El invierno demográfico que supimos conseguir: de la caída de los nacimientos a la necesidad de una política de familia
Argentina pierde nacimientos a una velocidad inédita
La Argentina atraviesa una transformación demográfica que ya no puede ser considerada una simple variación estadística. En menos de una década, los nacimientos cayeron alrededor de un 46%: de 770.040 en 2015 a 460.902 en 2023 y apenas 413.135 en 2024. En nueve años, el país pasó a registrar unos 357.000 nacimientos menos por año. Y las consecuencias ya se notan, como por ejemplo la merma de matriculaciones en establecimientos educativos de primera edad. Sólo en CABA pérdida neta fue de 53.279 estudiantes menos en las aulas porteñas en menos de una década.
La tasa global de fecundidad llegó en 2024 a 1,2 hijos por mujer, muy por debajo de los 2,1 considerados necesarios para el reemplazo generacional. UNFPA señala, además, que el fenómeno combina la postergación de la maternidad, una menor cantidad de hijos deseados y distintos obstáculos económicos, laborales y sociales.
El interrogante, entonces, excede la estadística: ¿qué modelo de sociedad estamos construyendo y qué lugar ocupa la familia en él?
Las leyes también construyen cultura
Sería incorrecto afirmar que una determinada ley produjo por sí sola el desplome de la natalidad. El fenómeno es multicausal y hasta los propios organismos internacionales lo reconocen. Pero tampoco resulta razonable ignorar, como lo hacen muchas veces, que durante las mismas décadas en que se produjo esta transformación, Argentina adoptó políticas públicas que modificaron profundamente la concepción de sexualidad, reproducción, maternidad y familia.
La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), sancionada en 2006, estableció la educación sexual integral en todo el sistema educativo.
En 2017 comenzó el Plan ENIA, orientado a reducir los embarazos no intencionales en adolescentes mediante educación sexual, anticoncepción y aborto, aún antes de la ley.
Finalmente, en 2020 se sancionó la Ley 27.610, que despenalizó el aborto y se lo promocionó en todos los ámbitos, especialmente la juventud, ofreciéndolo como solución final si los preservativos gratuitos no funcionaban.
Estas políticas tuvieron objetivos concretos: Crear una cultura del descarte que no solamente sumó a la merma de la natalidad sino que incidió (y lo sigue haciendo) con los contenidos ideológicos woke y feministas, que sumados a la prensa pro Agenda 2030, ha mostrado como un “triunfo” que hoy falten más de 400.000 argentinos en esas aulas, en las plazas y las familias, porque el misoprostol o un sicario (al decir del Papa Francisco), les quitaron la vida en el vientre materno.
Corresponde, entonces, abrir una discusión sobre el mensaje cultural acumulado de décadas de políticas públicas y sobre si el Estado ha dedicado suficiente energía a facilitar la maternidad, la formación de familias y la adopción.
Del control de la natalidad a una verdadera política familiar
El desafío podría ser precisamente cambiar la pregunta. En lugar de preguntarnos solamente cómo evitar embarazos no planificados, ¿qué estamos haciendo para que quienes desean tener hijos puedan concretar ese proyecto?
Una política verdaderamente profamilia debería ocuparse de vivienda, empleo, salarios, conciliación entre trabajo y familia, protección de la maternidad (y en especial a las jóvenes con un embarazo de riesgo), acceso a guarderías, licencias parentales y alivio fiscal para los hogares con hijos.
No se trata de obligar a nadie a tener hijos. Se trata de que tenerlos no sea una desventaja económica, laboral o social. Pero fundamentalmente educando en la dignidad de cada persona, nacido y por nacer, y su valor como ciudadano y porqué no, como hijo de Dios.
Políticas profamilia que están dando resultado en el viejo continente y ya se proponen en Hispanoamérica en foros sociales y políticos.
Existen experiencias internacionales que merecen ser estudiadas, tomando lo mejor de ellas en proyectos ajustados a nuestra cultura hispánica.
Polonia, Hungría y la experiencia europea
Hungría ha desarrollado durante años una extensa política de incentivos familiares: beneficios fiscales, asignaciones y medidas específicas para madres y familias numerosas. En 2025 y 2026 amplió nuevamente las exenciones impositivas para madres.
Polonia, por su parte, implementó el programa “Rodzina 800+” (Familia 800+), que actualmente otorga 800 zlotys mensuales (200 dólares) por cada hijo menor de 18 años, además de una estrategia demográfica orientada a reducir obstáculos para compatibilizar trabajo y familia, y la quita de impuestos para familias de 2 o más hijos. Italia e Inglaterra también benefician a las familias con programas de apoyo y tiempo para el cuidado de los hijos, acorde a sus problemas específicos.
Precisamente por eso, la discusión argentina debería ser más ambiciosa: no copiar una medida aislada, sino construir una política de Estado que vuelva a considerar a la familia y a los hijos como un bien social que merece protección y apoyo.
Porque una nación puede sobrevivir a una crisis económica. Puede recuperarse de una recesión. Puede reconstruir sus instituciones.
Pero el invierno demográfico plantea una dificultad distinta: los niños que no nacen hoy no estarán mañana para estudiar, trabajar, formar nuevas familias y sostener la continuidad de la sociedad.
La Argentina necesita discutir, sin imposiciones pero también sin tabúes, si quiere limitarse a administrar el envejecimiento o comenzar a construir las condiciones culturales, económicas y jurídicas para que formar una familia vuelva a ser una posibilidad valorada y respaldada por el Estado y la sociedad.
En las próximas elecciones hay una oportunidad real para no repetir el voto a políticos que nos llevaron a estos trágicos resultados.
