En una sesión atravesada por cruces reglamentarios, el Senado de la Nación rechazó tratar sobre tablas el proyecto de ley para prevenir la ludopatía y las apuestas en línea, que cuenta con media sanción de Diputados. Con 40 votos en contra y 28 a favor, la bancada de La Libertad Avanza y sus aliados frenaron la iniciativa impulsada por Unión por la Patria, aunque el cuerpo aprobó luego por unanimidad una moción de preferencia para debatir el expediente el próximo jueves 26 de noviembre, cuatro días antes de que pierda estado parlamentario.
Durante el debate, la oposición advirtió que cualquier modificación obligará a devolver el texto a la Cámara baja, dejando un margen casi nulo para su sanción definitiva antes del cierre del período ordinario el 30 de noviembre. Sin embargo, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, ratificó la decisión de convocar a un plenario de comisiones la próxima semana para corregir lo que el Gobierno considera un “exceso regulatorio” sobre la actividad privada y las autonomías provinciales.
El eje de la contrapropuesta que impulsa Bullrich consiste en desplazar el foco de la ley desde las restricciones comerciales hacia la persecución del juego clandestino.
Mientras el texto original de Diputados prohíbe de forma total la publicidad en medios, redes sociales y camisetas de fútbol, el oficialismo busca flexibilizar esas vedas para las empresas que operan con licencia legal, limitando las prohibiciones únicamente a los contenidos dirigidos a menores. En otras palabras: que siga la publicidad que los atrapa, ya lo vimos.
Asimismo, el plan del oficialismo apunta a dotar al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) de facultades directas para ordenar el bloqueo y la baja inmediata de páginas y dominios ilegales que funcionan sin filtros de edad ni control fiscal. Algo correcto.
En paralelo, pretende suavizar la exigencia uniforme de validación biométrica en cada ingreso y cobro, reemplazándola por controles de mayoría de edad más flexibles que no colisionen con las facultades recaudatorias y regulatorias propias de cada provincia. Algo que no pareciera tan eficaz como lo anterior.
Con esta salida intermedia, Bullrich intenta responder al creciente reclamo social contra las apuestas infantiles sin chocar (?) con la doctrina desreguladora del Ejecutivo ni con los intereses de los gobernadores, abriendo una carrera contrarreloj en el Congreso.
Lo cierto es que a pocos días de perder estado parlamentario, el Congreso debería haber tomado “el toro por las astas” hace tiempo, pero no le importó; o priorizó otros temas por encima del juego en menores, que sí debería haber sido prioridad siempre.
Así como la publicidad del tabaco se prohibió absolutamente, el juego (aunque sea legal) debe ser prohibida. Esperemos que en unos días se lo trate, apruebe y Diputados lo vote, si hay cambios que ayuden a los menores a no perderse en un vicio que además, arruina a sus familias, y no beneficiar a las empresas que con esto se llenan de dinero, a costa de la ilusión de la gente.
