“No aporta nada un paro”, dijo Jaldo en Tucumán
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Ante la huelga de 24 horas convocada para este jueves, el gobernador de Osvaldo Jaldo cuestionó la efectividad de la medida y advirtió que “muchas veces no aporta nada”. Si bien aclaró que respeta el derecho constitucional a la protesta, remarcó que en el actual contexto económico las provincias del interior atraviesan serias dificultades y requieren responsabilidad por parte de todos los sectores.
“Estamos en democracia y siempre y cuando sea un paro que esté dentro de las leyes y las reglamentaciones, hay que respetarlo”, afirmó el mandatario al ser consultado por la prensa. Sin embargo, planteó un contrapunto inmediato al sostener que este tipo de medidas terminan paralizando la actividad económica y no siempre generan soluciones concretas a los problemas de fondo.
El impacto en la vida cotidiana
Uno de los ejes centrales de la preocupación oficial es el impacto directo sobre la ciudadanía. Jaldo puso especial énfasis en la logística diaria de miles de trabajadores que dependen del transporte público para cumplir con sus obligaciones.
“La gente, por más voluntad que tenga de ir a trabajar, no lo puede hacer”, señaló, en referencia a la eventual paralización del servicio de colectivos. La imposibilidad de trasladarse no solo afecta a empleados del sector privado y público, sino también a estudiantes, comerciantes y pequeños emprendedores que dependen del movimiento diario para sostener sus ingresos.
En ese sentido, el gobernador cuestionó la utilidad práctica de la medida de fuerza y planteó una pregunta retórica que sintetiza su postura: “Yo respeto la decisión de la CGT, pero ¿después del paro qué? Nada, seguimos iguales”. Con esa frase, buscó instalar el debate sobre la efectividad real de las huelgas generales como herramienta de presión política y sindical.
Transporte paralizado: la UTA confirma su adhesión
Mientras tanto, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que el transporte público en Tucumán adherirá a la medida dispuesta por la Confederación General del Trabajo (CGT). La decisión implica la suspensión de los servicios de colectivos en toda la provincia, en rechazo a la reforma laboral impulsada a nivel nacional.
La medida busca presionar para la incorporación de distintos gremios estatales al reclamo, mediante la paralización de servicios esenciales y la visibilización de las demandas sindicales. Sin embargo, en los hechos, coloca a los ciudadanos en una situación compleja, al quedar sin uno de los servicios básicos para la movilidad diaria.
En una provincia donde incluso el oficialismo peronista ha mostrado divisiones internas —con legisladores que en el Congreso votaron a favor de la reforma laboral—, el paro representa también una señal política. Por un lado, impacta directamente en la ciudadanía; por otro, interpela al propio gobernador, quien recientemente destinó recursos para asistir al sistema de transporte público provincial en medio de una profunda crisis financiera y laboral.
Un escenario político dividido
El conflicto expone además tensiones más amplias dentro del peronismo y la oposición a nivel nacional. Mientras un sector busca acompañar ciertas medidas económicas con el argumento de garantizar gobernabilidad y estabilidad en sus distritos, otro sector, concretamente el kirchnerismo y la CGT, adopta una postura más confrontativa frente al Gobierno nacional.
En este contexto, el paro adquiere una dimensión que trasciende lo estrictamente sindical y se inscribe en una disputa política más amplia. Para algunos dirigentes, la estrategia es ejercer presión constante sobre la administración nacional; para otros, la prioridad debería ser sostener la estabilidad institucional en un país con fuertes desequilibrios económicos.
Jaldo, desde su rol como gobernador de una provincia del interior, insistió en la necesidad de prudencia. “Tenemos que ser muy responsables en las medidas que se toman”, subrayó, al tiempo que reiteró su respeto por las decisiones de cada sector gremial.
Entre el derecho a protestar y la necesidad de estabilidad
En medio de una Argentina atravesada por crisis recurrentes y reformas estructurales en discusión, la tensión entre reclamo y gobernabilidad vuelve a escena. Y más, en provincias alejadas de la capital porteña. La pregunta que sobrevuela el escenario tucumano —y nacional— es si estas medidas contribuyen a destrabar conflictos o si, como advirtió el gobernador, terminan profundizando la parálisis sin modificar el rumbo de los acontecimientos.
