Un caso que sacude conciencias
La muerte de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, dejó al descubierto errores profundos en el sistema de protección de la infancia. Su padre, Luis López, denunció penalmente a la psicóloga Jennifer Grisel Leiva por presunta falsedad ideológica y negligencia.
Sostiene la acusación que los informes elaborados por la profesional fueron determinantes para que la justicia otorgara la tenencia del niño a su madre, Mariela Altamirano, hoy detenida e imputada por el asesinato junto a su pareja, Maicol González.
Informes bajo sospecha
El eje del caso está en los informes del Servicio de Protección de Derechos. Si esos documentos fueron incompletos o erróneos, la decisión judicial que cambió la tenencia se habría basado en un diagnóstico equivocado. Llevado por prejuicios ideológicos, incluso.
En materia de infancia, esto no es un detalle técnico: es la base sobre la cual se define la seguridad de un menor. Un informe mal elaborado puede tener consecuencias irreversibles.
Un padre que no fue escuchado
Luis López había asumido la crianza del niño durante años, en un contexto donde la madre había estado ausente. También habría advertido sobre los riesgos de modificar esa situación.
La pregunta es directa: ¿se evaluaron correctamente esos antecedentes? ¿Se escuchó al padre? ¿Se consideró el entorno real del niño? Incluso el propio Ángel no quería ir con la progenitora, y quedó dolorosamente grabado en videos que ni la psicóloga ni la Justicia tuvieron en cuenta.
En muchos casos de familia, la práctica muestra que quien ejerce el cuidado efectivo no siempre recibe la valoración que corresponde. Para muestra, el caso del pequeño Lucio Dupuy, otro pequeño entregado a la madre (y su pareja lesbiana) que lo agredieron hasta matarlo, y ni el Juzgado ni los profesionales advirtieron. Tampoco.
Decisiones condicionadas
Este caso también reabre el debate sobre cómo se toman decisiones en la justicia de familia. Las “perspectivas de género”, aplicadas por decisiones ideológicas o incluso militancia (como sería el caso de Leiva), pueden derivar en simplificaciones peligrosas, como en los casos señalados.
Priorizar a uno de los progenitores sin analizar el contexto concreto no es garantizar derechos: es asumir sin verificar, poniendo al niño en riesgo de muerte.
Cada situación requiere estudio individual, evidencia y prudencia. ¿Cuántos Lucios están hoy sin la protección de la Justicia por una premisa ideológica? ¿Cuántos casos más vamos a soportar?
Controles que no existieron
Otro aspecto clave es la falta de seguimiento. El cambio de tenencia no puede limitarse a una resolución judicial: necesita controles posteriores, visitas, evaluaciones y acompañamiento.
Cuando ese proceso falla, el sistema deja de proteger.
Una advertencia urgente
La muerte de Ángel no es solo una tragedia individual. Es una señal de alerta sobre fallas estructurales: informes cuestionados, decisiones discutibles, ideología en el medio y falta de control.
La justicia de familia trabaja con lo más valioso: la vida de los niños. Por eso necesita rigor, responsabilidad y escucha real. Cuando eso no ocurre, el costo es irreparable. Las lágrimas de Ángel no pueden ser olvidadas.
