productores europeos. El argumento es evitar la “fuga de carbono” y proteger a las industrias que ya cumplen con normas ambientales estrictas.

Además de estas herramientas, existen cuotas de importación, exigencias técnicas y subsidios directos a sectores estratégicos, con el objetivo de sostener el empleo y la capacidad productiva local.

Las herramientas que aplica Argentina

Frente a este panorama global, la Argentina también dispone de instrumentos de defensa comercial, aunque en un contexto macroeconómico más frágil.

El principal mecanismo es el antidumping. A través de investigaciones administrativas, se pueden aplicar derechos adicionales cuando se detecta competencia desleal. Recientemente, se redujeron los plazos de investigación para dar respuestas más ágiles a sectores afectados. Existen actualmente derechos elevados en productos como bombas de agua, electrodomésticos y otros bienes industriales provenientes de China.

En materia de barreras técnicas, el país mantiene estándares de calidad y seguridad para el ingreso de productos terminados. Si bien se han simplificado algunos trámites para reducir costos de insumos y maquinarias, los requisitos técnicos siguen funcionando como filtros regulatorios.

Otra línea de acción es la reducción de los llamados “costos argentinos”. El Gobierno ha eliminado o disminuido aranceles a la importación de maquinaria y herramientas industriales, con la intención de que las PYMES puedan modernizarse y mejorar su competitividad. Asimismo, se promueve la baja de cargas impositivas provinciales y municipales, aunque su implementación depende de acuerdos con las jurisdicciones locales.

Las salvaguardas y cuotas también forman parte del arsenal disponible, permitiendo aplicar restricciones temporales cuando un aumento abrupto de importaciones genera daño grave a un sector, como lo hizo EEUU al limón tucumano en ocasiones, en defensa del producto californiano.

La “tormenta perfecta” de las PYMES

Todos sabemos que las PyMES (pequeñas y medianas empresas) son las que más trabajo en blanco brindan a la economía. Y vemos que, a pesar de estas herramientas que señalamos más arriba, muchas empresas enfrentan lo que describen como una “tormenta perfecta”: consumo deprimido, altos costos financieros y presión competitiva externa. Sectores sensibles a la competencia asiática reclaman mayor acceso al crédito y políticas de estímulo al mercado interno, como la baja de impuestos nacionales y sobre todo provinciales, que son un ancla imposible para competir hoy.

El dilema de fondo es cómo equilibrar apertura y protección. Un cierre total de la economía podría encarecer productos y aislar al país de cadenas globales de valor. Una apertura irrestricta, en cambio, puede acelerar el cierre de empresas locales incapaces de competir en igualdad de condiciones, como ya vemos, como FATE en Buenos Aires, y cientos de pequeñas fábricas casi domésticas, con unos cuantos empleados, que no se ven en las noticias, pero suman al desempleo formal por miles, ya.

El rol del Estado en un nuevo escenario

El debate trasciende lo técnico y se vuelve político. Para algunos, el Estado debe actuar como árbitro activo, garantizando condiciones justas frente a prácticas desleales y evitando la destrucción de capacidades productivas nacionales. Para otros, la clave está en mejorar la competitividad interna mediante reformas estructurales laborales e impositivas que reduzcan costos y aumenten productividad.

En un mundo marcado por tensiones comerciales y reconfiguraciones geopolíticas, la Argentina necesita una estrategia clara. Proteger el empleo y la industria nacional no implica aislarse, pero sí definir reglas que eviten la competencia desigual.

Aquí vemos que la ideología se desintegra ante problemas reales, únicos, y las soluciones no pasan por el manual de turno (hoy, el capitalismo ortodoxo, la desaparición del Estado, el mercado como regulador absoluto, o tantas “ideas” defendidas como dogmas) ni volver al populismo que nos llevó hasta aquí; sino tener un Estado que asuma el rol de árbitro justo en las relaciones sociales, en ordenar el comercio, las políticas de estado, porque, ya lo vemos; y nos lo recuerda la Doctrina Social de la Iglesia, el mercado y la sociedad no se “regulan” solas.

El desafío, en Argentina, es encontrar un equilibrio que permita sostener a trabajadores y empresas sin renunciar a la integración internacional. En tiempos de crisis y reformas, el Estado tiene la responsabilidad de diseñar políticas que preserven el esfuerzo productivo y sienten bases sólidas para un crecimiento sostenible. ¿Podremos hacerlo sin crispación? De todos depende.