La semana pasada, desde elcristiano, analizábamos el debate sobre la denominada “Ley de Tierras” y sosteníamos que, más allá de las diferencias políticas, era necesario encontrar un equilibrio entre la apertura a las inversiones y la defensa del interés nacional. Desde el sentido común y el bien común —dos principios que con frecuencia quedan relegados en la política partidaria— y proponíamos la búsqueda de una tercera vía. Hoy, las negociaciones parecen avanzar precisamente en esa dirección.
Cambios para conseguir los votos
Luego de varias postergaciones en su tratamiento, el Gobierno decidió introducir modificaciones al proyecto con el objetivo de reunir los apoyos necesarios en el Senado. La principal novedad se encuentra en el capítulo referido a la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros.
El nuevo borrador, que ya circula entre los legisladores, establece que hasta un 25% de las tierras rurales de cada provincia podrá quedar en manos extranjeras, siempre que exista autorización conjunta del Poder Ejecutivo Nacional y del gobierno provincial.
Esta modificación representa un cambio importante respecto del texto original, que eliminaba gran parte de las restricciones vigentes. De aprobarse, el nuevo esquema reemplazaría el límite actual del 15%, fijado por la Ley 26.737, por un porcentaje mayor, aunque manteniendo mecanismos de control estatal.
Más controles y protección
Entre las modificaciones también se incorpora la prohibición de que personas jurídicas con participación estatal extranjera adquieran tierras rurales sin autorización expresa de la Nación y de la provincia correspondiente. Además, esa facultad no podrá ser delegada a funcionarios de rango inferior al de secretario de Estado.
El proyecto también fortalece la transparencia al exigir que todas las operaciones queden registradas en los catastros e inmobiliarios provinciales, consignando la identidad y nacionalidad del comprador. En el caso de empresas con participación estatal extranjera, deberá acompañarse la autorización oficial correspondiente.
Asimismo, el texto incorpora una referencia expresa al artículo 41 de la Constitución Nacional y a la Ley General del Ambiente, garantizando que la aplicación de la norma respete los principios de protección ambiental. En las zonas de frontera, continuará siendo obligatoria la autorización conjunta de la Nación y de las provincias, atendiendo especialmente a cuestiones vinculadas con la seguridad y la defensa nacional.
Una oportunidad para el consenso
Las modificaciones serán presentadas por la presidente del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, junto a los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. El proyecto volverá a debatirse el próximo 6 de agosto, fecha en la que el oficialismo espera haber consolidado los consensos necesarios para su aprobación.
El resultado dependerá, una vez más, de la postura que adopten los bloques dialoguistas. Sin embargo, el giro del Gobierno demuestra que el diálogo y la búsqueda de acuerdos siguen siendo herramientas válidas cuando se trata de legislar sobre cuestiones estratégicas para el país.
Ojalá prevalezcan el sentido común y la defensa del interés nacional, para que la llave de la casa continúe en manos argentinas.
