El reciente proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno nacional ha encendido todas las alarmas en el sector de la discapacidad. Bajo la premisa innegociable del “déficit cero” y la reestructuración del Estado, las medidas introducidas golpean de lleno a uno de los colectivos más desprotegidos de nuestra sociedad. Por estricta ética, por lógica humanitaria y por mandato constitucional, el ajuste fiscal jamás debería ensañarse con quienes ya arrastran una vida marcada por la complejidad y las limitaciones propias de su condición.
Una ley justa es aquella que amplía la red de contención para los discapacitados y sus familias, no la que la desmantela.
La decisión de eliminar el Nomenclador Único Nacional y suprimir la actualización mensual automática por inflación destruye la previsibilidad de los prestadores (centros de día, transportistas, terapeutas), empujando al sistema hacia una precarización donde habrá pacientes “de primera y de segunda” según la capacidad de pago de su obra social o prepaga.
La discapacidad como herramienta del clientelismo político
Es innegable, y la sociedad lo condena enérgicamente, que durante años existieron gobiernos y desalmados que se aprovecharon del sistema. El otorgamiento de pensiones truchas a personas que no las necesitaban puso en crisis económica un presupuesto que debió ser sagrado, permitiendo el ingreso de delincuentes que desfinanciaron el amparo de los verdaderos beneficiarios.
TN denunció con informes y cámaras ocultas las pensiones truchas
Casos como los de Chaco o Formosa, donde las pensiones por invalidez crecieron 17 veces en sólo 20 años, o localidades donde hasta el 20% de los habitantes figuraban con invalidez laboral y la correspondiente pensión.
Pero la solución ante el crimen es la Justicia, no el castigo a las verdaderas víctimas. A esos estafadores hay que perseguirlos con todo el peso de la ley, recuperar cada peso mal entregado y encarcelar a los funcionarios cómplices que firmaron esos fraudes.
Limpiar el sistema debe servir para mejorar las prestaciones y los paliativos de los verdaderos discapacitados, nunca como argumento para aplicar un recorte generalizado.
Elegir entre trabajo o pensión no es justo
El retroceso más alarmante del nuevo texto es la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal. El mercado laboral ya es hostil para un discapacitado: los pocos que consiguen un puesto suelen acceder a trabajos de exigua paga.
La normativa anterior permitía compatibilizar el beneficio con ingresos registrados mínimos, entendiendo que el trabajo no es solo un sustento económico, sino una herramienta terapéutica vital para la dignidad, la autoestima y la inclusión social. Forzar a una persona a elegir entre la seguridad de su pensión o la aventura de un empleo precarizado es condenarla al aislamiento o a la informalidad económica.
El Gobierno debe recordar de manera urgente que la solidaridad con justicia es un pilar fundamental del Estado para con los más débiles.
Gobernar para el Bien Común implica proteger los derechos adquiridos y garantizar la dignidad humana por encima de cualquier planilla de Excel. El Congreso tiene ahora la responsabilidad histórica de reformar este proyecto en aras de la equidad.
De lo contrario, si deciden pasar la motosierra por los eslabones más frágiles de la comunidad, los ciudadanos de bien —aquellos que conciben la política como un acto de humanidad— opinarán en las urnas.
Así como con el superávit fiscal no se negocia, con la dignidad de las personas discapacitadas tampoco. El gobierno y el Congreso están a tiempo de reescribir la Ley como corresponde.
