El “Call Center” de las cárceles: Por qué aislar tecnológicamente las cárceles es una urgencia de seguridad nacional
Argentina enfrenta una paradoja intolerable: personas que han sido privadas de su libertad por violar la ley continúan delinquiendo, extorsionando y coordinando bandas criminales desde la comodidad de sus celdas. Lo que comenzó como una medida excepcional y humanitaria durante la pandemia de COVID-19, jueces garantistas mediante —esto es, el ingreso autorizado de teléfonos celulares a los penales— se ha transformado en una de las mayores amenazas para la seguridad pública y el patrimonio de los ciudadanos de bien.
Las estadísticas oficiales de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) son contundentes: las denuncias por fraudes y delitos informáticos alcanzaron un récord histórico de más de 34.000 reportes anuales.
Dentro de este universo, el teléfono celular es el arma predilecta. WhatsApp y los mensajes de texto (SMS) concentran la mitad de los canales de ejecución de estafas que vacían cuentas bancarias y destrozan la tranquilidad de miles de familias, teniendo como víctimas predilectas a los adultos mayores a través del infame “cuento del tío”.
Pero mucho más grave aún, el crimen organizado usa también esta herramienta para sus fines.
Un ejemplo reciente, en Tucumán, es la investigación iniciada después de que familiares denunciaran que un detenido relacionado con una causa por el transporte de 470 kilos de cocaína había sido víctima de una presunta extorsión dentro de Villa Urquiza, llevó a allanamiento y decomiso de celulares ilegales en ese establecimiento carcelario.
El fracaso de las requisas y el negocio del contrabando
La respuesta tradicional del Estado ha demostrado ser obsoleta. Aunque las requisas periódicas logran secuestrar miles de dispositivos al año, el flujo de reingreso no se detiene. El contrabando de tecnología en los penales se ha convertido en un negocio millonario que corrompe las estructuras institucionales.
El juicio histórico al “Call Center Tumbero” de Villa María, en Córdoba, expuso de forma dramática esta realidad: una red delictiva operaba con total impunidad en el Pabellón 11 con la connivencia explícita del propio exdirector del penal y oficiales penitenciarios, quienes terminaron condenados por asociación ilícita. A esto se suma el uso de tecnologías modernas por parte de las bandas externas, que ahora utilizan drones avanzados para vulnerar los perímetros y arrojar cargamentos de chips y teléfonos directamente a los patios de los pabellones.
Frente a un universo estimado de decenas de miles de líneas activas en contextos de encierro, la justicia penal apenas logra procesar una fracción ínfima de estos casos debido al uso de identidades falsas, el descarte rápido de los dispositivos y la triangulación inmediata del dinero hacia “mulas bancarias” en el exterior.
Un sistema donde la tecnología ilegal supera la capacidad de rastreo.
El fin de las excusas técnicas: Inhibición inteligente ya
Se estima que hay más de 60.000 líneas activas en los penales, pero sólo el 1% llegan a tribunales como causas penales.
Durante años, el debate político y judicial se estancó en argumentos logísticos o ideológicos (de “derechos humanos”). Se sostenía que los inhibidores de señal tradicionales perjudicaban a los vecinos de cárceles ubicadas en zonas urbanas densas o que violaban el derecho a la comunicación de los internos.
Hoy, esas excusas técnicas ya no tienen sustento. El avance de la tecnología de inhibición selectiva (sistemas basados en códigos IMEI e IMSI o IMSI Catchers) permite crear “falsas antenas” dentro del perímetro carcelario. Esta tecnología identifica y bloquea exclusivamente los teléfonos ilegales en los pabellones, permitiendo el funcionamiento de una “lista blanca” para que los intercomunicadores del personal de guardia sigan operativos sin afectar a los barrios linderos.
La Libertad Avanza y partidos como el PRO y el radicalismo han presentado proyectos para hacerlo a nivel nacional y provincial. Resulta incomprensible, y hasta inmoral, que ciertos sectores (kirchnerismo y la Izquierda) continúen oponiéndose a estas restricciones escudándose en una retórica distorsionada de los derechos humanos, por sobre la seguridad de la ciudadanía.
Provincias como Mendoza ya han liderado el camino implementando bloqueos selectivos y sistemas antidrón. A nivel nacional, marcos regulatorios recientes buscan aislar por completo a los detenidos de muy alto perfil para evitar que sigan manejando organizaciones narcocriminales o redes de extorsión desde el encierro.
El modelo de los países desarrollados: Comunicación controlada
Garantizar el derecho a la comunicación y a la defensa no requiere entregarle un teléfono celular sin restricciones a un criminal. Las democracias más desarrolladas del mundo occidental resuelven este dilema mediante sistemas de telefonía fija y controlada.
En estos modelos, los internos acceden a cabinas públicas o dispositivos amurados en horarios estrictos. Las llamadas se realizan únicamente a números previamente autorizados y registrados (abogados y familiares directos), bajo la advertencia explícita de que la conversación está siendo grabada y monitoreada por el servicio penitenciario. Cualquier intento de desvío de llamada o comunicación no autorizada corta el sistema de inmediato.
El bien común por encima de los pseudoderechos
La privación de la libertad implica, por definición, la suspensión de ciertos privilegios en pos de resarcir a la sociedad y garantizar la seguridad colectiva. Cuando la permanencia de un dispositivo móvil en una celda se traduce en una nueva estafa a un jubilado, en una amenaza de extorsión a un comerciante o en la comisión de un delito por encargo en la vía pública, el debate abstracto sobre los derechos del interno pierde toda legitimidad moral.
Es hora de que la Justicia y el Poder Ejecutivo unifiquen criterios para garantizar el financiamiento y la voluntad política necesarios. El bienestar, la propiedad privada y la vida de los ciudadanos honestos que caminan por la calle deben estar, siempre y sin excepciones, por encima de los privilegios de quienes decidieron vivir al margen de la ley.
