El debate legislativo en torno a la propiedad de la tierra rural en Argentina se encuentra en un punto de inflexión histórico. El Gobierno impulsa la llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada“, un ambicioso proyecto que busca desregular por completo el mercado inmobiliario rural mediante la derogación total de la Ley de Tierras N° 26.737.
Esta normativa anterior, vigente desde 2011, establece un estricto cepo: los extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, y se les impone un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo productiva. La propuesta oficialista, bajo una marcada impronta liberal, busca eliminar estas restricciones para permitir la adquisición extranjera al 100% de titularidad, bajo el lema de la “inviolabilidad de la propiedad privada”.
Aquí cabe un pequeño apartado, pero no menor: Es cierto que es un deber por parte del Estado preservar el derecho a la propiedad privada, y no permitir que se viole ese derecho. Pero en este caso, no se está tratando eso, sino la venta a terceros extranjeros posiblemente interesados en adquirirlas: no se les viola ningún derecho, sino que hoy se aplica una Ley nacional, como las que en su país tienen, más o menos parecidas a la nuestra.
Es el caso de Brasil, con un 25% de tope, ú otras modalidades de control a extranjeros adquirientes en países liberales. La frase debería completarse con “y la inviolabilidad de los derechos soberanos de Argentina sobre su territorio”, que es el punto a cuidar. Y seguramente, de ninguna parte del hemiciclo del Congreso discutirían su verdad…
Frente a esta supuesta polarización entre la apertura absoluta y el proteccionismo total (vicio que los argentinos no pudimos sacarnos de encima aún, fruto amargo de la dialéctica contemporánea), surge la necesidad de plantear una tercera vía.
Una alternativa superadora que no quede atrapada en dogmas ideológicos (sean liberales o socialistas), sino que apunte directamente al bien común de la sociedad y a los intereses estratégicos de los argentinos. Es posible resguardar el patrimonio nacional sin asfixiar la llegada de capitales externos, combinando la preservación de la soberanía con una flexibilización inteligente de las inversiones reales.
Los extremos del debate actual
Por un lado, quienes defienden la derogación total argumentan que los límites vigentes actúan como barreras burocráticas que ahuyentan el capital internacional. Desde esta perspectiva, liberar el mercado al 100% funcionaría como una “señal de mercado” global indispensable para atraer Inversión Extranjera Directa, tecnificar el agro y otras actividades; y dinamizar las economías regionales.
Por el otro, sectores de la oposición, científicos y organizaciones socioambientales encienden alarmas geopolíticas. Advierten que una venta indiscriminada habilitaría a corporaciones multinacionales y magnates a tomar el control absoluto de recursos críticos no renovables. Áreas con acceso directo a glaciares, lagos patagónicos y fuentes de agua dulce —como el Acuífero Guaraní— quedarían desprotegidas, configurando un riesgo severo para la integridad territorial y el futuro de las comunidades locales, si los nuevos propietarios extranjeros abusaran de sus derechos de propiedad atentando contra el medio ambiente o habitantes, con acciones de depredación o mal uso. Y más grave: Llegados a un potencial conflicto legal, solicitaran el apoyo legal de sus países de origen como ciudadanos, o incluso pretendiendo llevar la disputa a juzgados extranjeros.
La tercera vía: Regulación estratégica al estilo regional
Para salir del laberinto ideológico y buscar una nueva ley que permita brindar a capitales extranjeros mayores posibilidades de inversión conveniente y por otro lado cuidar del posible abuso y fundamentalmente los derechos soberanos; Argentina podría mirar los espejos de la región.
Se señaló ya que países como Brasil aplican límites intermedios (como topes del 25% por municipio) que permiten un flujo constante de inversiones sin ceder el control del territorio.
El foco argentino no debería ser prohibir, sino calificar al inversor. Y alentar las sociedades mixtas (como ocurre en muchos otros países) donde un socio argentino privado o incluso estatal es fundamental, para el cumplimiento de las leyes locales. Y ya ocurre aquí; y funciona. No se han paralizado las inversiones en minería, todo lo contrario.
