La Justicia federal homologó la conciliación alcanzada entre la UNT y YMAD
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El juez federal N.º 2 de Catamarca, Guillermo Andrés Díaz Martínez, homologó el acuerdo conciliatorio celebrado entre la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), poniendo fin a un prolongado conflicto por la distribución de utilidades mineras.
La decisión judicial representa el último paso en un proceso de recomposición que se extendió durante años y que involucró tanto a autoridades universitarias como al Gobierno de Catamarca y al Estado nacional.
Un acuerdo político e institucional
El entendimiento había sido firmado el 15 de diciembre por el rector de la UNT, Sergio Pagani, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, con el objetivo de resolver el litigio en torno a YMAD, entidad creada en 1958 por la Nación, la provincia de Catamarca y la UNT.
Posteriormente, el 6 de enero, el gobierno de Javier Milei formalizó la salida del Estado nacional de la conducción y administración de la empresa minera. Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Poder Ejecutivo transfirió la gestión operativa a la provincia de Catamarca, en el marco de la reducción de la estructura estatal y tras declarar la emergencia pública en materia económica.
Con estas decisiones políticas e institucionales allanadas, restaba la homologación judicial, que ahora deja firme el acuerdo.
El origen del conflicto: el acta de 2008
La relación entre la UNT y la actividad minera se remonta al descubrimiento del yacimiento Farallón Negro por Abel Peirano, quien cedió a la Universidad los derechos de explotación. En 1958, a través de la Ley 14.771, se creó YMAD y se estableció en su artículo 18 que las utilidades se repartirían en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT, fondos destinados a finalizar la Ciudad Universitaria.
Durante décadas no hubo mayores controversias. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI, el ingreso de importantes sumas derivadas de la concesión a Minera Alumbrera modificó el escenario.
Cerisola, condenado a 3 años y medio de prisión por incumplimiento de funcionario público y defraudación
El quiebre ocurrió en 2008, cuando el entonces rector Juan Alberto Cerisola firmó un convenio que dio por concluida la Ciudad Universitaria y alteró la distribución original: 20% para otras universidades nacionales y 20% para la UNT, de libre disponibilidad. La Universidad declaró nula esa acta por considerar que fue suscripta por autoridad incompetente y sobre la base de antecedentes falsos.
A partir de allí se inició un litigio para retrotraer la situación al esquema original del 40% para la UNT. YMAD se opuso y, por orden de la Cámara de Apelaciones, el 20% destinado a otras universidades quedó depositado a plazo fijo en el Juzgado Federal.
El contenido del acuerdo homologado
El 6 de enero las partes presentaron el acuerdo conciliatorio ante el juzgado y solicitaron su homologación en los términos del artículo 309 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Acompañaron la resolución del Consejo Superior de la UNT, la Ley 5.932 de Catamarca, el Decreto 1.720, el acta interpretativa del artículo 18 de la Ley 14.771 y el acuerdo modificatorio del Acta de Farallón Negro.
El magistrado consideró que la conciliación no vulnera el orden público y, por lo tanto, es susceptible de homologación judicial. También dejó asentado que las partes asumieron responsabilidad ante eventuales reclamos de terceros mediante una cláusula de indemnidad.
Con la homologación, el proceso quedó concluido y las costas se establecerán conforme lo acordado, difiriéndose la regulación de honorarios hasta que exista base líquida y firme.
Nueva etapa para YMAD y la Ciudad Universitaria
Tras la desvinculación del Estado nacional, Catamarca y la UNT dispondrán de YMAD. La empresa ya contrató a Golder Associate Argentina S.A. – WSP, especializada en materia ambiental, para elaborar y administrar un plan de cierre y remediación ambiental.
Asimismo, se dejan sin efecto los reclamos vinculados a utilidades devengadas o a devengarse, consolidando el marco de previsibilidad jurídica.
Con la homologación del juez Díaz Martínez, el acuerdo adquiere carácter de cosa juzgada. De esta manera, queda firme la restitución del 40% de utilidades para la UNT, conforme al esquema original previsto en la ley de creación.
El compromiso se considerará cumplido cuando se hayan construido los 135.000 metros cuadrados proyectados para la Ciudad Universitaria. Ahora, la responsabilidad recae en el Consejo Superior de la UNT, órgano facultado para disponer de los bienes de la institución, que deberá definir cómo y dónde se invertirán los fondos recuperados.
Se abre así una nueva etapa para la Universidad y para la provincia, con la expectativa de que los recursos mineros cumplan finalmente el destino académico y de infraestructura para el cual fueron concebidos hace más de seis décadas, sin vergonzosas gestiones que no supieron administrar los millones recibidos gracias a la generosa donación de Abel Peirano, incluso condenas, como la del ex rector Cerisola, el apellido más negro de la historia de la UNT, de quien la UNT deberá soportar la vergüenza internacional por años, por el enorme daño institucional que, además, le causó.
