La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno Nacional deberá aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), aprobada por el Congreso el año pasado. De esta manera, la Justicia rechazó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo y reafirmó la obligación de cumplir con la normativa vigente.
Rechazo judicial a la apelación del Gobierno
El fallo judicial desestimó los argumentos presentados por el Gobierno para no implementar la ley y los calificó como “poco serios”. En su resolución, el tribunal destacó que tanto la Cámara de Diputados como el Senado habían aprobado el proyecto por mayoría, lo que le otorga plena validez institucional.
Asimismo, los jueces señalaron que la decisión del Ejecutivo de suspender la aplicación de la ley mediante un decreto carece de legitimidad jurídica, por lo que ordenaron su puesta en marcha sin más demoras.
Salarios docentes y becas, entre los puntos centrales
La resolución también dispuso medidas concretas en relación con el sistema universitario. Entre ellas, la recomposición salarial del personal docente y no docente, tomando como referencia el período comprendido entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, momento en que la ley fue sancionada.
Además, el fallo ordena al Gobierno avanzar rápidamente con la actualización de las becas estudiantiles, otro de los puntos clave de la legislación, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de acceso y permanencia en el sistema universitario público.
El origen del conflicto
El mes pasado, el Gobierno había apelado la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley. Esa presentación fue realizada a través de la Procuración del Tesoro, luego de que en diciembre de 2025 se dictara una resolución judicial a partir de un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La resolución judicial se produjo en un contexto de fuertes reclamos del CIN y de numerosas universidades públicas, que denunciaban el desfinanciamiento del sector educativo superior.
Estas demandas también estuvieron acompañadas por un paro universitario nacional de tres semanas, que afectó el funcionamiento de la mayoría de las universidades públicas del país y tuvo como principal reclamo la recomposición salarial.
El rol de la docencia universitaria y la política metida en los claustros
Dentro del sistema universitario, los docentes constituyen el pilar fundamental. Y son los que soportan el mayor peso. Las universidades aducen que casi todo el presupuesto es para pagar sueldos. Pero lo que no se dice es que han sido prácticamente cooptadas por la política partidaria, y han sumado cientos de militantes a la planilla salarial, que nada aportan a sus fines. También, y tal vez por la misma causa, han incurrido en gastos inexplicables, como aportes para producciones cinematográficas independientes; y so pretexto de la autonomía universitaria, no rinden cuentas de los gastos, que es lo que pide el Gobierno.
Por supuesto, esto no modifica la necesidad de cumplir con la ley ni la obligación de garantizar condiciones salariales dignas. Porque más allá de cualquier discusión política entre el Gobierno y las autoridades universitarias, los docentes no pueden ser las víctimas de estas disputas.
Una situación salarial crítica
La realidad muestra que los docentes universitarios vienen soportando desde hace años una significativa pérdida del poder adquisitivo de sus salarios, que suma más del 35%. Las actualizaciones salariales no han logrado acompañar el ritmo de la inflación, lo que ha deteriorado notablemente sus ingresos. Son las instituciones democráticas las que deben superar las diferencias (Justicia, Gobierno, autoridades universitarias) y solucionarlo ya.
