El Senado debatirá este viernes el proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa clave para el Gobierno que, de aprobarse, modificará de manera sustancial los montos a partir de los cuales un contribuyente puede ser denunciado penalmente por evasión. La propuesta busca actualizar umbrales que quedaron desfasados por la inflación y brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.
Un proyecto central para el plan económico
Además del Presupuesto 2026, el oficialismo apuesta a la aprobación de la Inocencia Fiscal como una señal positiva para el mercado y como herramienta para incentivar la exteriorización de dólares adquiridos durante el cepo cambiario. El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó el proyecto como “fundamental” para que la economía mantenga un ritmo de crecimiento cercano al 6%.
La iniciativa introduce cambios en el Régimen Penal Tributario, el Código Civil y Comercial y el Régimen de Procedimiento Tributario, con el objetivo de garantizar que los contribuyentes no
sean perseguidos judicialmente por futuras administraciones.
Nuevos pisos para la evasión tributaria
Uno de los ejes centrales del proyecto es la actualización de los montos que configuran el delito de evasión. Según explicaron analistas del proyecto, la evasión simple comenzaría a considerarse delito a partir de los $100 millones.
El delito de evasión tiene dos elementos: uno objetivo, que es superar el piso que establece la ley, y otro subjetivo, que implica la voluntad de transgredir una obligación impositiva. Es decir, no todo incumplimiento que supere ese monto será automáticamente considerado evasión penal.
Evasión agravada: los montos que cambian
El proyecto también eleva de forma significativa los umbrales de la evasión agravada. En términos generales, el monto pasará de $15 millones a $1.000 millones. Sin embargo, cuando existan maniobras destinadas a ocultar al verdadero contribuyente —como el uso de personas interpuestas, estructuras fiduciarias o jurisdicciones no cooperantes— el piso se fijará en $200 millones, frente a los actuales $2 millones.
Lo mismo ocurrirá cuando se utilicen de manera fraudulenta exenciones, desgravaciones o beneficios fiscales. En los casos en los que se empleen facturas o documentos falsos, el umbral para la evasión agravada se ubicará en $100 millones, cuando hoy es de apenas $1,5 millones.
Actualización necesaria, pero sin eliminar delitos
Estos cambios son una corrección largamente esperada, ya que estos montos llevan años sin actualizarse y hoy están completamente alejados de la realidad económica. No obstante, el proyecto no elimina delitos ni sanciones para conductas dolosas graves.
Por otro lado algunas figuras penales, como la insolvencia fiscal fraudulenta o la alteración de registros, no dependen de montos y permanecerán sin modificaciones.
Alivio para la Justicia y mayor previsibilidad
La reforma también beneficiará al sistema judicial. Actualmente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiende a denunciar de manera automática, dejando que los jueces determinen si existe evasión. Con umbrales tan bajos como los vigentes, los tribunales se ven saturados de causas menores. De hecho, muchas causas en trámite dejarían de ser delito si se aprueba la ley, lo que daría mayor tranquilidad a los contribuyentes.
Aun así, advirtió que el nuevo piso sigue siendo bajo en términos históricos: equivale aproximadamente a USD 66.000, cuando tradicionalmente se pretendía que la Justicia actuara a partir de los USD 100.000.
El reclamo por las multas automáticas
No todos los aspectos del proyecto generan consenso entre los especialistas. Tributaristas y contadores expresaron preocupación por la actualización de las multas automáticas, especialmente por su impacto en las pymes.
Los incrementos son muy elevados. Por ejemplo, la multa por no presentar declaraciones juradas en término pasará de $200 a $220.000 para personas humanas, y de $400 a $440.000 para personas jurídicas. Por ejemplo, una pyme puede atrasarse un día por un problema administrativo y enfrentaría una sanción onerosa para su dimensión. Durante el debate en Diputados, el peronismo intentó modificar el proyecto para que las multas se ajusten según el tipo y tamaño del contribuyente, un punto que sigue generando discusión en la antesala del tratamiento en el Senado.
El debate ético detrás de la Inocencia Fiscal
La iniciativa también abre un debate de fondo sobre su dimensión ética. La Argentina ha atravesado crisis recurrentes y, en los últimos 25 años, distintos gobiernos adoptaron medidas que afectaron de manera directa a los ahorristas. En ese contexto, millones de argentinos recurrieron al ahorro “bajo el colchón” como mecanismo de defensa patrimonial, con el dólar como refugio natural frente a la inestabilidad.
Durante años, la divisa estadounidense fue tratada como un bien escaso: el Estado llegó a fijar límites a la cantidad de dólares que cada persona podía comprar e incluso a decidir quién estaba habilitado para hacerlo desde su propia cuenta bancaria. Estas restricciones alimentaron el mercado informal y potenciaron la especulación en torno al dólar blue, que se convirtió en la última alternativa para pequeños y medianos ahorristas que buscaban proteger sus ingresos.
Una salida para ahorristas y pymes
Hoy, esos dólares guardados fuera del sistema representan miles de millones que no pueden ser utilizados ni invertidos en el actual proceso de recomposición económica. En ese escenario, la Ley de Inocencia Fiscal aparece como una doble oportunidad: por un lado, permitir al Estado dinamizar el crecimiento; por otro, ofrecer una solución concreta al ciudadano común y a las pymes que, tras haber resguardado sus ahorros, enfrentan dificultades para exteriorizarlos sin quedar bajo sospecha permanente.
Durante años, la AFIP —hoy ARCA— centró su accionar en la persecución del evasor, muchas veces sin distinguir entre quienes ocultaron ingresos de origen delictivo y quienes actuaron condicionados por un sistema que, paradójicamente, fue generado por el propio Estado. Ese círculo vicioso terminó perjudicando tanto al fisco como a los contribuyentes.
Moralidad y límites de la iniciativa
Desde esta perspectiva, la iniciativa puede considerarse moralmente válida para quienes ahorraron en “defensa propia” frente a un contexto de incertidumbre y restricciones. No ocurre lo mismo, en términos éticos, con aquellos que evadieron de manera deliberada, generando ganancias en negro y burlando el sistema impositivo.
La clave estará, una vez más, en la correcta aplicación de la ley. Serán los organismos del Estado los responsables de garantizar que el nuevo régimen beneficie a los ahorristas genuinos y no se convierta en una puerta de entrada para la impunidad de conductas delictivas. Un desafío complejo, sin dudas, pero no imposible, que dependerá en gran medida del texto final que apruebe el Congreso y de la voluntad política para hacerlo cumplir.
