Cristina volverá a cobrar la pensión de Néstor, mientras la Corte define el caso

La expresidente Cristina Fernández volverá a percibir desde agosto próximo la pensión por viudez correspondiente al fallecimiento de Néstor Kirchner, luego de que la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenara restituir de manera provisoria ese beneficio mientras continúa el proceso judicial.
La decisión fue comunicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que informó que cumplirá con la resolución judicial, aunque mantendrá su estrategia de apelar el fallo ante la Corte Suprema de Justicia.
Una restitución provisoria
La pensión había sido suspendida en noviembre de 2024, cuando quedó firme la condena de Cristina Kirchner en la denominada Causa Vialidad. En aquella oportunidad, la ANSES dejó sin efecto tanto la asignación vitalicia por haber ejercido la Presidencia como la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner, algo que también fue siempre cuestionado como incorrecta. Y éticamente, sin dudas.
Sin embargo, la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó parcialmente esa decisión y ordenó restituir únicamente la pensión por viudez. Los jueces entendieron que, hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, “debía prevalecer el carácter alimentario del beneficio” (parece chiste, sí).
En cambio, la asignación vitalicia como expresidenta continúa suspendida.
Cuánto cobrará desde agosto
Según la presentación realizada por la ANSES ante la Justicia, Cristina Kirchner percibirá un haber bruto mensual de $15.683.154,06.
Sobre esa suma se aplicarán los descuentos correspondientes por obra social y el impuesto a las ganancias.
Asimismo, el organismo aclaró que el monto ya no incluye el adicional por zona austral, beneficio que dejó de percibir al no registrar actualmente domicilio en la provincia de Santa Cruz. Otro “beneficio” irregular que cobró tramposamente porque no residía allí, como todos sabían… y el ANSES también, vale señalar.
La ANSES insiste en llevar el caso a la Corte
Aunque cumplirá con la resolución judicial, la ANSES ratificó que continuará impulsando los recursos legales para revertir la medida.
El organismo sostiene que la condena firme por corrupción resulta incompatible con la percepción de beneficios especiales previstos por la Ley 24.018.
En la misma línea se pronunció el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien consideró que la Corte Suprema debería revocar la restitución provisoria. Según su dictamen, permitir el pago de la pensión mientras existe una condena penal firme vulnera el principio de cosa juzgada y desconoce las consecuencias jurídicas derivadas de esa sentencia.
Ahora será el máximo tribunal el encargado de resolver definitivamente la controversia.
La causa continúa abierta
Como condición para volver a percibir el beneficio, Cristina Kirchner presentó una caución juratoria mediante la cual se comprometió a reintegrar las sumas cobradas si, al finalizar el proceso judicial, la decisión definitiva le resulta desfavorable.
Hasta entonces, la pensión continuará abonándose en forma provisoria.
Un debate que excede lo jurídico
La resolución instala un fuerte debate político y social. Para los seguidores de la expresidente, no sólo le corresponde, sino que su condena y sus causas son injustas y exigen su libertad inmediata, desconociendo a la Justicia. Para otros sectores de la sociedad, en cambio, resulta difícil comprender que una persona con una condena firme por corrupción vuelva a percibir un beneficio financiado con recursos públicos.
Más allá de las posiciones partidarias, el caso reabre una discusión de fondo sobre la ejemplaridad en el ejercicio de la función pública. Quienes administran los bienes del Estado reciben la confianza de millones de ciudadanos y asumen una responsabilidad que exige transparencia, honestidad y austeridad.
Y que estas cifras millonarias de jubilaciones y pensiones de excepción, que son una verdadera burla a los jubilados, sean eliminadas para siempre.
La Suprema Corte será quien deba resolver con celeridad si un condenado por fraude al Estado puede cobrar una pensión honorífica.
