La Corte Suprema dejó firme la cautelar que ordena aplicar parte de la Ley de Financiamiento Universitario
Un fallo que fortalece el reclamo de las universidades
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional y dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con dos artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que la apelación del Poder Ejecutivo era inadmisible debido a que no existía una sentencia definitiva sobre el fondo de la causa. De esta manera, la cautelar continúa vigente mientras el expediente principal sigue su curso en la Justicia.
Si bien la decisión tiene un fuerte contenido institucional, sus efectos económicos son limitados en el corto plazo. Esto se debe a que el pasado 10 de junio el Gobierno ya había suscripto un acuerdo con las universidades nacionales y los gremios docentes y no docentes para recomponer salarios y actualizar distintas partidas presupuestarias.
Qué establece la medida cautelar
El origen del conflicto se remonta al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades públicas, que cuestionaron el decreto 759/2025.
Según los demandantes, esa norma impedía la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario al condicionar su ejecución a la determinación previa de las fuentes específicas de financiamiento.
Ante esa situación, la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal dictó una medida cautelar ordenando al Estado cumplir inmediatamente con los artículos 5 y 6 de la ley.
Esos artículos disponen la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de la recomposición de los programas destinados a los estudiantes universitarios.
La cautelar no alcanzó, sin embargo, al resto de las previsiones presupuestarias contempladas en la ley, como la actualización integral de los gastos de funcionamiento ni otras partidas vinculadas con programas específicos.
La postura de la Justicia
En su momento, la Cámara Contencioso Administrativa Federal sostuvo que el Estado no había logrado desvirtuar el derecho invocado por las universidades.
Los jueces también entendieron que el Congreso había ratificado la sanción de la ley y que el Poder Ejecutivo pretendía limitar su aplicación mediante un decreto de jerarquía inferior.
Además, advirtieron que la falta de actualización salarial podía generar un deterioro significativo en el sistema universitario, afectando el normal desarrollo de la enseñanza, la investigación y la continuidad académica.
El acuerdo firmado con las universidades
Pese a la disputa judicial, el Gobierno y las universidades alcanzaron el pasado 10 de junio un entendimiento que permitió descomprimir el conflicto.
El acta fue firmada por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios docentes y no docentes.
El acuerdo contempla una recomposición del 24,33% sobre la masa salarial, un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas destinadas a los hospitales universitarios hasta los 50.000 millones de pesos.
También incorpora una actualización del 50% en las Becas Manuel Belgrano y establece la continuidad de las negociaciones paritarias para discutir futuras actualizaciones vinculadas a la evolución de la inflación y a la recuperación del poder adquisitivo perdido durante 2024.
Un debate que continúa abierto
Aunque el fallo de la Corte no resuelve definitivamente la controversia, sí representa un respaldo jurídico importante para el sistema universitario.
La cuestión de fondo —la constitucionalidad del decreto 759/2025 y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario— continuará tramitándose en los tribunales.
Mientras tanto, el máximo tribunal dejó claro que, en esta etapa del proceso, los artículos referidos a la recomposición salarial y al sostenimiento de los programas estudiantiles deben cumplirse.
La decisión vuelve a poner sobre la mesa la importancia de garantizar recursos estables para las universidades públicas, instituciones que forman profesionales, desarrollan investigación científica y constituyen uno de los pilares históricos del sistema educativo argentino.
El otro tema que sigue sobre la mesa de discusión es el derecho de la sociedad argentina a conocer qué hacen las universidades con los millonarios montos que reciben de los impuestos, más allá de las autonomías universitarias: las auditorías que exige el Gobierno de Milei, ante el evidente uso de fondos universitarios para “hacer política” en los últimos 20 años, donde se multiplicaron los contratos y empleados ñoquis.
El desafío, hacia adelante, será encontrar un equilibrio entre la responsabilidad fiscal y la necesidad de asegurar un financiamiento previsible que permita sostener la calidad académica y el funcionamiento de las casas de estudio en todo el país, sin uso de la universidad como herramienta política de un sector, con transparencia y verdadera vocación de servicio a la Patria. Casi una utopía, hoy.
