Tucumán ostenta un triste e indignante récord nacional: tener la tarifa de luz más cara de la Argentina. Mientras las provincias vecinas abonan facturas pagables, los usuarios tucumanos asisten mes a mes al vaciamiento de sus bolsillos en un sistema que funciona como una auténtica caja negra. La indignación social, que hoy se materializa a las 20:00 horas en la “Marcha de las Velas” desde Plaza Yrigoyen (Tribunales), no es un hecho aislado; es el grito de basta de una ciudadanía acorralada por el abuso corporativo y el abandono político.
La realidad del servicio eléctrico en la provincia es un entramado de desidias que se sostiene sobre tres pilares: una empresa monopólica voraz, un ente regulador que funciona como oficina de trámites de la corporación, o casi, y un poder político que mira para otro lado.
Un monopolio que muta solo para encarecer
La historia de EDET es la de un operador único que ha pasado de manos financieras internacionales sin que una sola de esas transacciones signifique una mejora en la infraestructura o los costos para el usuario. Cada cambio accionario solo ha servido para justificar cuadros tarifarios asfixiantes y refinar mecanismos de recaudación abusivos.
La boleta de luz en Tucumán dejó de ser la medición de un servicio público para convertirse en un pagaré impagable. Al exorbitante costo del kilovatio hora (el más caro de la región) se le inyecta una ingeniería de cargos que no corresponden:
- Tasas municipales duplicadas (como la TAM) que obligan al ciudadano a financiar alumbrados públicos deficientes.
- Cargos fijos desproporcionados por “disponibilidad de red” que destruyen a comercios y hoteles, obligándolos a pagar fortunas incluso con consumo cero, funcionando como un segundo alquiler indexado.
- Lecturas estimadas arbitrarias que inflan los bloques de consumo para empujar al usuario a escalas de castigo.
- Fondos para obras nunca terminadas, donde los tucumanos financiaron durante 15 años infraestructura que terminó rescatando la Nación porque los fondos locales desaparecieron en el éter de la burocracia.
Para colmo, la reciente confirmación judicial de que más de 20.000 usuarios vulnerables fueron mal categorizados en el nivel N1 (quedando sin subsidios por puros errores de sistema) demuestra la total falta de control y sensibilidad de la empresa operadora. Y del ERSEPT…
El ERSEPT: ¿El regulador que se volvió cómplice?
El rol del ERSEPT (Ente Provincial de Regulación de los Servicios Públicos) es, quizás, el punto más alarmante de esta crisis. Diseñado para defender al eslabón más débil —el usuario—, el ente se ha transformado en el principal garante del negocio de EDET.
Su inacción asombra. La reciente implementación de procesos tarifarios puramente digitales (Resolución Nº 661/26) para las consultas públicas es un mecanismo cobarde para evitar las audiencias presenciales, blindar fácticamente a los directivos de los reclamos y recortar el derecho constitucional de participación ciudadana.
El ERSEPT no regula, entonces: termina avalando de forma exprés los aumentos acumulativos —como el combo de subas de septiembre, octubre y noviembre— mientras las familias tucumanas deben elegir entre alimentar a sus hijos o mantener la heladera encendida.
De hecho, El Valor Agregado de Distribución (VAD), que es la “tajad”a que cobra EDET por operar el servicio, el ERSEPT le ha avalado consecutivamente subas acumulativas (4% en septiembre, 3,5% en octubre y un proyectado 2,1% para noviembre), ensanchando la brecha mes a mes.
Autoridades en silencio y prórrogas sospechosas
La responsabilidad última recae sobre las autoridades provinciales. El Poder Ejecutivo y la Legislatura sostienen este esquema. La decisión política de extender los plazos para licitar el paquete accionario de la empresa hasta el 30 de diciembre los usuarios en alerta la toman como una maniobra para dilatar la discusión de fondo. Se posterga el debate sobre la continuidad de la concesión de EDET para no incomodar al poder económico, mientras se condena a la provincia a la pérdida de competitividad industrial, el cierre de comercios y la pobreza energética residencial.
Marchar con velas frente a los Tribunales es un acto de profunda carga simbólica. Denota que en el Tucumán del siglo XXI, pagar la factura de luz más costosa del país convive irónicamente con el riesgo constante de quedar a oscuras. La ciudadanía ya entendió que el problema no es el consumo, sino un sistema viciado. Es hora de que las autoridades (o incluso la Justicia) decidan si gobiernan para el bienestar del pueblo tucumano o para sostener las ganancias extraordinarias de un monopolio insaciable.
