El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU alertó sobre lo que considera un retroceso en las políticas públicas vinculadas a los llamados derechos de las mujeres en la Argentina. Según el organismo, el cierre de instituciones y la reducción del presupuesto en áreas específicas representan una señal preocupante para la agenda feminista que impulsa a nivel global.
Entre los puntos señalados por el comité aparecen la prevención de la violencia de género, el acceso a la llamada salud sexual y reproductiva, la continuidad de la Educación Sexual Integral (ESI) y la implementación del Plan ENIA para prevenir el embarazo adolescente.
Sin embargo, cuando desde estos organismos se habla de “acceso a la salud reproductiva”, lo que en realidad se está señalando es el acceso al aborto. No se trata de promover la reproducción humana ni de acompañar la maternidad, sino de garantizar la interrupción del embarazo, es decir, la eliminación de niños por nacer.
De la misma manera, cuando se menciona la necesidad de fortalecer la Educación Sexual Integral, se está refiriendo a la difusión en las escuelas de contenidos vinculados al feminismo y a la promoción del aborto entre niños y adolescentes. Y cuando se plantea la prevención del embarazo adolescente, lo que se promueve es la distribución de métodos abortivos y el acceso a medicamentos como el misoprostol.
El misoprostol y las políticas del actual gobierno
En ese contexto, el gobierno nacional adoptó una postura distinta a la de las administraciones anteriores. A diferencia de lo que ocurrió en años previos, el Estado nacional dejó de adquirir y distribuir misoprostol de manera masiva. En atención, además, a lo que ordena el ANMAT en referencia a esos medicamentos (sólo deben ser administrados por un profesional con seguimiento y bajo prescripción medica), y que no se hacía.
Esto contrasta con lo que todavía ocurre en algunas provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el medicamento continúa siendo entregado. Y han multiplicado la compra de estas peligrosas pastillas, para avanzar con el aborto provocado.
Lo que la ONU pretende ahora es que el Estado argentino retome la provisión de este medicamento y profundice políticas orientadas al aborto, algo que el organismo presenta bajo el lenguaje de los llamados “derechos reproductivos”.
Presiones internacionales y la agenda global
El comité de la ONU pidió además que el Estado argentino informe en un plazo de dos años cómo garantizará esos “derechos”.
A esta presión internacional se sumó Amnistía Internacional Argentina, que recordó que el país asumió compromisos internacionales en el tema.
En los hechos, lo que aparece es la insistencia de organismos internacionales que buscan mantener la Agenda global vinculada al aborto y a las políticas feministas, incluso cuando en distintos países comienzan a surgir gobiernos que cuestionan ese enfoque, con mayorías que esperan un cambio no sólo en las políticas económicas y de seguridad, sino también en las políticas sociales.
Un cambio de clima político y cultural
En la Argentina, la aprobación de la ley de aborto se produjo mientras los argentinos estaban encerrados en sus casas, durante una oscura trasnoche legislativa que autorizó al Estado a proveer los medios para interrumpir embarazos. Desde entonces, más de 400.000 niños por nacer han sido eliminados y el país enfrenta además un marcado descenso en la natalidad.
Este fenómeno abre un escenario complejo desde el punto de vista demográfico, social y geopolítico, que recién ahora algunos medios empiezan a tocar.
Frente a este panorama, una mayoría de argentinos ha expresado en las urnas su apoyo a una agenda política que reivindica la defensa de la vida de los más inocentes y espera que esas promesas se traduzcan en políticas concretas. El propio presidente ha cuestionado públicamente la Agenda 2030, señalada como el marco internacional desde el cual se impulsan estas iniciativas.
La realidad de la ONU, hoy
La ONU, otrora una institución internacional que se creó para sostener y defender las naciones del mundo y a la Humanidad toda, atentó contra esos pueblos del mundo a los que debía defender. Y con lenguaje ambiguo, introdujo la muerte planificada, la medicina para matar, no sanar; y la educación, no para educar, sino para adoctrinar en esa ideología.
Hoy está desacreditada cada día más, y la vemos enmudecida ante los problemas y las guerras que sacuden al mundo, sin emitir un sonido en favor de la paz. El mundo se desangra, y sólo está preocupada por ordenar a la Argentina a cumplir la agenda abortista que, penosamente el doble standard moral de gobiernos provinciales y de CABA, siguen dándole cabida.
Este año se hace la Marcha por la Vida en Argentina este 28 de marzo. Una vez más, los argentinos tienen la oportunidad de exigir la defensa de la vida a todos los políticos que siguen permitiendo el aborto con o sin ley, en contra del mandato constitucional de proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. En CABA y en cada plaza del interior del país, alzando su voz.
Y darle un mensaje claro al gobierno nacional que sólo con el discurso electoral no alcanza, y que el pueblo argentino espera que cumpla con lo prometido.
