La CGT va a tribunales, mientras la gente espera soluciones concretas
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En medio del debate por la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió no adherir al paro de 36 horas con movilización convocado por el sector más combativo del sindicalismo, nucleado en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu). En lugar de sumarse a la huelga, la central obrera optó por una estrategia más moderada: marchar el lunes al Palacio de Tribunales para respaldar la impugnación judicial que presentará contra la norma.
La decisión implica no convocar masivamente a trabajadores ni afiliados. La movilización estará integrada principalmente por dirigentes y delegados, replicando el esquema adoptado el 27 de diciembre de 2023, cuando la CGT se concentró también frente a Tribunales para acompañar la presentación judicial contra el DNU 70.
La vía judicial como estrategia
La central sindical buscará que se declare la inconstitucionalidad de la reforma laboral, cuya aprobación definitiva podría concretarse en el Senado en las próximas horas. Desde la conducción sostienen que existen puntos de la ley que afectan derechos individuales y colectivos, alterando tanto la representación gremial como garantías laborales básicas.
El recurso a la Justicia llega después de que fracasaran las instancias de diálogo con el Gobierno nacional y con gobernadores, a quienes la CGT intentó convencer para introducir modificaciones en los artículos más cuestionados.
Además, anticiparon que el plan de acción no se agotará en la movilización del lunes. La central advierte sobre la caída del empleo formal, el cierre de pymes y el creciente endeudamiento familiar como ejes de conflicto que seguirán presentes en su agenda.
En cuanto a la estrategia jurídica, los equipos legales evalúan si la presentación se realizará en el fuero laboral o en el contencioso administrativo, dado que el planteo apunta a cuestionar la constitucionalidad de la norma.
Tensiones dentro del sindicalismo
La postura moderada de la CGT generó críticas internas. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), su titular Rodolfo Aguiar cuestionó la decisión de priorizar la vía judicial por sobre la confrontación directa. “Los mismos que confiaron en el Congreso aunque no estuvieran los votos, ahora nos dicen que tenemos que confiar en la Justicia. ¿Cuándo van a confiar en los trabajadores?”, expresó.
El dirigente sostuvo que la historia juzgará el posicionamiento de cada sector en este momento clave, dejando en evidencia la fractura dentro del movimiento obrero respecto a cómo enfrentar las reformas oficiales.
La advertencia de la Iglesia
En paralelo al conflicto sindical, la Cáritas Argentina y referentes de la Iglesia Católica alzaron la voz por el cierre de la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SSISU), que implicará la no renovación de contratos de unos 300 trabajadores y la paralización de obras en barrios populares.
El arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, advirtió que sin integración socio urbana no hay futuro para millones de personas. Señaló que, más allá de transferencias como la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar, la pobreza multidimensional no se resuelve sin acceso a agua potable, cloacas, centros de salud y obras básicas de infraestructura.
El reclamo introduce un componente social más amplio en el debate: el ajuste fiscal no solo impacta en el empleo y la producción, sino también en políticas destinadas a los sectores más vulnerables.
Empleo, producción y mercado
Aunque la inflación muestra una desaceleración y algunos indicadores macroeconómicos exhiben mejoras, el empleo continúa resentido. La recuperación del salario real avanza con lentitud y el cierre de pequeñas y medianas empresas sigue siendo una preocupación constante.
La reforma laboral es presentada por el Gobierno como una herramienta para dinamizar el mercado de trabajo, pero varios analistas advierten que no sería suficiente por sí sola. Sin una política integral que incentive la inversión y proteja sectores estratégicos, el efecto podría resultar limitado.
La industria nacional, particularmente las pymes, enfrenta la competencia de productos importados a precios más bajos. El debate sobre el rol del Estado vuelve a escena: ¿debe intervenir para equilibrar condiciones frente a mercados internacionales que aplican barreras y aranceles en defensa de su producción? Estados Unidos y Europa muestran que incluso economías abiertas aplican medidas para proteger sectores sensibles. La reducción de la presión impositiva, prometida por el oficialismo, aparece como una demanda reiterada del sector productivo, aunque su implementación aún genera expectativas, se pospone.
Una Argentina en transición
El país atraviesa un proceso de transformación profunda. Algunos celebran el ordenamiento macroeconómico; otros advierten que el costo social puede ser elevado si no se acompaña con medidas que resguarden el empleo y la producción.
En este contexto, la decisión de la CGT de acudir a la Justicia en lugar de profundizar la confrontación directa refleja una búsqueda de equilibrio, aunque no exenta de críticas. Mientras tanto, millones de argentinos continúan esperando acuerdos políticos que ofrezcan respuestas concretas a problemas cotidianos.
La pregunta es si la dirigencia —oficialismo, oposición, sindicatos y actores sociales— podrá encontrar puntos de consenso que prioricen el bien común por encima de la disputa electoral permanente, con alternativas para paliar los problemas actuales y ponerlos en práctica. La salida no parece sencilla, pero la demanda social es clara: menos enfrentamiento y más soluciones.
El pueblo en las urnas dio un voto de confianza mayoritariamente. Está en el Gobierno, el Congreso y la Justicia la respuesta a los problemas de la gente, con diálogo, institucionalidad y respeto a la leyes… desde el sentido común. ¿Es mucho pedir?
