Bolivia vive una de las mayores crisis sociales y políticas de los últimos años. El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta protestas masivas, bloqueos de rutas, enfrentamientos con fuerzas de seguridad y un creciente deterioro económico que amenaza con desestabilizar al país.
Las movilizaciones comenzaron por reclamos sectoriales vinculados al aumento del costo de vida, la escasez de combustibles y el rechazo a reformas impulsadas por el Ejecutivo. Sin embargo, rápidamente derivaron en una protesta política más amplia, con pedidos de renuncia presidencial y cortes que paralizaron buena parte de los accesos a La Paz.
Mineros, campesinos, sindicatos y organizaciones sociales vinculadas al MAS de Evo Morales (que se encuentra prófugo de la Justicia) protagonizaron violentos episodios en la capital boliviana, donde incluso se reportó el uso de dinamita por parte de manifestantes y gases lacrimógenos de la policía para contener el avance hacia edificios gubernamentales.
Evo Morales detrás de la violencia
En el centro del conflicto vuelve a aparecer Evo Morales. El histórico líder del Movimiento al Socialismo (MAS) mantiene una fuerte influencia sobre sectores sindicales y campesinos, y el gobierno lo acusa de alentar las protestas para debilitar a la administración de Paz.
Morales atraviesa además una grave situación penal. La justicia boliviana ordenó recientemente su captura tras declararlo en rebeldía por no presentarse ante un tribunal de Tarija en una causa por trata de personas y abuso de una menor de edad, hechos que se remontan a su etapa presidencial.
Según la acusación fiscal, Morales ha mantenido una relación con una adolescente de 15 años, con quien incluso habría tenido una hija. La Fiscalía asegura contar con numerosas pruebas y el exmandatario permanece refugiado políticamente en el Chapare, protegido por sectores afines que rechazan la actuación judicial y denuncian una persecución política.
Mientras tanto, la situación económica agrava la tensión social. Bolivia enfrenta escasez de dólares, dificultades energéticas, inflación y problemas de abastecimiento derivados de los bloqueos. Organismos internacionales ya advierten sobre riesgos de recesión y creciente inestabilidad institucional.
Quién es Rodrigo Paz Pereira
El presidente Rodrigo Paz, elegido tras casi dos décadas de hegemonía del MAS, por la Democracia Cristiana, ha marcado un notable retorno a las tradiciones de la Iglesia Católica en el protocolo presidencial del país, y no sólo eso. Al asumir la presidencia, recibió una bendición pública afuera de la Catedral Metropolitana y el bastón de mando espiritual por parte de Monseñor Jesús Juárez. Este acto simbolizó el reinicio formal de las relaciones amistosas entre el Gobierno boliviano y la Iglesia Católica.
Rodrigo Paz en la Misa del Domingo de Ramos
En marzo de 2026, el presidente asistió a la misa de Domingo de Ramos en la Catedral Metropolitana de La Paz. Su participación rompió con casi dos décadas de distanciamiento oficial por parte de los jefes de Estado anteriores en este tipo de celebraciones religiosas.
Paz Pereira, en su discurso tras la victoria electoral de octubre de laño pasado, agradeció públicamente a Dios y aseguró que “Dios, la familia y la patria” constituyen la base de su compromiso y visión para Bolivia.
La situación de Bolivia hoy
El presidente intenta sostener un programa de ajuste y reformas de mercado, pero encuentra resistencia tanto en sectores populares como en estructuras sindicales históricamente vinculadas al “evismo”.
El escenario boliviano aparece hoy marcado por una combinación explosiva: crisis económica, fractura política, conflictividad social y un liderazgo opositor —el de Evo Morales— que, aun cercado judicialmente, conserva capacidad de movilización y presión sobre el sistema político.
La capacidad de Morales para resistir, además, órdenes de captura refugiándose en el Chapare genera preocupación sobre la gobernabilidad en Sudamérica. Los analistas regionales advierten sobre el peligro de que líderes políticos utilicen bases territoriales sindicales o cocaleras para evadir la justicia ordinaria, lo que debilita el Estado de derecho y sienta un precedente peligroso para otros países de la región con fuertes tensiones internas.
