La Justicia bajo sospecha: decisión exprés en AFA, Diego Cabot en el banquillo y la desconfianza pública que crece
Fallos que desconciertan y debilitan la credibilidad
En distintos tribunales del país comienzan a acumularse decisiones que, más que impartir justicia, generan desconcierto y alimentan la desconfianza social. No se trata de discrepar con un fallo —algo legítimo en cualquier sistema democrático— sino de advertir prácticas que parecen alejarse de la corrección procesal y del objetivo central: la búsqueda de la verdad.
El hecho que encendió una vez más las alarmas fue la causa contra Claudio “Chiqui” Tapia (presidente de la AFA) y Pablo Toviggino (tesorero), donde el juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, tomó una decisión relámpago antes de dejar el expediente.
Recordemos que el El fiscal federal Pedro Simón había solicitado la detención inmediata e indagatoria de Tapia, Toviggino y otros 22 imputados. Los acusó de liderar una asociación ilícita y realizar maniobras de lavado de activos mediante el desvío de fondos de la AFA hacia empresas vinculadas al entorno de los dirigentes.
El fiscal Simón y el juez Argibay con intereses encontrados
Pero el juez Argibay resolvió el caso con extrema rapidez en una secuencia que el fiscal denunció como una maniobra, y apeló, pidiendo la nulidad de lo actuado por Argibay y reclamando que la investigación continúe en Santiago del Estero, señalando que en su presentación presentó, además, un cúmulo de pruebas que no fueron atendidas por Argibay.
De hecho, la Cámara Federal de Tucumán apartó al juez santiagueño que había favorecido a Tapia y Toviggino, que había declarado la incompetencia de su juzgado y enviado el expediente a Campana minutos antes de que el tribunal hiciera lugar a la recusación planteada por el fiscal Simón, quien alertó sobre vínculos comerciales entre el juez y la hermana de Toviggino.
Tobillino y Tapia
Un juez federal que decide en causas de lavado de dinero y asociación ilícita en la AFA, que antes que nada debería haberse apartado por sus vínculos con uno de los acusados, pero además, no debería haberse expedido si analizar la presentación y pruebas del fiscal, y mucho menos aún, enviarla a Campana, juzgado que por el periodismo se presume que los acusados conseguirían impunidad. Todo señala que sería una maniobra dolosa la del juez. ¿Habrá al menos una reprimenda?
El fiscal Simón pide se evalúe la conducta del juez Argibay en el Consejo de la Magistratura, denunciando una posible intromisión en la autonomía del Ministerio Público y filtración de información a la defensa.
Cuando decisiones de esa magnitud se resuelven en tiempos que parecen incompatibles con un análisis profundo, la sospecha sobre el Juez, que además dicta y se aparta del caso, se instala casi de manera inevitable. No así, en este caso, sobre el valiente fiscal.
La causa Causa Cuadernos: ¿un juicio que se diluirá en el tiempo?
Pero si el problema en algunos expedientes es la velocidad (arbitraria), en otros es exactamente lo contrario. La llamada “Causa Cuadernos”, uno de los procesos más relevantes en materia de corrupción, avanza a un ritmo que muchos consideran exasperante.
Primero fue la decisión de evitar audiencias diarias, lo que ya implicaba una extensión considerable en el tiempo. Luego, la propuesta de realizar instancias virtuales, que también generó controversia. El resultado es un proceso que podría prolongarse durante años.
El problema no es menor: varios de los imputados son personas de edad avanzada. A este ritmo, existe la posibilidad concreta de que, cuando llegue una eventual sentencia, muchos accedan a prisión domiciliaria o incluso no lleguen a verla.
La justicia tardía, en estos casos, puede convertirse en otra forma de impunidad.
Testigos al límite: prácticas que rozan el abuso
A esta situación se suma un episodio que hoy generó fuerte indignación: un testigo sometido a más de doce horas de interrogatorio sin cuarto intermedio: el periodista Diego Cabot, testigo central y denunciante, en una jornada vergonzosa en el Tribunal Oral Federal N°7.
Más allá de la estrategia de las defensas —que incluye insistir, repreguntar y tensionar declaraciones— existe un límite razonable que debe garantizar el tribunal. Permitir jornadas maratónicas, con preguntas reiteradas y sin pausas adecuadas, no solo afecta la calidad del testimonio, sino que también pone en cuestión la equidad del proceso.
Un testigo exhausto no aporta claridad: aporta riesgo de error. Y eso impacta directamente en la verdad judicial. ¿Y es lo que estos jueces no ven? Aún así, fue ejemplar ver a Cabot soportando con estoicismo el embate de los defensores de los imputados, que desvergonzadamente buscaban una contradicción, y el desinterés de los jueces por darle un lógico respiro. Para eso están los cuartos intermedios, pero se olvidaron.
Los jueces del Tribunal N°7
¿Dónde está el control?
Frente a estos escenarios, surge una pregunta inevitable: ¿quién controla a quienes deben controlar y garantizar el cumplimiento del debido proceso?
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina tiene, entre otras funciones, la responsabilidad institucional de velar por el correcto funcionamiento del sistema judicial. No se trata de intervenir en cada causa, sino de fijar estándares claros y actuar cuando esos límites se desdibujan. Más, en un caso que lo mira el resto del mundo, con una ex presidente en el banquillo, ya condenada por coimas.
El riesgo de una percepción irreversible
Cuando se acumulan decisiones cuestionadas, procesos eternos y prácticas que rozan el abuso, el daño trasciende cada expediente. Se instala en la sociedad una percepción peligrosa: que la justicia no solo es lenta o ineficiente, sino también arbitraria.
Recuperar la confianza lleva mucho más tiempo que perderla. Y en un país donde la credibilidad institucional ya está erosionada, cada señal cuenta.
Si no hay correcciones, si no hay llamados de atención ni sanciones cuando corresponde, el mensaje será claro: todo vale.
¿Hará algo la Corte antes que la desconfianza sea definitiva?
