En una jornada parlamentaria calificada como histórica por los sectores civiles y profesionales del sector, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad“. La iniciativa oficialista, que debió incorporar profundos cambios propuestos por los bloques de la oposición, fue aprobada por una abrumadora mayoría de 237 votos a favor.
El eje central de la nueva normativa radica en un cambio de paradigma legal: el sistema de protección abandona definitivamente el régimen transitorio de “emergencia” —que obligaba al Congreso a votar prórrogas sistemáticas para evitar su caducidad— y se transforma en un marco de orden público, estable y permanente.
Un freno a los recortes presupuestarios
El dictamen de mayoría que llegó al recinto fue el resultado de intensas negociaciones en las comisiones de Presupuesto y de Discapacidad. Para destrabar el debate y garantizar el acompañamiento de las bancadas aliadas y de la oposición dialoguista, el oficialismo aceptó suprimir las cláusulas de ajuste y las restricciones de cobertura que el Poder Ejecutivo había incluido originalmente en el proyecto de Presupuesto. Con esta modificación, el financiamiento del sistema quedó blindado por ley, estableciendo que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud para el área no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
Blindaje económico y laboral para los beneficiarios
El texto aprobado introduce beneficios concretos que impactan directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad y resuelven reclamos históricos de las asociaciones civiles:
- Compatibilidad con el empleo formal: Quienes posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán mantener el cobro de su Pensión No Contributiva (equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio) aunque consigan un trabajo en blanco o se registren como monotributistas, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También se garantizó por ley la compatibilidad absoluta con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares.
- Garantía de debido proceso: Para evitar bajas arbitrarias, ante cualquier inconsistencia detectada en los cruces de datos con organismos como ANSES o ARCA, el Estado estará obligado a otorgar un plazo de 60 días de descargo. El beneficiario deberá ser notificado fehacientemente y podrá ejercer su derecho a defensa antes de que se proceda a la suspensión del beneficio.
- Ampliación del programa Incluir Salud: La cobertura médica obligatoria se extendió explícitamente a los titulares de pensiones por invalidez laboral, un sector que arrastraba severas dificultades de acceso a tratamientos.
Alivio financiero para prestadores y terapeutas
Los prestadores de servicios —instituciones, hogares, centros de día, transportistas y profesionales independientes— obtuvieron garantías fundamentales para asegurar la sostenibilidad de sus actividades frente al contexto inflacionario:
- Indexación automática por IPC: Se ratificó la vigencia del Nomenclador Único de Prestaciones para todo el país, y sus aranceles se actualizarán de forma periódica utilizando el índice de movilidad jubilatoria atado a la inflación.
- Plazo de 90 días para saldar deudas: A instancias de los bloques opositores, se incluyó una cláusula transitoria que obliga al Estado Nacional a cancelar la totalidad de las compensaciones y facturaciones atrasadas con el sector en un plazo máximo de 90 días a partir de la reglamentación de la ley.
Tras la contundente votación en la Cámara Baja, el proyecto fue girado formalmente al Senado de la Nación, donde se espera que comience su debate en comisiones en las próximas semanas para buscar su sanción definitiva.
Los representantes de organizaciones y agrupaciones del sector dieron su beneplácito a la media sanción, señalando el diálogo legislativo y sus resultados, bajando los puntos que perjudicaban a los discapacitados.
En realidad, la sociedad es la que gana, porque se avanza efectivamente en favor de las personas que realmente necesitan el apoyo del Estado, y esta ley lo hace.