La minería como ejemplo a seguir
Sí, el auge de la minería en el norte y sur argentino consolida un modelo estratégico que demuestra que el ingreso de grandes capitales no exige la venta irrestricta del territorio: las sociedades mixtas. A través de este esquema, multinacionales de la talla de la suiza Glencore, la china Ganfeng Lithium o la sudafricana AngloGold Ashanti se asocian de forma directa con empresas estatales provinciales como JEMSE en Jujuy, CAMYEN en Catamarca y FOMICRUZ en Santa Cruz.
Bajo esta modalidad, las provincias retienen la propiedad originaria del recurso, el cobro de regalías y el control ambiental, mientras que los inversores internacionales aportan el financiamiento y la tecnología para explotar yacimientos históricos como Cerro Vanguardia o el Salar de Olaroz.
Este ecosistema asociativo ha encontrado un potente acelerador en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya ha comenzado a validar masivos planes de desembolso en el sector minero.
Una ley posible
Una legislación moderna y pragmática debería permitir mayores porcentajes de titularidad, pero bajo estrictas condiciones y exclusivamente para “personas y compañías reales”. Esto implica excluir de los beneficios a las sociedades anónimas con estructuras jurídicas opacas, fondos buitre o firmas fantasma que operan detrás de testaferros. O compañías estatales extranjeras, con la complejidad que puede traer un conflicto empresarial.
Si un inversor internacional (sea una persona física o una empresa productiva real) desea adquirir suelo argentino, debe presentar un plan de inversión transparente y con objetivos de desarrollo local auditables. Con reglas claras a cumplir. Como le ocurre a cualquier argentino que invierte en EEUU o cualquier otra parte del mundo.
Una vez que estos proyectos reales sean evaluados y aprobados por los organismos del Estado nacional y/o provincial, el marco legal debería otorgarles los máximos estímulos fiscales y aduaneros disponibles, como los beneficios del RIGI, como ya ocurre en los casos citados. Esta zanahoria impositiva es más que suficiente para despertar el interés de los mercados globales, volviendo totalmente innecesaria la entrega irrestricta de la soberanía territorial.
Y como punto no menor, la ley debe atender a las autonomías provinciales. Otro tema que muchos no tienen en cuenta…
Proteger lo nuestro: agua dulce y pequeños productores
Finalmente, ninguna ley puede ser considerada justa si desatiende el tejido social interno. La flexibilización para los grandes capitales debe convivir con una defensa irrestricta de la agricultura familiar y las microactividades agrícolas rurales.
Los pequeños productores locales necesitan protección frente a la dolarización de la tierra para evitar desalojos y garantizar la seguridad alimentaria de los argentinos. Asimismo, las riquezas estratégicas, con el agua dulce a la cabeza, son bienes de dominio público inalienables.
La tierra no es un simple activo financiero líquido, pero tampoco un recurso que deba permanecer estancado por temor al exterior, ya nos pasó con la minería; y otros vecinos (Chile, y también Perú) hace decenas de años las explota con inversiones internacionales y no a renunciado a su soberanía.
Paraguay, que no sólo ha estabilizado su economía, sino tiene un crecimiento en actividades rurales (agricultura y ganadería) envidiables, le están llegando inversiones inmobiliarias mutimillonarias desde el exterior. Con leyes de sentido común, en donde la ideología no es un tema, sino el beneficio de los paraguayos.
Salir de la dialéctica ideológica y volver al bien común
La soberanía no se negocia, se repite. Y es verdad. La defensa de la tierra argentina es un deber histórico, y lo debemos para las próximas generaciones. La extranjerización del territorio argentino al 100% por una premisa ideológica, so pretexto de inversiones, es un error corregible: Una nueva ley que mejore las condiciones de inversión con soberanía. Así de simple.
Una ley nacida del consenso y orientada al bienestar nacional puede encontrar el equilibrio perfecto: abrir las puertas al desarrollo productivo real y genuino, manteniendo siempre la llave de la casa en manos argentinas.
