La reciente decisión del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires de aprobar un vademécum obstétrico que incorpora medicamentos utilizados en “interrupciones legales del embarazo” (léase aborto), habilita a licenciadas en obstetricia a prescribirlos, hecho que ha generado indignación y sorpresa en ámbitos profesionales y defensores de la vida intrauterina.
La medida, que ya existe en Neuquén, Mendoza y Jujuy, despertó profundas críticas que cuestionan tanto su conveniencia como su encuadre sanitario y legal.
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno al prescripción de fármacos peligrosos como el misoprostol, y abre interrogantes sobre los límites de las competencias profesionales y las responsabilidades frente a eventuales complicaciones.
De hecho, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) establece que el misoprostol, por Disposición ANMAT 3646/1998, es un medicamento de expendio exclusivo bajo “receta archivada”, prescripta por un profesional médico el que debe realizar un seguimiento de la paciente.
Desde esta mirada, el debate no se reduciría únicamente a una cuestión ética, y administrativa o técnica, sino que involucra la seguridad de las pacientes y la necesidad de garantizar estándares rigurosos de atención, ante complicaciones, bajo la supervisión directa de médicos especializados, no de una partera habilitada.
Una norma que no llegó a ser ley
Desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas (cuándo no) se impulsa la sanción de una ley nacional de Ejercicio de la Obstetricia que permita a las parteras prescribir y no sólo dispensar fármacos del vademécum obstétrico, más específicamente los abortivos, que obligaría a todas las provincias; pero el proyecto perdió estado parlamentario en 2019 por serios cuestionamientos de asociaciones de médicos, ONG y grupos provida.
Un debate que excede la cuestión sanitaria
La controversia también se inscribe en una discusión más amplia sobre la política pública en materia de natalidad. Desde hace años los argentinos vemos la caída sostenida de los nacimientos en Argentina y las consecuencias que ello podría generar a mediano y largo plazo, sin que se haga nada en políticas de promoción de la familia.
Las estadísticas demográficas muestran una reducción significativa de la tasa de natalidad, fenómeno que ya comienza a reflejarse en la disminución de matrículas escolares en algunas ciudades y que, según distintos especialistas, podría impactar en el futuro sobre el sistema previsional, el mercado laboral y el desarrollo territorial del país. Los políticos miran para otro lado, al menos hasta ahora…
Desde esta realidad demográfica sorprende que el gobierno de la provincia de Buenos Aires (y otros; no es el único, ya vemos) priorice facilitar el aborto, cuando la prioridad debería centrarse en fortalecer políticas de acompañamiento a la maternidad, apoyo económico a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, adopción prenatal y contención integral de las familias, aún teniendo la inicua ley de aborto todavía vigente. Pero está claro que la ideología está por encima del sentido común.
El rol de la Justicia
Los médicos (la enorme mayoría, de acuerdo con la Academia de Medicina) son contrarios a administrar estos peligrosos fármacos a jóvenes con embarazos vulnerables, y el ministro de salud Nicolás Kreplak no tuvo mejor idea que llamar a las parteras para dispensarlos.
La controversia judicial sobre los alcances profesionales de las licenciadas en obstetricia para hacerlo, así como el obligatorio seguimiento médico de las pacientes, es un tema que queda en manos de los fiscales de turno, que deberían tomar en cuenta este hecho, y actuar preventivamente de oficio. O algún juez valiente que quiera proteger la actividad médica; y la vida.
Será la Justicia, entonces, la que debería determinar si las nuevas facultades otorgadas por la provincia se ajustan plenamente al marco normativo vigente y a las regulaciones sanitarias nacionales, y poner límite a las incumbencias profesionales en lo referente a la prescripción de fármacos y el seguimiento médico que ordena el ANMAT para los abortivos citados.
Una discusión que interpela a toda la sociedad
Más allá de las posiciones ideológicas, la resolución bonaerense vuelve a poner sobre la mesa una discusión profunda acerca del valor de la vida humana, el rol del Estado y el alcance de las profesiones sanitarias.
La medida representa un paso más en una política equivocada y que, lejos de abordar las causas que llevan a muchas mujeres a enfrentar embarazos difíciles, termina facilitando la eliminación de una vida humana en gestación. La verdadera respuesta debería pasar por acompañar, contener y proteger tanto a la madre como al hijo por nacer.
Lo que está en juego no es solamente una resolución administrativa, sino una discusión sobre el modelo de sociedad que la Argentina quiere construir y sobre cómo responder a desafíos sanitarios, éticos y demográficos que ocupan un lugar central en el debate público pendiente.
