El Índice de Ciudades Argentinas, (ver informe) desarrollado por la consultora Enclave bajo la dirección de Fabio Quetglas recientemente presentada, es una herramienta de diagnóstico semestral diseñada para medir y comparar de manera sistemática el desempeño de los principales centros urbanos del país. Para su construcción, se analizaron 43 ciudades -incluyendo todas las capitales de provincia y ciudades intermedias de relevancia- utilizando 170 fuentes de datos públicas y privadas.
La capital provincial no solo quedó relegada al fondo de la tabla, sino que aparece muy por detrás de otras ciudades del norte argentino que, aun con limitaciones estructurales similares, lograron construir condiciones urbanas comparativamente más ordenadas y funcionales. La distancia respecto de Bahía Blanca -a 30 puntos de diferencia- refleja la magnitud del atraso acumulado. El histórico lema de “Capital del Norte” contrasta hoy con una ciudad marcada por la precariedad, el abandono y la pérdida progresiva de calidad de vida.
Dentro del ranking general, San Miguel de Tucumán ocupa el puesto 38 sobre un total de 43 ciudades evaluadas, con un puntaje de apenas 39 sobre 100 es decir: DESAPROBADA. El dato no constituye solamente una mala calificación estadística: representa el síntoma de un profundo deterioro urbano e institucional que afecta cotidianamente la vida de miles de familias tucumanas.
El aspecto más alarmante del informe que comentamos es el vinculado con la cohesión social. Según los autores, este indicador se mide a partir de dos variables decisivas: el porcentaje de población que habita en condiciones de informalidad urbana y el acceso efectivo a la red de agua potable. En ambos casos, los resultados de Tucumán son demoledores.
La ciudad obtuvo 0 puntos en este apartado debido a que más del 15 % de sus habitantes -cerca de 100.000 personas- padecen déficit habitacional y carecen de acceso regular al agua potable. Detrás de ese número existen familias enteras que viven entre calles destruidas, pérdidas permanentes de agua, zanjas abiertas, basurales improvisados y servicios públicos deficientes. Son barrios donde la ausencia del gobierno municipal dejó de ser una excepción para convertirse en una experiencia cotidiana.
El informe deja entrever que este escenario no responde a una fatalidad geográfica ni a un problema inevitable derivado del crecimiento urbano. Por el contrario, aparece asociado a años de desidia administrativa, improvisación y ausencia de planificación por parte de las autoridades municipales y provinciales. La incapacidad para extender redes de infraestructura básica y controlar el crecimiento desordenado de asentamientos constituye uno de los rasgos más visibles del fracaso en la gestión.
La situación se vuelve todavía más crítica en las zonas limítrofes entre municipios, donde miles de vecinos sobreviven en una especie de periferia institucional: sectores sin iluminación adecuada, con pavimento inexistente o destruido, recolección irregular de residuos, escasa presencia policial y servicios urbanos claramente insuficientes. Allí, la sensación predominante no es solamente la incomodidad, sino el abandono.
El deterioro de San Miguel de Tucumán también expone las consecuencias de un modelo metropolitano fragmentado e ineficiente. La ciudad forma parte de una mancha urbana administrada por 13 jurisdicciones que funcionan con escasa coordinación entre sí. El resultado es un esquema burocrático sobredimensionado, costoso e incapaz de resolver problemas elementales. Mientras proliferan estructuras administrativas y cargos políticos, el transporte público permanece atrapado en una crisis crónica y el tránsito urbano se transforma diariamente en una experiencia caótica y exasperante para trabajadores, estudiantes y familias.
A ello se suma un sistema político fuertemente cuestionado por prácticas de clientelismo, nepotismo y utilización partidaria del aparato estatal. El crecimiento sostenido del empleo público, en contraste con la caída del empleo privado, alimenta la percepción de una estructura gubernamental más preocupada por preservar poder político que por garantizar servicios eficientes y mejorar las condiciones de vida de la población.
Las consecuencias de esta degradación urbana son visibles en toda la ciudad: pérdidas de agua que permanecen durante meses sin reparación, corredores ferroviarios convertidos en asentamientos precarios, canales obstruidos por basura, calles anegadas cada vez que llueve y espacios públicos deteriorados o inexistentes. En numerosos barrios, la experiencia urbana cotidiana se desarrolla en condiciones de precariedad alarmante.
Sectores como El Bajo, Costanera, Villa Amalia, Villa Alem, Ex Aeropuerto, Manantial Sur, Alejandro Heredia, La Bombilla y el eje Canal Sur–Independencia–Colón representan algunos de los ejemplos más visibles de ese deterioro persistente, donde la precariedad urbana condiciona la vida diaria de miles de ciudadanos.
En definitiva, el puntaje de 39 sobre 100 no constituye únicamente una cifra desfavorable. Es, sobre todo, la expresión cuantificable de un modelo de gestión agotado, incapaz de ofrecer respuestas básicas a una población que convive desde hace años con el deterioro, la inseguridad, la desorganización y la sensación creciente de abandono.
Autor: Pablo Berarducci
