La muerte de Ángel, un niño de apenas 4 años, en Comodoro Rivadavia volvió a sacudir a la sociedad argentina. La autopsia reveló un dato estremecedor: 22 lesiones en su cabeza. Un número que no sólo habla de violencia extrema, sino también de una cadena de decisiones que hoy están bajo la lupa.
Por el hecho están acusados Mariela Altamirano, su madre biológica y la pareja de ésta. Sin embargo, el foco también se debería dirigir hacia el sistema judicial que, pese a advertencias previas, resolvió apartar al niño de su padre y restituirlo a un entorno que terminó siendo fatal.
La progenitora de Angel y su pareja, acusados
Advertencias ignoradas
El padre de Ángel había presentado denuncias, registros y hasta videos que, según su entorno, evidenciaban situaciones de riesgo. Aun así, el niño fue entregado por el Juez Pablo José Pérez nuevamente a su madre, quien lo había abandonado cuando tenía un año para radicarse en otra provincia.
La decisión fue tomada en el ámbito de la Justicia de familia, con intervención de profesionales que avalaron la restitución del menor. Hoy, con el desenlace conocido, surge una pregunta inevitable: ¿se evaluaron correctamente los riesgos? Evidentemente no.
También se cuestiona la falta de investigaciones más profundas sobre el entorno al que el niño fue enviado. Trascendieron antecedentes de violencia en la pareja de la madre y conflictos previos en la dinámica familiar que, según diversas voces, no habrían sido debidamente considerados.
Un patrón que se repite
El caso de Ángel Nicolás López remite inevitablemente a otro antecedente que marcó a la opinión pública: el de Lucio Dupuy. En aquel caso, también se había advertido sobre situaciones de riesgo antes de que el desenlace fuera irreversible.
Las responsables (su madre y su novia, lesbianas, militantes feministas y abortistas) fueron luego condenadas, pero la tragedia dejó una herida abierta en la sociedad. En ambos casos, aparece un elemento común: decisiones judiciales que, en lugar de proteger al menor, terminaron exponiéndolo, con el saldo más trágico.
Luis López, el padre de Ángel, tenía una orden de restricción y no podía ver al pequeño desde noviembre de 2025…
En estos casos, la misma pregunta: ¿Siempre la mujer tiene la preferencia, por serlo? El feminismo militante de ciertos psicólogos como el de Jennfer Leiva resultó trágico para Ángelito, y peligroso para la sociedad.
La responsabilidad del sistema
Más allá de las responsabilidades penales directas, estos casos ponen en discusión el funcionamiento del sistema de protección de la niñez. Jueces, equipos técnicos y organismos intervinientes tienen la tarea de evaluar situaciones complejas, pero también la responsabilidad de actuar con prudencia extrema cuando hay indicios de riesgo.
La falta de controles adecuados, la ausencia de seguimiento y la posible subestimación de señales de alerta aparecen como factores que deben ser revisados.
Es crítico que en estos dos casos desgraciados los dos papás hayan sido desoídos por la Justicia. Y esto debería ser un llamado de atención para el Poder Judicial, que debe no sólo garantizar que no se repita, sino procesar a estos magistrados responsables de sus decisiones, y de los profesionales negligentes, mínimamente.
El debate también alcanza a los criterios utilizados en la toma de decisiones. Cuando hay antecedentes de abandono, violencia o inestabilidad, la prioridad debería ser siempre la seguridad del niño. Sea el padre o la madre quien deba recibir la tenencia.
Pero claro, cuando el feminismo se enquista en ciertos sectores de la política o la justicia ocurren estas cosas. Ya lo vimos.
Un reclamo que crece
La muerte de Ángel no es sólo un hecho policial. Es un llamado de atención sobre una ideología que generó derechos y procedimientos que deforman la verdadera justicia para con las familias, y en estos casos, para menores que terminan siendo víctimas de estas ideas que velan la política y no por su bienestar.
En la sociedad crece el reclamo para que se revisen los procedimientos en los juzgados de familia, se refuercen los controles y se establezcan mecanismos más rigurosos de evaluación antes de tomar decisiones que pueden ser irreversibles. Será posible que alguien con sentido común (del poder ejecutivo, el legislativo o incluso de la Corte) decida realizar una profunda investigación de los casos actuales similares en todos los juzgados de familia?
La muerte de estos niños interpela a toda la sociedad, pero especialmente a las instituciones que deben garantizar su cuidado. No alcanza con condenas posteriores: la clave está en prevenir. En el caso de Angel, el Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, confirmó que se iniciará una investigación exhaustiva de todos los actores que intervinieron, tarde, pero esperamos que se haga justicia.
Porque cuando las advertencias, los ruegos y hasta el llanto de un niño pidiendo ante la cámara “no quiero ir con ella” no es escuchada, la tragedia deja de serlo para convertirse en un homicidio con varios responsables. Porque los culpables no son sólo quienes ejercen la violencia, sino también quienes no supieron —o no quisieron— impedirla.
