Fin de la primera etapa del juicio oral
El Tribunal Oral Federal N.º 7 (TOF 7) concluyó este jueves la lectura completa de las acusaciones en el marco del juicio por el caso Cuadernos, en el que se investigan más de una década de presuntos pagos sistemáticos de coimas entre empresarios y funcionarios del kirchnerismo. Esta instancia inicial, centrada en el requerimiento de elevación a juicio, dejó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner nuevamente en el centro de la escena judicial.
A pesar de que el tribunal le ordenó mostrarse en cámara durante las audiencias virtuales, Cristina Kirchner continuó sin encender su video, desobedeciendo por quinto encuentro consecutivo la disposición del TOF 7.
Un sistema de sobornos desde la cúspide del poder
Durante la audiencia, la secretaria del tribunal leyó los fragmentos del extenso dictamen acusador elaborado por el fiscal federal Carlos Stornelli. Allí se describe un mecanismo de recaudación ilegal que, según la acusación, operó entre 2003 y 2015 y se articulaba a través de funcionarios del Poder Ejecutivo y empresarios contratistas del Estado.
Según la fiscalía, “se probó que, además de haber sido la jefa de la asociación ilícita, Cristina Fernández de Kirchner recibió las coimas”. Más aún, se afirmó que fue “la única con capacidad real y efectiva para decidir cómo y qué hacer con la mayoría del dinero entregado en carácter de sobornos”.
El circuito, según los fiscales, comenzaba con el pago de los empresarios y terminaba en tres destinos habituales: la Quinta de Olivos, la Casa Rosada y el departamento de la calle Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta.
Los jueces y la continuidad del proceso
El juicio está dirigido por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, con la participación de la fiscal general Fabiana León. La modalidad virtual continuará debido al número de imputados —86 en total— y la extensión prevista para el proceso.
Las anotaciones del chofer Oscar Centeno, junto con más de 330 medidas de prueba realizadas durante la instrucción (audios, confesiones de procesados, testimonios de terceros), constituyen la base documental sobre la que se reconstruyó el sistema de recaudación ilegal.
Grandes entregas de dinero y destinos finales
El requerimiento de elevación a juicio describe que una “gran cantidad de las entregas de dinero pactadas con los empresarios fueron trasladadas, finalmente, a inmuebles utilizados por Cristina Kirchner”. Entre ellos, la Quinta de Olivos, la Casa de Gobierno y, especialmente, el departamento del cruce entre Juncal y Uruguay, señalado como el principal centro de acopio de los fondos.
Ese lugar, según la acusación, era el punto donde Daniel Muñoz —secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner— recibía los bolsos trasladados por Roberto Baratta, el funcionario encargado de coordinar y retirar los pagos de los empresarios involucrados.
Fue allí donde, según la lectura del tribunal, “Cristina Fernández resultó ser la destinataria final de las coimas”.
El rol de Baratta, Muñoz y la cúspide de la estructura
El Ministerio Público Fiscal sintetizó el funcionamiento de la red en una frase contundente: “Los eslabones convergen así en un solo punto”.
Baratta funcionaba como receptor inicial, Muñoz como encargado de la instancia final de la entrega, y Cristina Kirchner como la destinataria última del dinero.
Este engranaje, según la acusación, se mantuvo operativo durante toda la extensión de los gobiernos kirchneristas, garantizando que los empresarios pagaran sobornos a cambio de beneficios, continuidad de contratos y adjudicación de obras.
Las confesiones que comprometen a Cristina Kirchner
Dos imputados colaboradores —el exfuncionario Claudio Uberti y el financista Ernesto Clarens— brindaron testimonios considerados clave por la fiscalía para confirmar la participación directa de la expresidenta en el circuito de sobornos.
Uberti declaró que, tras reuniones con empresarios como Gerardo Ferreyra, trasladó “dos o tres bolsos con más de diez kilos de dinero” al departamento de Juncal y Uruguay. Señaló además que Muñoz le indicó que las entregas pequeñas podían dejarse en Casa Rosada, pero que las importantes debían ser enviadas al domicilio particular de Cristina Kirchner.
Clarens, por su parte, ratificó que ese domicilio era el objetivo final de los montos más voluminosos, asegurando que la ex mandataria “podía disponer, en última instancia, de las coimas pagadas por los empresarios”.
Ambos coincidieron no sólo en los destinos, sino también en los métodos de entrega. Uberti incluso afirmó haber visto las valijas dentro del departamento durante una visita, señalando que muchas de ellas “serían llevadas a Santa Cruz”.
La declaración de José López
El exsecretario de Obras Públicas José López también aportó detalles comprometedores. Contó que en julio o agosto de 2007 se realizó “una entrega de aproximadamente ocho millones de dólares” en la puerta del domicilio de Juncal y Uruguay, coordinada nuevamente por Daniel Muñoz. Ese dinero, afirmó López, provenía de una recaudación vinculada a obras viales.
Cristina Kirchner como beneficiaria de la red
La fiscalía concluyó que todos los actos individuales formaron parte de una maniobra global y sistemática: “Las pruebas recolectadas revelan que los sobornos garantizados por los empresarios tenían como principal receptora a Cristina Fernández”.
“Más allá de ser Presidenta de la Nación, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”, afirmó el Ministerio Público, sosteniendo que la exmandataria tenía “capacidad real y efectiva” para decidir el destino de los fondos ilícitos.
Un sistema de doble beneficio
Finalmente, el tribunal dio lectura a un punto central de la acusación: el mecanismo era beneficioso para ambas partes.
Los empresarios obtenían ventajas en obras públicas, subsidios y negociaciones con el Estado. Los funcionarios —con Cristina Kirchner como principal referente— se enriquecían y mantenían la continuidad del circuito, maximizando la recaudación mientras el matrimonio Kirchner ocupó el Poder Ejecutivo.
El juicio, que finalmente continúa por ZOOM, con los procesados ocultos en un pequeño rectángulo visual en la pantalla, con 3 audiencias por semana, casi no sorprende ya con la descripción sobre la mecánica delictiva, denunciada hace años por el periodista Jorge Lanata, ya fallecido. Y promete que, por la duración del juicio (se calcula que 6 a 8 años) más de uno de los procesados terminen sin conocer también la sentencia. ¿Será Justicia?
