¿El gobieno cae nuevamente en el error de disparar en la propia trinchera?
Gabriel Munoz Molina 
Una nueva controversia política se abrió en el Congreso tras la decisión de designar auditores generales de la Auditoría General de la Nación (AGN) en una sesión cuestionada por la oposición. El episodio derivó en una acción judicial impulsada por el diputado nacional y presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, que volvió a poner en tensión la relación entre el oficialismo y sus aliados parlamentarios.
El amparo presentado por Cristian Ritondo
Ritondo promovió una acción de amparo contra la Honorable Cámara de Diputados de la Nación con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025, mediante la cual se designaron nuevos integrantes de la AGN durante la madrugada del 18 de diciembre pasado.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, la presentación judicial incluye además un pedido de medida precautelar urgente, solicitando que la AGN se abstenga de aceptar las designaciones de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Las irregularidades denunciadas en la sesión
En el escrito presentado ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Ritondo enumeró una serie de anomalías reglamentarias ocurridas durante la sesión especial en la que se aprobaron las designaciones.
Entre los principales cuestionamientos se destacan:
- Moción sorpresiva: la iniciativa fue introducida a las 2:55 de la madrugada por el diputado Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), sin haber sido incluida en el temario oficial enviado por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias.
- Ausencia de procedimiento formal: se denunció que la moción careció de especificación reglamentaria, no contó con dictamen previo de comisión ni con un pedido formal de apartamiento del reglamento.
- Votación controvertida: Ritondo calificó el procedimiento como una decisión tomada “entre gallos y medianoche”, sin debate público ni transparencia institucional.
- Retiro de bloques opositores: ante la maniobra, el interbloque Fuerza del Cambio y otras bancadas opositoras abandonaron el recinto para no convalidar lo que consideraron un acto manifiestamente inconstitucional.
El límite de las sesiones extraordinarias
Uno de los ejes centrales del amparo es la interpretación constitucional de las sesiones extraordinarias. Según la demanda, el Congreso no tiene facultades para incorporar temas por iniciativa propia durante ese período, ya que el temario es atribución exclusiva del Poder Ejecutivo.
Ritondo sostuvo que avanzar sobre cuestiones no incluidas en la convocatoria vulnera el equilibrio institucional y sienta un precedente riesgoso para la división de poderes.
El rol de la Auditoría General de la Nación
El diputado también remarcó que la AGN es un órgano de control externo del Estado, cuya composición debe respetar el principio de equilibrio entre mayorías y minorías parlamentarias. Alterar ese balance, advirtió, afecta la transparencia y el funcionamiento del sistema republicano.
En ese sentido, la demanda recuerda precedentes judiciales de 2015, cuando la Justicia frenó designaciones similares en la AGN por incumplimientos reglamentarios y vicios en el procedimiento legislativo.
Cuestionamientos a la ley de medidas cautelares
La presentación judicial incluye además un planteo de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado. Ritondo argumentó que dichas normas restringen el acceso a una tutela judicial efectiva y lesionan el principio de control judicial sobre los actos de los otros poderes.
Un nuevo conflicto con los aliados políticos
El episodio volvió a encender las alarmas sobre la relación del Gobierno de Javier Milei con sus aliados en el Congreso. No es la primera vez que sectores que acompañan al oficialismo manifiestan malestar por decisiones adoptadas sin consulta ni consenso previo.
Con mayorías relativas y un escenario parlamentario complejo, este tipo de maniobras no solo genera fricciones internas, sino que también expone al Gobierno a impugnaciones judiciales que pueden dejar sin efecto decisiones clave.
La necesidad de previsibilidad y unidad
Tras el respaldo electoral recibido a nivel nacional, incluso en un contexto adverso en la elección en Provincia de Bs. As., y con errores propios aún bajo investigación judicial, el Gobierno enfrenta el desafío de ordenar su estrategia política. La eficiencia prometida requiere unidad, diálogo y respeto por las formas institucionales.
Pero cae nuevamente en el mismo error, incluso ahora con fallas en las formas, que pueden invalidar todo lo decidido entre gallos y medianoche. ¿O es una estrategia utilizada sabiendas lo que pasaría? Es difícil saberlo, pero sí, en el caso, deteriora al oficialismo y a la imagen que sus propios votantes esperan del gobierno.
Los argentinos, cansados de años de improvisación, chicanas y conflictos estériles, esperan una Nación previsible, sólida y gobernable, donde las diferencias se procesen dentro de las reglas del sistema democrático. Para eso, la construcción de consensos con los aliados no es una opción: es una condición indispensable.
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