La Rioja en default: una crisis que se prolonga
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Hoy existe una sola provincia argentina en situación de default: La Rioja. Lleva más de 720 días en cesación de pagos, acumula fallos adversos en tribunales de Estados Unidos y recientemente volvió a anunciar que no abonará los intereses de su deuda externa.
Gobernada por Ricardo Quintela, la provincia se convirtió en el único distrito del país que no está cumpliendo con sus compromisos internacionales. En un escenario donde otras jurisdicciones lograron reestructurar y normalizar sus pasivos, La Rioja permanece aislada de los mercados financieros.
El Bono Verde y el origen del conflicto
El núcleo del problema es el llamado “Bono Verde”, emitido en 2017 por 300 millones de dólares para financiar el Parque Eólico Arauco. La provincia dejó de pagar los servicios de esa deuda en febrero de 2024. No es la primera vez que enfrenta una situación similar: en 2020 también cayó en default y recién logró reestructurar tras más de 400 días de negociación.
La diferencia actual es que no hay un acuerdo en el horizonte y los bonistas ya activaron demandas en el exterior. La causa avanzó en tribunales estadounidenses, con decisiones desfavorables para la provincia.
El dato más sensible es que el parque eólico fue construido, operado y finalmente vendido a Pampa Energía. La provincia percibió ingresos por esa operación, pero los acreedores no cobraron los pagos correspondientes. En términos simples: se tomó deuda para crear un activo, ese activo fue vendido, pero la obligación financiera no se canceló. Mientras tanto, los intereses y penalidades continúan acumulándose.
Un contraste regional evidente
El escenario riojano contrasta con el de otras provincias del Norte Grande que también recurrieron al mercado internacional para financiar proyectos energéticos.
Jujuy, por ejemplo, emitió deuda para desarrollar el Parque Solar Cauchari. Actualmente ya amortizó cerca del 67% del capital y prevé cancelar la totalidad en 2027.
Salta habrá pagado el 75% de su bono hacia 2026 y proyecta saldar el resto al año siguiente. Además, aprobó inversiones mineras de gran magnitud bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que fortalece su perfil productivo y fiscal.
Chaco, incluso combinando deuda internacional y local, proyecta haber repagado alrededor del 67% de su bono externo hacia 2026.
La Rioja, en cambio, no amortizó capital y permanece en default pleno. Es la única provincia argentina en esa condición, lo que limita su acceso al crédito y encarece cualquier eventual financiamiento futuro.
Un pasivo que crece
Si no se produce un cambio de estrategia, el actual gobernador podría concluir su mandato en 2027 con una deuda cercana a los 450 millones de dólares, es decir, aproximadamente un 150% del monto originalmente emitido. El incremento responde a la acumulación de intereses, punitorios y costos judiciales.
En un país donde la mayoría de las provincias logró reordenar su frente externo tras la crisis de 2020, La Rioja se mantiene como un caso singular y preocupante.
El impacto en la vida cotidiana
Más allá de las cifras y los litigios internacionales, la situación tiene consecuencias concretas en la vida diaria de los riojanos. En la provincia circula una cuasi-moneda utilizada para el pago de salarios públicos, lo que obliga a muchos trabajadores a cambiar esos instrumentos por pesos o dólares con descuentos que reducen su poder adquisitivo.
Ese desagio impacta directamente en las compras cotidianas, desde el almacén hasta el pago de servicios. La falta de normalización financiera no es solo un problema técnico: afecta la economía doméstica y las expectativas de estabilidad.
La provincia posee recursos minerales significativos que podrían ofrecer una perspectiva de desarrollo a mediano y largo plazo, al igual que ocurre en otras jurisdicciones del norte y la Patagonia. Sin embargo, el potencial no sustituye las soluciones urgentes que demanda la realidad actual.
¿Cómo sigue la película?
La pregunta que muchos se hacen es cuál será el próximo paso. ¿Habrá una nueva negociación con acreedores? ¿Se buscará un acuerdo extrajudicial? ¿Intervendrá el Gobierno nacional con algún tipo de asistencia o mediación?
La salida requiere credibilidad, previsibilidad y un plan fiscal consistente que permita retomar el diálogo con los bonistas. Sin un giro claro, la provincia seguirá aislada de los mercados y acumulando obligaciones.
Más allá de disputas ideológicas, los intereses electorales o el deseo de aferrarse al sillón de uno y de sacarlo de otros, la cuestión central es institucional, y atraviesa al riojano de a pié, que mira impaciente. La Rioja necesita reconstruir confianza, tanto hacia afuera como hacia adentro. La ciudadanía espera respuestas concretas que mejoren su presente y despejen la incertidumbre sobre el futuro propio y de sus hijos.
