Docentes empobrecidos en medio de una disputa política
La crisis universitaria argentina ya no puede reducirse a consignas ni a marchas atravesadas por banderas partidarias. Hay un dato concreto, doloroso e innegable: en apenas dos años, los salarios docentes perdieron más de un 35% de poder adquisitivo. Detrás de las discusiones ideológicas hay miles de profesores que sostienen aulas, investigaciones y hospitales universitarios mientras ven deteriorarse su calidad de vida.
El problema es real y merece una respuesta urgente.
Pero también es cierto que el conflicto universitario está lejos de ser blanco o negro. Porque mientras el gobierno de Javier Milei insiste —con razón económica— en sostener el déficit cero para evitar volver a ciclos inflacionarios devastadores, las universidades tampoco han logrado despejar las sospechas sobre el manejo de recursos públicos.
La universidad y su transformación política
Durante los últimos años, gran parte del sistema universitario fue colonizado por estructuras políticas que crecieron mucho más allá de las necesidades académicas reales.
Los rectorados, históricamente pequeños en personal, en comparación con las facultades, hoy exhiben estructuras sobredimensionadas, con cientos de cargos administrativos y designaciones que muchas veces responden más a compromisos políticos que a necesidades concretas, ñoquis, bah.
A esto se suman denuncias sobre universidades involucradas en emprendimientos ajenos a su misión esencial: auspicios de eventos, convenios dudosos, producciones audiovisuales y estructuras paralelas financiadas con fondos públicos.
Por eso, cuando el Gobierno exige auditorías y rendición de cuentas, una parte importante de la sociedad considera razonable el planteo. Porque el dinero que financia las universidades no pertenece a rectores ni a agrupaciones políticas: pertenece a los contribuyentes argentinos.
La resistencia por transparentar
El problema es que las autoridades universitarias reaccionan frente al pedido de auditoría como si se tratara de un ataque institucional, cuando en realidad debería ser una obligación elemental de cualquier organismo público.
Aducen que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no tiene competencia legal para auditar a la universidad, defendiendo la autonomía universitaria frente a lo que consideran un “intento de intervención” del Poder Ejecutivo.
Pero lo que no se atreven a reconocer es que la transparencia no destruye la universidad pública. La fortalece.
Si las cuentas están claras, si los recursos efectivamente se destinan a educación, investigación y salud, entonces las auditorías deberían transformarse en la mejor defensa del sistema universitario.
Y quien no quiere mostrar los números es porque ¿algo oculta?
El Gobierno también tiene obligaciones
Ahora bien, exigir transparencia no exime al Estado nacional de cumplir la ley. El Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario y el Gobierno no puede ignorar indefinidamente esa obligación bajo el argumento exclusivo del equilibrio fiscal.
El gobierno sostiene que el Congreso de la Nación aprobó la norma sin especificar de forma concreta las fuentes de financiamiento. El Ejecutivo tilda la medida de “populismo demagógico” por obligar al Estado a realizar gastos multimillonarios sin prever ingresos reales para cubrirlos. Y vetó la norma.
Luego, ante las medidas cautelares de la Justicia que ordenan aplicar la recomposición salarial y presupuestaria, la Procuración del Tesoro de la Nación interpuso recursos extraordinarios. Alega que las resoluciones judiciales generan un “grave perjuicio” a las cuentas del Estado al interferir en el manejo discrecional de las partidas de la Administración Pública.
Dos expedientes para un mismo problema
Las actuaciones judiciales en torno al conflicto universitario se dividen en dos expedientes paralelos con estados diferenciados: la disputa por las auditorías de la SIGEN y el reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario.
Por un lado, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal determinó que la discusión de fondo —si la SIGEN es competente o inconstitucional para auditar— se resolverá directamente al dictarse la sentencia definitiva de mérito, la cual sigue en trámite. ¿Hasta cuándo?
Por otro; la causa por la Ley de Financiamiento Universitario llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quedando formalmente en condiciones de ser resuelta. De los integrantes de la Crote depende…
El déficit cero puede ser una herramienta económica válida, pero no puede construirse sobre el empobrecimiento permanente de quienes educan. Porque mientras oficialismo y rectorados se enfrentan públicamente, los docentes, las verdaderas víctimas aquí, siguen perdiendo poder adquisitivo, endeudándose y sobreviviendo con ingresos cada vez más deteriorados.
El rol que debería asumir la Justicia
Aquí aparece un actor que hasta ahora avanza lentamente: la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y el Poder Judicial.
La salida razonable es clara: exigir auditorías públicas exhaustivas sobre el uso de fondos universitarios, investigar posibles irregularidades y ordenar el cese de gastos superfluos o clientelares donde existan. Y al mismo tiempo, también debería garantizarse el cumplimiento efectivo de las partidas destinadas a salarios docentes y funcionamiento esencial, al menos, hasta que se efectúen las auditorías, y se separe los gastos superfluos y ñoquis de las universidades.
Una justicia salomónica? Sí, pero veremos si la Justicia argentina es por una vez creativa, o sigue fallando, como muchas veces, aplicando letra compleja o jurisprudencia de terceros a lo pilatos, o se ajusta al sentido común, por una vez.
No se trata de elegir entre ajuste o corrupción. La sociedad necesita ambas cosas: equilibrio fiscal y transparencia, pero también educación pública digna y docentes justamente remunerados.
Separar la paja del trigo
La universidad pública sigue siendo una herramienta fundamental de movilidad social y formación profesional. Pero también necesita autocrítica.
Mientras tanto, gran parte de la sociedad observa con cansancio marchas politizadas donde participan sectores ajenos al ámbito académico (partidos políticos, agrupaciones y hasta sindicalistas), buscando un rédito político sin verdaderamente un interés genuino por los problemas de los docentes (esto ya lo vimos con los jubilados, a los que usaron y hoy siguen solos en la plaza). Por otro, el Gobierno responde encerrándose en una lógica confrontativa que no distingue problemas reales de intereses partidarios.
Y en el medio quedan los docentes. Siempre los docentes. Esperando una solución que todavía no llega.
