Casi veinte años tuvieron que pasar para que uno de los primeros grandes escándalos de corrupción de la era kirchnerista encontrara una sentencia. El Tribunal Oral Federal N.º 4 condenó al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas, José López, y al exsecretario de Coordinación, Roberto Baratta, a cinco años de prisión por los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta, además de imponerles la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La causa Skanska se convirtió, desde 2005, en un símbolo de las maniobras irregulares en la obra pública, al revelar un presunto sistema de pago de sobornos mediante facturas apócrifas y empresas fantasma para obtener contratos vinculados a la ampliación de gasoductos.
El mecanismo de las coimas
La sentencia, firmada por los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez —quien votó parcialmente en disidencia sobre algunos aspectos técnicos—, también alcanzó a empresarios y directivos que participaron de las maniobras.
Mario Piantoni, Gustavo Vago y Javier Azcárate recibieron condenas de cuatro años de prisión como responsables de cohecho activo y partícipes necesarios de la administración fraudulenta. Otros seis imputados fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional.
Además, el tribunal ordenó el decomiso de más de 48 millones de pesos vinculados a los delitos investigados y mantuvo los embargos sobre los bienes de los condenados hasta concretar su ejecución.
La Justicia, otra vez, llegó demasiado tarde
Más allá de la importancia institucional del fallo, resulta imposible ignorar un dato que interpela al sistema judicial argentino: la sentencia llega casi veinte años después de iniciada la investigación.
Dos décadas representan una eternidad para cualquier ciudadano que espera respuestas de la Justicia. Durante ese tiempo pasaron gobiernos, fiscales, jueces, apelaciones y una interminable sucesión de recursos que fueron dilatando un proceso que, finalmente, concluyó cuando buena parte de la sociedad ya había perdido la expectativa de ver una resolución.
El caso Skanska fue apenas el primero de una larga lista de investigaciones por presunta corrupción en la obra pública. Sin embargo, el tiempo transcurrido deja una sensación incómoda: cuando la Justicia demora veinte años en dictar una condena, el mensaje que recibe la sociedad es que el delito de corrupción puede permanecer impune durante décadas.
La deuda pendiente del Poder Judicial
La condena representa un avance y confirma que el expediente no quedó en el olvido, finalmente. Pero también vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Justicia argentina, cuyos tiempos parecen incompatibles con la necesidad de brindar respuestas oportunas.
Porque una Justicia que tarda veinte años en resolver un caso de semejante magnitud difícilmente pueda transmitir confianza a la ciudadanía. El castigo llega, pero llega tarde. Demasiado tarde para recuperar plenamente el dinero perdido, para reparar el daño institucional y para fortalecer la credibilidad de un sistema que debería actuar con mayor rapidez frente a los delitos contra el Estado.
La sentencia del caso Skanska deja una doble enseñanza: demuestra que la corrupción puede ser investigada y sancionada, pero también expone una de las mayores deudas de la Argentina democrática. Una Justicia lenta termina debilitando la confianza pública y alimentando la sensación de impunidad. En un país que reclama transparencia, el desafío ya no es solamente condenar a los responsables rápidamente, sino que, además, se recupere los dineros de los argentinos.
