Por décadas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) funcionó como un Estado dentro de otro Estado. Un territorio blindado donde los millones entraban y salían bajo leyes propias, amparado en las alegrías populares de la Selección y en una alarmante pasividad de los tribunales locales.
Sin embargo, el viento parece haber cambiado. La reciente decisión del juez federal Ariel Lijo, quien hizo lugar a las 20 medidas de prueba solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita para levantar el secreto fiscal, bancario y financiero de Claudio “Chiqui” Tapia, marca un hito en lo que parece ser el destape definitivo de un entramado opaco que lleva años consolidándose.
Aun así, la pregunta que resuena en los pasillos de Comodoro Py y en el ecosistema futbolístico es inevitable: ¿estamos ante un avance real o ante un letárgico “paso de tortuga” judicial diseñado para dilatar los tiempos políticos?
Las insólitas matemáticas del “Chiqui”
El disparador de esta última embestida de la Justicia Federal radica en el patrimonio personal de Tapia, investigado por presunto enriquecimiento ilícito en su doble rol como mandamás del fútbol y funcionario del CEAMSE. Los números que analizan los investigadores exponen asimetrías grotescas. En 2017, Tapia declaró bienes valuados fiscalmente en apenas $17 millones. Siete años después, en 2024, esa cifra escaló a más de $1.002 millones en depósitos bancarios, sin contar dinero en efectivo ni cuentas en el extranjero.
Lo que roza el ridículo institucional ocurrió en su declaración jurada presentada en julio de 2025, donde curiosamente consignó tener “cero pesos” en efectivo y en depósitos bancarios. No fue sino hasta que la denuncia penal del empresario Guillermo Tofoni empezó a tomar fuerza que Tapia presentó una “rectificativa” de apuro: un “olvido” contable donde mágicamente reincorporó casi $1.000 millones de pesos, sumando plazos fijos, efectivo y cuentas en dólares.
La batería de medidas aprobadas por Lijo —que involucra solicitudes urgentes a ARCA (ex-AFIP), ANSES, el Banco Central, la CNV e incluso a las principales plataformas de criptomonedas como Binance y Ripio— busca desentrañar si ese salto patrimonial se justifica con su salario o si forma parte de los retornos de un presunto negocio mucho más oscuro.
Una telaraña de causas locales e internacionales
El frente de enriquecimiento ilícito no es más que la punta de un iceberg de expedientes acumulados que la justicia argentina miró de reojo durante años, configurando un mapa judicial inédito para el poder de la calle Viamonte:
Enriquecimiento ilícito y el giro de Lijo: Radicada en el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo, esta causa reactivó las alarmas sobre el patrimonio de Tapia. Tras haberlo sobreseído en 2021 por contratos comerciales, el juez dio un vuelco drástico al aprobar 20 medidas de prueba urgentes solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita. La lupa está puesta en el salto de sus depósitos bancarios —que superaron los $1.002 millones— y las sospechosas “omisiones” en sus declaraciones juradas ante el CEAMSE. El levantamiento de sus secretos fiscal, bancario y financiero busca determinar si la cúpula de la AFA lavaba activos mediante el uso de cuentas virtuales y plataformas de criptomonedas.
# Evasión previsional agravada: En el fuero Penal Económico, el juez Diego Amarante mantiene procesado a Tapia con un embargo dictado por $350 millones. El expediente, impulsado por las auditorías fiscales de ARCA (ex-AFIP), investiga una gigantesca maniobra de retención indebida de aportes previsionales de empleados de la AFA y de diversos clubes, una deuda acumulada que superaría los $19.000 millones.
# Lavado de dinero y la mansión de Pilar: En los tribunales federales de Campana, el juez Adrián González Charvay concentra las denuncias por lavado de activos. El foco principal de esta investigación sigue el rastro de la fastuosa mansión en Pilar, valuada en 17 millones de dólares, que pertenecería a presuntos testaferros y empresas satélites vinculadas directamente al entorno íntimo de Tapia.
# Operaciones sospechosas con financieras: En paralelo, el juez federal Luis Armella coordina pesquisas sobre los movimientos de fondos de la AFA hacia financieras de la zona sur del Gran Buenos Aires, como Sur Finanzas, buscando determinar si los ingresos genuinos del fútbol eran desviados para el beneficio personal de los directivos.
# El factor FBI y el desvío a EE. UU.: El verdadero catalizador de este despertar judicial no provino de la iniciativa local, sino del exterior. La Justicia de los Estados Unidos y el FBI mantienen bajo la lupa contratos internacionales de la AFA por más de 300 millones de dólares, los cuales eran desviados a las pocas horas de ser cobrados hacia firmas “fantasma” en Florida, operadas por el allegado de Tapia, Javier Faroni. Fue la presión y el avance de estos exhortos norteamericanos lo que terminó por forzar a los jueces locales a mover sus piezas.
La impunidad como sistema
Durante años, la AFA gozó de una coraza inexpugnable. Dirigentes que asumían con patrimonios modestos y terminaban convertidos en magnates del transporte, los medios o los desarrollos inmobiliarios, mientras los clubes se desangraban en deudas.
El “asfalto” judicial siempre fue liso para los directivos: las causas se cajoneaban, los jueces se declaraban incompetentes y los expedientes saltaban de fuero en fuero en un eterno juego de distracción burocrática.
El propio Ariel Lijo ya había sobreseído a Tapia en 2021 en una causa por contratos irregulares, y a Tofoni. Paradojalmente, años más tarde, tras romper relaciones comerciales y ser desplazado en favor de firmas radicadas en Miami (TourProdEnter de Javier Faroni), Tofoni acusó judicialmente a Tapia, lo que dio origen a la causa por presunto enriquecimiento ilícito radicada en el mismo juzgado de Lijo.
Que hoy se ordene cruzar datos de tarjetas de crédito, consumos y cuentas virtuales es un síntoma de época; la demostración de que el paraguas protector finalmente muestra filtraciones. Sin embargo, la lentitud del proceso sigue generando suspicacias. El fiscal Pollicita advirtió que, una vez recolectada la información de las 20 medidas, se requerirá un “amplio informe patrimonial” antes de formular imputaciones concretas. En la jerga de los tribunales, esto se traduce en meses, acaso años, de peritajes y apelaciones.
La AFA ya no puede esconder sus secretos contables detrás de los éxitos deportivos de la Selección. Pero en un país acostumbrado a que las causas de los poderosos prescriban en el olvido, queda por ver si el avance contra la cúpula de Viamonte llegará al fondo del asunto o si terminará siendo otra coreografía judicial de cara a la tribuna.
La Justicia de EEUU, que sí tiene la venda en los ojos, es la que apura a la nuestra, o pareciera.
