La postal se repite con una fidelidad alarmante. Lo que se promocionó originalmente como una manifestación pacífica en defensa de la educación pública derivó, una vez más, en un escenario de asfalto roto, lluvia de piedras contra la policía, destrozos millonarios en el mobiliario urbano y militantes encapuchados disputando el control de la calle.
La reciente movilización universitaria dejó al descubierto la persistente cooptación de la protesta social por parte de agrupaciones de extrema izquierda y el entramado sindical de la oposición kirchnerista. Detrás del legítimo reclamo de los docentes universitarios y la Ley Universitaria, asoma una evidente especulación electoral orientada a desgastar al Gobierno, utilizando el presupuesto educativo y a los propios docentes y estudiantes, como un ariete político en total desprecio por la ley y el orden ciudadano.
Entre los haberes postergados y los sueldos de privilegio
El corazón del conflicto radica en una paradoja interna que los organizadores evitan ventilar en los micrófonos de los escenarios. Por un lado, miles de docentes asisten cotidianamente a las aulas con salarios rezagados frente a la inflación de los últimos 2 años: Casi un 35% de pérdida en su capacidad adquisitiva. Sus reclamos por una recomposición salarial son reales y urgentes. Sin embargo, este reclamo contrasta de manera obscena con la realidad de las cúpulas de las casas de estudio.
Las cifras oficiales de la Subsecretaría de Políticas Universitarias revelan que más de una decena de rectores perciben salarios brutos mensuales que superan los 10 millones de pesos, llegando en algunos casos hasta los 18 millones, frente a los que la transpiran en las cátedras que no llegan ni al 10% de esos sueldos de privilegio, promedio, en su nivel inicial.
Emiliano Yacobitti (foto), vicerrector de la UBA, en la marcha. Cobra $11.000.000. El rector Ricardo Gelpi, 18 millones
A esto se suman cajas de gastos de representación y licitaciones millonarias para la contratación de vehículos y traslados subvencionados —como ocurrió con la reciente polémica en la Universidad Nacional de Rosario—. Mientras la docencia de a pie sufre el ajuste, la burocracia académica de los Consejos Superiores goza de una autonomía financiera blindada que les permite fijarse ingresos de privilegio, incompatibles con la austeridad económica que demanda el país. Y pretenden seguir, autonomía universitaria mediante, sin ser auditados y controlados por los recursos públicos que reciben. De los impuestos de los argentinos.
El laberinto legal de la Ley Universitaria
En el plano institucional, la batalla por la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) sigue librándose en los tribunales federales. El Gobierno nacional formalizó un recurso de apelación contra el fallo del juez de primera instancia que declaró inconstitucional el decreto del Ejecutivo con el que se pretendía congelar la norma. El Estado argumenta ante la Cámara de Apelaciones que la ejecución automática de la ley compromete severamente el equilibrio fiscal, al forzar un gasto de más de un billón de pesos sin haber asignado una fuente de financiamiento genuina en el presupuesto nacional. La resolución de fondo ahora se encuentra en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
En medio de la disputa, las exigencias de auditorías por parte de la SIGEN por parte del gobierno, los argumentos de los rectores y la politización de gremios y centros de estudiantes; los docentes siguen rehenes, cobrando lo mismo, o casi. Como con los jubilados, hay una ceguera a sus necesidades por un lado y por otro, el uso impúdico de sectores de la oposición.
Una ciudadanía rehén de los violentos de siempre
Para el ciudadano común que transita la calle, la sensación predominante es el hartazgo y la indignación. Los destrozos provocados en la vía pública no solo representan un costo económico directo (CABA ya presentó una denuncia con costos que superan los 90 millones de pesos en daños) sino una afrenta directa a los trabajadores que costean esos espacios con sus impuestos. Pero mucho más, la generación de un clima de violencia social que nada tiene que ver con la Universidad ni sus docentes. El uso político es triste y evidente.
La violencia de los grupos de extrema izquierda, al final del acto. Un clásico, ya
De hecho, esto lleva a que una parte de la comunidad académica proponga formas de protesta alternativas, como clases públicas, evitando asistir a las marchas céntricas. De hecho, las encuestas de base marcan que más de un 60% están en contra del paro, y visibilizar sin cerrar las aulas, privilegiando a los estudiantes; contra una minoría (38%) politizada.
Aquellos estudiantes y profesores que exigen una solución justa a la crisis presupuestaria, pero que rechazan la violencia y el uso partidario, se encuentran ante un dilema asfixiante. La cooptación ideológica de las marchas termina por deslegitimar ante parte de la sociedad una causa que inicialmente contaba con un amplio respaldo.
Mientras el debate se reduce a piedras, gases e internas de poder, la educación pública queda atrapada como rehén de quienes ven en las aulas un simple trampolín electoral.
